Entre los días 19 y 22 de abril se realizó en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia, la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (www.cmpcc.org) que había sido convocada el 5 de enero del 2010 por el Presidente Evo Morales. El “Acuerdo de  los Pueblos” emitido el 22 de abril, es y será de gran importancia para Bolivia, América Latina y el planeta. Tuve la gran suerte y oportunidad de participar en tan importante evento.

 

 

En mi opinión, se trata de un documento fundacional, es un punto de inflexión, un corta-aguas para los movimientos sociales del mundo, una agenda para todas y todos, una hoja de ruta para guiarnos en medio de la oscurana que nos ha traído más de tres décadas de neoliberalismo salvaje que está destruyendo el planeta y sus culturas originarias.

 

Los pueblos indígenas y Evo Morales se han puesto a la cabeza de este movimiento y el Acuerdo fue producto de amplios debates previos por Internet a nivel planetario y de 17 mesas de trabajo durante el evento mismo sobre diversos temas. Es importante debido también, a la gran cantidad de gente que estuvo participando: más de 35,000 personas de 142 países, representantes oficiales de la ONU y de 42 gobiernos del mundo – cancilleres y ministros -, incluyendo al director general de medio ambiente de la Cancillería peruana (Alberto Hart), además del embajador del Perú en Bolivia (Manuel Rodríguez), parlamentarios (Wilbert Bendezú, Nancy Obregón, Elsa Malpartida y otros) y varios funcionarios de la embajada peruana en La Paz.

 

 

La “hoja de ruta” inmediata apunta claramente a la Cumbre Climática de Cancún en México para diciembre 2010 en la que aparte, de comprometerse llevar una delegación multitudinaria de movimientos sociales – el gobierno mexicano se ha adelantado a decir que serán bienvenidos - y gobiernos afines, se quiere lograr cinco objetivos:

 

1)      discutir y aprobar una Declaración Internacional por los Derechos de la Madre Tierra;

2)      discutir y aprobar la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental para juzgar los delitos contra estos derechos;

3)      convocar a un Referéndum Mundial para el 22 de abril del 2011 a fin de darle legitimidad a la Declaración y el Tribunal. Evo Morales ha planteado que el Referéndum debe tener cinco preguntas: ¿Está usted de acuerdo con:

1.      restablecer la armonía con la naturaleza;

2.      cambiar este modelo de sobreconsumo y derroche;

3.      que los países desarrollados reduzcan sus emisiones para limitar el aumento de al temperatura a 1º C;

4.      destinar al cambio climático un presupuesto superior al de la Defensa; y,

5.      la creación de un tribunal de justicia climática?

4)      que los países industrializados paguen la Deuda Ecológica creando un fondo mundial con el 6% anual de sus respectivos PBI, manejado por los países afectados por el cambio climático; y,

5)      hacer cumplir el Protocolo de Kyoto en su segunda fase – post Copenhagen - que significa 50% de reducción de emisiones respecto a 1990 por parte de los países industrializados.   

 

 

Tengo la misma preocupación que varios con respecto al polémico tema de Reducción de Emisiones por Evitar Degradación y Deforestación de Bosques (REDD) ya que trabajo sobre ello en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu (PNM), lo impulsaremos en el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén (PNYCh) y lo he propuesto como un tema importante para la Zona MAP (Madre de Dios, Acre y Pando).

 

Participé en la CMPCC y he leído con toda atención la opinión sobre REDD contenida en el Acuerdo de los Pueblos y en los varios documentos que estuvieron siendo distribuidos a los participantes, como la revista "Crisis climática: falsos remedios y soluciones verdaderas" de la Alianza Biodiversidad.

 

La opinión del Acuerdo es lapidaria: "Condenamos los mecanismos de mercado, como el mecanismo de REDD (Reducción de emisiones por la deforestación y degradación de bosques) y sus versiones + y ++, que está violando la soberanía de los Pueblos y su derecho al consentimiento libre, previo e informado, así como a la soberanía de Estados nacionales, y viola los derechos, usos y costumbres de los Pueblos y los Derechos de la Naturaleza."

 

Y añade: "Los países contaminadores están obligados a transferir de manera directa los recursos económicos y tecnológicos para pagar la restauración y mantenimiento de los bosques y selvas, en favor de los pueblos y estructuras orgánicas ancestrales indígenas, originarias, campesinas. Esto deberá ser una compensación directa y adicional a las fuentes de financiamiento comprometidas por los países desarrollados, fuera del mercado de carbono y nunca sirviendo como las compensaciones de carbono (offsets). Demandamos a los países a detener las iniciativas locales en bosques y selvas basados en mecanismos de mercado y que proponen resultados inexistentes y condicionados. La posición".

 

 

La opinión que he compartido con algunos antes de la Conferencia de Tiquipaya y pude exponer en una de las mesas del evento, es la siguiente:

 

1)      El cambio climático es una consecuencia de la sociedad capitalista-extractivista industrial opulenta de gran consumo, devorando petróleo barato y vomitando CO2, que se convirtió en el paradigma del “desarrollo” para todas las naciones (Osvaldo de Rivero en Le Monde Diplomatique de marzo 2010).

