Nueve años de abusos

Carlos Miguélez Monroy

09/09/2010

Opinión

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La empresa de mercenarios Blackwater (ahora Xe Services) vendió armamento a Afganistán de forma ilegal y ofreció entrenamiento a las fuerzas armadas de Colombia sin permiso del gobierno de Estados Unidos, al que cobró de forma fraudulenta por servicios prestados para la “guerra contra el terror”. El Departamento de Estado ha impuesto una multa de 42 millones de dólares, migajas al lado de los miles de millones que ha obtenido esa empresa en contratos de distintas agencias del gobierno (la CIA, el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado). El 90% de esos contratos proviene de los bolsillos de los contribuyentes.

El gobierno ha extendido contratos a empresas militares privadas para labores militares complementarias a las de 50.000 soldados que se quedarán en Irak para entrenar a las fuerzas armadas y a la policía local antes de la retirada total. Barack Obama no ha podido revertir las reformas impulsadas desde los años ’90 por los “Halcones” que idearon la “guerra contra el terror”.

Un día antes del 11 de septiembre de 2001, Donald Rumsfeld, entonces Secretario de Defensa, señalaba a la “burocracia” del Pentágono como el principal enemigo de Estados Unidos para justificar su reforma de las fuerzas armadas. Muchos esperaban su despido por esas declaraciones, pero los aviones que se estrellaron en las Torres Gemelas, en el Pentágono y en los bosques de Maryland al día siguiente no sólo paralizaron ese despido, sino que facilitaron la puesta en marcha de despliegues militares “ligeros” y “modernos” que promovía desde hacía años.

Las políticas de Washington para librar su “guerra contra el terror” pierden apoyo internacional cada año que transcurre desde el 11-S. Pero la reacción a los atentados ha tenido tal inercia que sólo podrán revertirse si se sustituye la obsesión por la seguridad, con ataques “disuasorios” y “preventivos”, por políticas de cooperación como las que anunciaba Obama el año pasado.

La oposición a las políticas de Estados Unidos terminó de asentarse cuando la revista Time mostraba los cuerpos de hombres torturados y humillados en una cárcel de Irak. Contratistas de otras empresas se vieron implicados en esas torturas, pero ninguno de ellos ha sido sometido a investigación judicial alguna, mientras algunos miembros del ejército que participaron han sido juzgados y cumplen condenas de cárcel por los mismos delitos. Backwater se vio implicada en la masacre de diecisiete civiles iraquíes y en otros abusos que han llevado a su fundador a anunciar la venta de la empresa y a mudarse a Abu Dhabi con su familia para “darse un respiro de América”.

En estos años se han hecho públicos documentos que demostraban el conocimiento por parte de altos mandos del gobierno de Estados Unidos de que en Guantánamo y en otras cárceles secretas había personas inocentes. La CIA pagaba recompensas de entre 5.000 y 10.000 dólares a los afganos de la Alianza Norte –conocidos por su extremismo y no por su amor a la democracia y a los derechos humanos – por cada talibán capturado.

El entonces jefe de contraterrorismo del Departamento de Estado sostenía que las medidas militares de Estados Unidos y sus aliados habían tenido éxito a la hora de disuadir la actividad terrorista. Más tarde, investigaciones periodísticas revelaban que los datos del informe habían sido manipulados: el terrorismo extremista había aumentado en un 5%.

La quema del Corán que al final suspendió el reverendo Terry Jones habría tenido el mismo efecto que los desmanes de mercenarios – consentidos por el gobierno estadounidense – y que los bombardeos con aviones no tripulados y que le han quitado la vida a cientos de civiles en Afganistán.

Poco necesitan Terry Jones y los líderes de movimientos extremistas como el Tea Party cuando el 18% de los estadounidenses cree que su presidente es musulmán. El desempleo masivo por la crisis económica y la inmigración sirven de catalizadores para fortalecer prejuicios e ideologías xenófobas tan peligrosas como la ideología neoliberal, motor de la “guerra contra el terrorismo”.

Nueve años después, el complejo militar-industrial que temía el presidente Dwight Eisenhower se ha convertido en realidad. Las guerras de agresión se disfrazan de “defensa de la democracia” para destruir, “reconstruir”, privatizar y extraer con el dinero de los contribuyentes. Nueve años de abusos, basta ya.

- Carlos Miguélez Monroy es Periodista y coordinador del CCS

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