Dinero, política y democracia
27/01/2010
- Opinión
Se dieron en los últimos días dos hechos que ponen este tema en la agenda nacional; uno, la denuncia sobre la presencia de cifras desbordadas de recursos económicos en diversas campañas de políticos regionales; dos, la decisión de la Corte Suprema de USA de eliminar topes para la participación de empresas privadas en financiar campañas políticas en ese país.
La relación del dinero con la política ha sido un tema de análisis recurrente desde diversas perspectivas.
Es muy rico el debate de autores anglosajones a este respecto y más específicamente en la relación entre democracia, mercado y desarrollo. Una pregunta central es qué tanto puede distorsionar el dinero el funcionamiento de la democracia; esto ha derivado en la discusión acerca del tipo de financiamiento deseable de la actividad política, que se ha movido entre quienes proponen una financiación totalmente estatal, hasta los que por el contrario predican una financiación exclusivamente privada, pasando por los modelos de financiación mixtos, presentes en gran cantidad de países, acompañado de mecanismos de regulación implementados por el Estado. En el caso colombiano existe un sistema mixto de financiación de la política.
Pero, justamente a través de la financiación es que parecen introducirse grandes alteraciones al funcionamiento de la competencia política, distorsionando la democracia, no sólo por los recursos económicos ilegales, sino también por aquellos legales, pero que igual pueden estar buscando retribuciones posteriores.
En la mayoría de las sociedades en las cuales existen o han existido grupos ilegales que construyen recursos de poder -especialmente económicos-, como los grupos mafiosos o ciertos carteles ilegales, éstos tratan de influir o, aún peor, capturar los poderes institucionales para lograr que los mismos se pongan al servicio de sus intereses. En Colombia se vienen dando mutaciones de fenómenos para-institucionales y el surgimiento de poderes mafiosos, muy asimilables a modalidades de crimen organizado en espacios regionales y locales.
Y una de las modalidades más recurrentes es la financiación de las campañas políticas, pero igualmente operan otros mecanismos de corrupción.
Especialmente porque los costos de las mismas han incrementado exponencialmente los costos de la política. Esto hace más vulnerables a los dirigentes o aspirantes a representantes políticos frente a quienes tienen capacidad financiera para apoyar sus aspiraciones electorales.
En Colombia no hay duda que el fenómeno de la parapolítica es el caso más aberrante de colusión entre grupos de crimen organizado o narcoparamilitares con dirigentes políticos del orden regional y nacional, aunque igualmente hay que decir que la institucionalidad colombiana ha dado muestras de capacidad de respuesta al lograr justamente enjuiciarlos.
Si bien nunca las organizaciones guerrilleras han tenido una posibilidad real de triunfo, sí han intentado ejercer controles sobre los poderes regionales, actuando como una especie de 'poderes paralelos' y tratando de influir en el manejo de los mismos -beneficiarse de sus finanzas- en áreas en las cuales su presencia ha sido más notoria.
Hasta el momento se ha logrado documentar y judicializar las relaciones entre grupos de narcoparamilitares con políticos y en esa medida evidenciar esa criminal relación.
En el caso de la guerrilla, si bien se ha insinuado una relación similar, no ha habido la posibilidad de pruebas contundentes al respecto, lo cual no debe interpretarse como la inexistencia de esa intencionalidad y eventualmente de esa relación.
Como se señala en el último número de la Revista Criminalidad, de la Policía Nacional, "en la actualidad el narcotráfico es la mayor amenaza para la institucionalidad y gobernabilidad del Estado, a partir de la capacidad de corrupción que ha desarrollado, producto de sus finanzas y la vinculación de los grupos armados ilegales. Así, se ha constituido en el principal factor de atención para el Gobierno colombiano, y especialmente para la Policía Nacional, como institución que lidera la lucha contra el narcotráfico en el país".
La relación del dinero con la política ha sido un tema de análisis recurrente desde diversas perspectivas.
Es muy rico el debate de autores anglosajones a este respecto y más específicamente en la relación entre democracia, mercado y desarrollo. Una pregunta central es qué tanto puede distorsionar el dinero el funcionamiento de la democracia; esto ha derivado en la discusión acerca del tipo de financiamiento deseable de la actividad política, que se ha movido entre quienes proponen una financiación totalmente estatal, hasta los que por el contrario predican una financiación exclusivamente privada, pasando por los modelos de financiación mixtos, presentes en gran cantidad de países, acompañado de mecanismos de regulación implementados por el Estado. En el caso colombiano existe un sistema mixto de financiación de la política.
Pero, justamente a través de la financiación es que parecen introducirse grandes alteraciones al funcionamiento de la competencia política, distorsionando la democracia, no sólo por los recursos económicos ilegales, sino también por aquellos legales, pero que igual pueden estar buscando retribuciones posteriores.
En la mayoría de las sociedades en las cuales existen o han existido grupos ilegales que construyen recursos de poder -especialmente económicos-, como los grupos mafiosos o ciertos carteles ilegales, éstos tratan de influir o, aún peor, capturar los poderes institucionales para lograr que los mismos se pongan al servicio de sus intereses. En Colombia se vienen dando mutaciones de fenómenos para-institucionales y el surgimiento de poderes mafiosos, muy asimilables a modalidades de crimen organizado en espacios regionales y locales.
Y una de las modalidades más recurrentes es la financiación de las campañas políticas, pero igualmente operan otros mecanismos de corrupción.
Especialmente porque los costos de las mismas han incrementado exponencialmente los costos de la política. Esto hace más vulnerables a los dirigentes o aspirantes a representantes políticos frente a quienes tienen capacidad financiera para apoyar sus aspiraciones electorales.
En Colombia no hay duda que el fenómeno de la parapolítica es el caso más aberrante de colusión entre grupos de crimen organizado o narcoparamilitares con dirigentes políticos del orden regional y nacional, aunque igualmente hay que decir que la institucionalidad colombiana ha dado muestras de capacidad de respuesta al lograr justamente enjuiciarlos.
Si bien nunca las organizaciones guerrilleras han tenido una posibilidad real de triunfo, sí han intentado ejercer controles sobre los poderes regionales, actuando como una especie de 'poderes paralelos' y tratando de influir en el manejo de los mismos -beneficiarse de sus finanzas- en áreas en las cuales su presencia ha sido más notoria.
Hasta el momento se ha logrado documentar y judicializar las relaciones entre grupos de narcoparamilitares con políticos y en esa medida evidenciar esa criminal relación.
En el caso de la guerrilla, si bien se ha insinuado una relación similar, no ha habido la posibilidad de pruebas contundentes al respecto, lo cual no debe interpretarse como la inexistencia de esa intencionalidad y eventualmente de esa relación.
Como se señala en el último número de la Revista Criminalidad, de la Policía Nacional, "en la actualidad el narcotráfico es la mayor amenaza para la institucionalidad y gobernabilidad del Estado, a partir de la capacidad de corrupción que ha desarrollado, producto de sus finanzas y la vinculación de los grupos armados ilegales. Así, se ha constituido en el principal factor de atención para el Gobierno colombiano, y especialmente para la Policía Nacional, como institución que lidera la lucha contra el narcotráfico en el país".
-Alejo Vargas Velásquez esProfesor de la Universidad Nacional.
Publicado el 27 de Enero de 2010 en El Colombiano – Medellín.
https://www.alainet.org/pt/node/139091
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