 

2)      La urbanización planetaria y el cambio climático han creado la tendencia mundial actual hacia una escasez de energía, agua y alimentos lo que obligará a establecer – en palabras de Oswaldo de Rivero - Pactos Nacionales por la Supervivencia o de lo contrario seguiremos marchando hacia una gran falla sísmica ecológica.

 

3)      La concepción de los pueblos indígenas sobre la naturaleza, como escribe Róger Rumrrill, salvará al planeta ya que sus prácticas de reciprocidad y respeto al medio ambiente son una alternativa al modelo económico capitalista-extractivista, que afirme los Derechos de la Madre Tierra y la estrategia del Buen Vivir que se expondrá y afirmará en Cochabamba.

 

4)      Los gurús climáticos y conservacionistas, aliados con los especuladores de todos los colores – incluyendo el verde –, han decidido en la COP 15 (Copenhagen) y las tres anteriores que como reducir emisiones en sus propias sociedades – ahorrando energía fósil - es más caro que en las nuestras (leer el Informe Stern), le han puesto precio y mercantilizado al CO2 no emitido y/o secuestrado por nuestros bosques amazónicos - y otros del planeta - que en su gran mayoría pertenecen o han pertenecido a los pueblos indígenas amazónicos originarios.

 

5)      Luego del fracaso clamoroso del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) forestal que no ha funcionado en ninguna parte del planeta – la puntual experiencia de China fue un fiasco -, han inventado otro mecanismo denominado REDD (Reducción de Emisiones por Evitar Deforestación y Degradación de Bosques) que los consultores de todos los colores y nacionalidades del norte, se están encargando de hacerlo cada vez más complicado, en inglés, lleno de siglas, metodologías esotéricas y para que nadie entienda de qué se trata, sobre todo los pueblos indígenas.

 

6)      Los pueblos indígenas originarios y todos los que no lo somos tenemos derecho a saber qué se está cocinando nacional e internacionalmente en torno a este tema, pero mientras tanto adelanto dos asuntos:

 

a)      los mejores conservacionistas no emisores de CO2 son las personas que viven en y de los bosques y por lo tanto cualquier beneficio que se obtenga de la venta de bonos o créditos por captura y/o no emisión de CO2 debe ir en primer lugar a los pueblos indígenas; y,

b)      ninguna propuesta de REDD y REDD Plus puede construirse sin consulta previa, informada y voluntaria de las comunidades y estas propuestas no deben afectar tierra, territorio y culturas sin consentimiento previo.

 

 

Esto último me parece central para los que de una u otra forma hemos caído en los encantos de los cantos de sirena y de las redes de REDD. Al respecto, desde la institución en la que trabajo - DRIS Desarrollo Rural Sustentable - hemos reflexionado y actuado en función de lo que denominamos "filigranas" o redes complejas. En un reciente taller que realizamos para concluir con el Programa ZA-MANU del que he sido coordinador desde el 2006, escribí y expuse sobre este tema.

 

El mecanismo REDD está siendo discutido a nivel internacional, es aún muy polémico e impreciso, pero ha sido el único acuerdo que puede considerarse “vinculante” u obligatorio, adoptado en la reciente Cumbre Climática de Copenhague (diciembre 2009) o 15a. Conferencia de las Partes (COP 15). Creemos que REDD puede convertirse en un complemento conceptual, metodológico y financiero de apoyo a las actividades que debemos llevar a cabo en la zona del Parque Nacional del Manu - tanto en su núcleo intangible como en su zona de amortiguamiento -, mediante nuestra participación en los debates nacionales e internacionales sobre este polémico tema.

 

Asimismo, consideramos que este proceso debe hacerse mediante una participación previa, voluntaria e informada de las comunidades y autoridades locales en la formulación de la propuesta, pero sobre todo en la comercialización de los créditos o bonos de carbono que se han generado en los mercados internacionales a consecuencia de la disminución de la emisión de dióxido de carbono (CO2) -y otros Gases de Efecto Invernadero (GEI), como metano (CH4), ozono (O3) y los clorofluorocarbonados -, para controlar el calentamiento del planeta y mitigar sus efectos, como son los desastres “naturales” que se han incrementado en las últimas décadas.

 

Tal como es conocido - aunque lamentablemente sólo por sectores reducidos de científicos, funcionarios públicos y empresarios -, los valores de CO2 equivalente “secuestrado” por los bosques principalmente primarios, se han creado a consecuencia de la gran preocupación existente en el mundo por la generación de los GEI en exceso, producidos por la intervención humana. Está demostrado que la fuente principal del exceso de GEI es el uso de combustibles fósiles - petróleo, carbón y gas - debido al modelo energético y económico mundial vigente, que es dependiente de estas fuentes: aproximadamente el 80% de la generación de GEI. El 20% restante es consecuencia de la deforestación de los bosques para el uso de la tierra en actividades agropecuarias, madereras y otras.

