Colombia, Guatemala, México y narco

Eduardo Ibarra Aguirre

07/10/2012

Opinión

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Desde que Ernesto Zedillo y Vicente Fox dejaron de vivir y despachar en Los Pinos, se incorporaron a la corriente de opinión de los otrora presidentes de Colombia y Brasil más otros exjefes de Estado o de gobierno europeos, integrantes de un espacio de la Organización de las Naciones Unidas, que auspicia despenalizar la producción, consumo y comercialización de las drogas ilícitas. Como es del dominio público, existen las lícitas que causan más muertes que las primeras.

Pareciera que en la misma dirección se apuntó Felipe Calderón, después del discurso pronunciado en la Asamblea General el 1 de octubre, y en el que somete a una crítica sin contemplaciones a su estrategia policiaco-militar que, en rigor, le fue impuesta por George W. Bush –el invasor de Afganistán e Irak que, dijo, “hablé con Dios” antes de hacerlo–, acaso a cambio del reconocimiento al muy impugnado titular del Ejecutivo federal.

Los resultados están en la mesa del debate: entre 50 mil (Secretaría de Gobernación) y 250 mil muertos (La guerra de Los Zetas, de Diego Enrique Osorno, citado por José Francisco Gallardo en Forum en Línea 251) y un millón 600 mil personas desplazadas (Fidel López García, citado por Lydia Cacho en el mismo número de la página electrónica), además de una profunda huella de dolor, angustia y miedo.

Por la magnitud de los destrozos materiales y espirituales causados por la estrategia guerrerista del general de cinco estrellas, tiene mayor valor el viraje implícito del primer lunes de octubre.

Mayor alcance puede tener la Declaración conjunta de Colombia, Guatemala y México porque Juan Manuel Santos y Otto Pérez Molina permanecerán en funciones de presidentes de Colombia (importantísimo productor) y Guatemala (bodega y refugio de capos aztecas).

Una extendida práctica de subestimar hasta el extremo al presidente que se va y tratar con florilegios al que llega, permitió que la comunicación tripartita pasara de noche a los medios de difusión que encabezan la cargada por Enrique Peña y en demérito del michoacano de Morelia que les sirvió sin límites, en primer lugar a Grupo Televisa.

A pesar de que los tres gobiernos persisten en colocar el acento en “Que el consumo de drogas ilícitas es un poderoso incentivo para las actividades de organizaciones criminales en todas las regiones del mundo”, subrayan “Que resulta esencial aplicar medidas más eficaces para evitar los flujos ilegales de armas hacia las organizaciones de delincuentes”, además de “Que mientras no se detenga el flujo de recursos de los consumidores de drogas y de armas hacia las organizaciones delictivas, éstas continuarán amenazando a nuestras sociedades y nuestros gobiernos.”

Enfatizan la importancia, desdeñada antes por Calderón Hinojosa, de “las políticas de cada país en la prevención y sanción del delito; sus programas sociales en educación, salud, esparcimiento y empleo; así como la prevención y el tratamiento de adicciones para preservar el tejido social.”

Lo novedoso es que concluyen que “resulta inaplazable revisar el enfoque mantenido hasta ahora por la comunidad internacional en materia de drogas, con el fin de detener los flujos de dinero proveniente del mercado ilícito de drogas. Que esa revisión debe realizarse con todo rigor y responsabilidad, sobre bases científicas, con el fin de establecer políticas públicas eficaces”. Ocultan que tal “enfoque” fue impuesto a la ONU por la Casa Blanca que habitaba Richard Nixon.

Por tal antecedente proponen que la ONU “debe ejercer el liderazgo que le corresponde en este esfuerzo y conducir una profunda reflexión que analice todas las opciones disponibles, incluyendo medidas regulatorias o de mercado.”

Utopía 1169

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