En el transcurso del año 2010 el Estado paraguayo llevó a cabo una importante operación de compras de armas de combate importadas desde Colombia, con la excusa de que con dichas armas sería factible o las mismas facilitarían a la Policía Nacional el trabajo de captura de los integrantes del denominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Se tratan de los fusiles Galil, unos fusiles de asalto de origen israelí que posee diferentes modelos y características, además de ser fabricados ya por diferentes países, entre ellos Colombia. El modelo adquirido por Paraguay es el M-16. Las compras se realizaron dos veces en un solo año -al menos de lo que se dio a conocer públicamente- la primera fue formalizada en el mes de enero del 2010, 450 fusiles y 1.000 municiones. La segunda compra coincidió con la conmemoración de los derechos humanos, el 10 de diciembre, esa vez la compra consistió en 160 fusiles Galil, 249.200 municiones y 116 granadas. El monto de lo adquirido fácilmente llegaría unos 900.000 dólares, es decir más de 5 mil millones de guaraníes.

Todo esto en un país con una presión tributaria muy baja, que hasta el momento no ha logrado implementar el impuesto a la renta personal (IRP), con un gran crecimiento de la desigualdad, con el 19% de su territorio en manos de extranjeros y con un centenar de miles de familias sin tierras, y además con nulas posibilidades de guerra o combate con otros Estados; por lo tanto el equipamiento militar y armamentístico sólo se puede entender que tendrá un uso interno, en contra de enemigos internos, un combate del cual están resultando víctimas muchas personas humildes, de asentamientos y comunidades campesinas, principalmente.

La zona norte del país es uno de los puntos donde se despliegan las estrategias de combate que significan operativos militares y policiales de control, trabajos de inteligencias con asesoramiento de  Estados Unidos y Colombia, los fusiles galil son para ser usados en la zona, especialmente en los departamentos de Concepción y San Pedro, que es denominada “zona de influencia del EPP”, donde también existen importantes organizaciones campesinas, grandes latifundios, asesinatos de líderes campesinos y sin tierras, y una riqueza en biodiversidad atractiva para cualquier capital extranjero como es el caso de Amerisur una “empresa exploradora de petróleo y gas en América Latina. En Colombia opera en las plantas Platanillo y Fénix, de esta última posee el control total. En Paraguay Amerisur desarrolla actividades en los bloques San Pedro, y Curupayty”[1], según Ley 2.658/05 Resolución 633/07, “Amerisur posee participaciones de explotación de 100% en los bloques San Pedro y Curupayty, que cubren un área de 1,6 millones de hectáreas en las cuencas Chaco y Paraná”[2].

Al parecer existe un consenso en la clase política del país, entre el Congreso y el Ejecutivo de dotar de mayor infraestructura y presupuesto a las instituciones represivas como la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Los planes armamentísticos son cada vez más ambiciosos, recordemos que el Ministro del Interior Rafael Filizzola solicitaba el año pasado la compra de helicópteros y un avión no tripulable denominado también avión espía para sobrevolar las zonas norte del país; por su parte el responsable de Defensa Nacional, Cecilio Pérez Bordón, planea  la compra de equipos informáticos y de comunicación, vehículos blindados, aviones y tanques de guerra, mientras tanto, el gobierno brasilero ya donó a finales de diciembre del 2010 tres aviones tucanos 727[3] para las fuerza aérea paraguaya.

El panorama económico de las Fuerzas Armadas para el presente año se muestra muy complaciente con la intención de equipar a los militares paraguayos,  ya que se les asignó un importante aumento en el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2011, de 760.000 millones de guaraníes que asignados para el año 2010 se tuvo un aumento a 1 billón 50 mil millones de guaraníes, lo que representa un aumento del 38% de un periodo a otro, desde el año 2009 a 2011 el presupuesto militar aumento en unos 428.677 millones de guaraníes, es decir un aumento del 68,5% en sólo dos años.

Mientras que se delinean los grandes gastos en materia de seguridad militar, Vidal Acevedo del Serpaj Paraguay comenta, con preocupación, que según datos del Ministerio de Educación y Cultura, revelan que 20.000 jóvenes que concluyeron el noveno grado en el 2008 no pudieron continuar sus estudios por falta de recursos económicos; que en el Departamento de San Pedro de más 350.000 habitantes sólo existen 7 pediatras que pueden atender a los niños/as de todo el departamento.

De alguna manera en el Presupuesto General de la Nación se expresa la voluntad política de los gobernantes y las prioridades de las políticas y acciones que se llevarán a cabo desde el Estado, ya que el “presupuesto público es el principal instrumento de política de un gobierno, a través del cual se asignan recurso para diferentes fines”[4], en este caso el fin militar cobra una singular importancia para el Estado paraguayo.