 

 

Por acciones de reforestación en zonas anteriormente intervenidas, desde el Protocolo de Kyoto se establecieron mercados regulados de carbono a través del llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) para la industria, energía, transporte y manejo de residuos sólidos. Sin embargo, no se avanzó mucho en aspectos forestales y, además, estaban excluidas de los beneficios posibles las Áreas Naturales Protegidas y los bosques vírgenes.

 

Desde el año 2005 se comenzó a discutir internacionalmente la posibilidad de impulsar mecanismos que permitieran generar recursos financieros para aquellas zonas de protección y bosques vírgenes en las que habitan personas que son dueñas de tierras y territorios, interesadas en conservar sus bosques. Primero comenzó a denominarse Deforestación Evitada (DE) a este enfoque y luego, a partir de la reunión de la COP 13 en Bali (diciembre 2007), se comenzó a llamar Reducción de Emisiones por Evitar Deforestación y Degradación de Bosques o REDD.

 

 

Alrededor de este concepto y metodología, se han desarrollado los denominados mercados voluntarios de carbono, casi exclusivamente en el sector privado, siendo uno de los principales el Chicago Climate Exchange (CCX), con precios en el año 2008 de US$ 4.5 a US$ 9.4 por tonelada métrica de CO2 equivalente. En este mercado y para el caso de la Amazonía peruana, según un reciente estudio publicado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP)[1], el costo de oportunidad promedio anual de los usuarios de la tierra equivale a S/. 700 (US$ 231) al año por hectárea de deforestación evitada. Este puede ser un incentivo importante para los productores agroforestales y comunidades nativas de las zonas en las que trabajamos que decidan mantener sus bosques en pie.

 

Sin embargo, es necesario señalar que se trata de un monto promedio bruto que puede variar en el tiempo y de acuerdo con las características de cada bosque. Asimismo, a este monto se le debe deducir los costos de transacción por la elaboración del PIN, el PDD y las verificaciones periódicas de sumisión de carbono que obligatoriamente deben hacerse. Adicionalmente, dado que los bosques en el Perú son propiedad del Estado, más aún aquellos que están situados en Áreas Naturales Protegidas (ANP), existirá un porcentaje y monto que quedarán en manos del Estado, pero aún no están definidos los mecanismos correspondientes.

 

Tal como se menciona en ese mismo informe del SERNANP, aún existen trabas legales e institucionales para que el mecanismo funcione pero “representa una oportunidad tanto para aumentar la sostenibilidad ambiental de estas actividades -agropecuaria y forestal-, como para la distribución equitativa de los costos que tal desafío implica”.

 

Desde el año 2006, en el complejo escenario ecológico-ambiental y multicultural de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu (PNM), el Programa DRIS/ZA-MANU esta generando condiciones para mitigar la presión sobre los bosques. En el marco de esta experiencia, estuvimos formulando al principio y de manera participativa un Programa de Deforestación Evitada Integral (DEI-MANU) para aplicar a fondos del mercado voluntario de carbono y, eventualmente, al Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL-Forestal del Mercado Regulado del Protocolo de Kyoto.

 

 

En este proceso hemos aprendido que ningún programa de reforestación y/o Deforestación Evitada o REDD podrá impulsarse sin construir una amplia y fina red o filigranas en distintos niveles: social, institucional, territorial, técnica y financiera, en ese orden de prioridad.

 

De acuerdo con nuestra experiencia, la “filigrana social” a construir es la más importante ya que trabajar temas de REDD implica que las comunidades y asociaciones propietarias de tierras y territorios de bosques “renuncian” y entregan a una tercera instancia los derechos que tienen sobre el carbono que absorben sus bosques. Es indispensable acompañar una amplia movilización social que genere compromisos compartidos entre los distintos actores de la sociedad y la participación plena de estos en los beneficios que podría generar REDD.

 

La “filigrana institucional” implica ir asumiendo compromisos con las personas organizadas en asociaciones, comunidades e instituciones locales -existentes o las que haya que construir-, para que un programa de REDD pueda impulsarse, cumpliendo con los exigentes requisitos de las verificadoras de carbono evitado o sumido.

 

Dado que cualquier propuesta de REDD tiene altos costos de transacción, como son la elaboración de la propuesta y la verificación periódica del carbono emitido y/o secuestrado, es indispensable reunir extensiones de no menos de 5,000 hectáreas. Ello requiere construir una “filigrana territorial” con un conjunto de propiedades de tierras individuales y territorios comunales, generalmente dispersas.

 

Las otras dos filigranas son de carácter técnico, pero deben irse construyendo con la estrecha participación previa, libre e informada de las familias, asociaciones, comunidades y municipios participantes. Consideramos que, comenzar la elaboración de una propuesta REDD por la “filigrana financiera” - cuánto y dónde obtenemos los fondos - es un error metodológico importante. Asimismo, elaborar la “filigrana técnica” como es la línea de base, la estimación de biomasa, los sistemas de mapeo satelital o los métodos de monitoreo y evaluación, requiere previamente construir las filigranas sociales, institucionales y territoriales.

 

San Jerónimo, 27 de abril 2010

 

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