Hace unas semanas, los rectores de las universidades españolas plantaban al ministro de Educación, José Ignacio Wert, por sacar del orden del día del Consejo de Universidades el encarecimiento de las tasas universitarias. Con esta y otras medidas, el gobierno pretende “ahorrar” 3.000 millones de euros, mientras prepara la inyección de más de 23.000 millones de euros para rescatar a un banco privado que la fiscalía ahora investiga por posibles irregularidades y fraude.

Contra estas medidas, profesores y alumnos de distintas facultades han convocado huelgas y manifestaciones que chocan con la creencia de que la quiebra de la banca supondría un desastre para la economía. Como si el empeoramiento de la educación no hipotecara el presente y el futuro de un país que se subió al caballo de la burbuja inmobiliaria para perpetuar su espejismo de que se codeaba con los países del G-8. El estallido de dicha burbuja sitúa a la educación varios peldaños por encima en la escala de prioridades de un país que necesita las aportaciones de sus nuevas generaciones, amenazadas por el desempleo, la reducción de las pensiones y la precarización de las economías familiares.

Se calcula que un 20% de las familias se encuentran en situación de riesgo de exclusión. Ante el despido de uno o más miembros, muchas familias recurren a organizaciones que ofrecen comidas gratis en los comedores sociales. Estas asociaciones funcionan con voluntarios y dependen de subvenciones del Estado, de entidades privadas y de de aportaciones de socios que disminuyen con la crisis. Con cada vez menos fondos y más gente que atender, se puede producir un colapso en estas organizaciones.

En lugar de entender la educación libre y gratuita como un derecho humano universal, más que como una inversión, el gobierno lo considera un “gasto”. De ahí que implemente recortes sin importarle los estragos en la calidad de la educación, que provocará un estancamiento social y educativo. Con semejantes deficiencias, será cada vez más difícil salir de la pobreza y la precariedad, así como buscar oportunidades en otros países del mundo.

Este deterioro por las medidas de “ahorro” no se limita a la educación superior. En los meses de invierno, no funcionaron la calefacción de muchos colegios, ni sus servicios de limpieza, que externalizan a empresas que ya perdieron sus contratos y que han despedido a gran parte de sus plantillas.

De mayor gravedad se considera la presión que se ejerce sobre los docentes, con grupos cada vez más numerosos, compañeros despedidos y sueldos que disminuyen, al contrario de los precios de los servicios básicos: transporte, agua, luz, etc. Estas medidas amenazan la calidad educativa en la que descansa cualquier democracia. 

Con el desmantelamiento de la educación pública, de la sanidad, de las pensiones y de la atención a personas dependientes, se vienen abajo conquistas sociales conseguidas después de años de esfuerzo y lucha. Cuando encontramos la respuesta nos cambiaron las preguntas, en palabras de un graffiti en Centroamérica. Si la sociedad no exige a sus políticos un cambio de rumbo, se podría perder un referente, como lo ha sido España en materia de sanidad pública, considerada una de las más equitativas y de mayor calidad del mundo.

El déficit de España no se debe a su gasto público, como argumentan algunos políticos, que “al fin” encontraron un pretexto para privatizar bienes y servicios públicos para todos y consumar así la revolución neoliberal con la que soñaron Margaret Thatcher y Ronald Reagan. “Ya no hay sociedad, sólo individuos y familias”, dirían. Las familias no pueden vivir sólo de amor, y muchos “individuos” se han doblegado ante el callejón sin salida que se encontraron, como lo demuestra el creciente índice de suicidios en Grecia y en Italia. En España no se habla del tema por miedo a un “efecto réplica”.

Si la productividad está por encima de los derechos humanos, como sugieren los “mercados” y muchos políticos, la razón puede conducir a la conclusión “lógica” de que la sociedad puede prescindir de quienes no “produzcan”: amas de casa, ancianos, desempleados, inmigrantes, personas con discapacidad y personas sin hogar. Este sueño de la razón sólo puede producir monstruos que creíamos superados después de la Segunda Guerra Mundial.

- Carlos Miguélez Monroy es Periodista, coordinador del Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS)

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