Perú

El juicio por los diarios Chicha contra Alberto Fujimori

Carlos Rivera Paz

15/11/2012

Opinión

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Esta semana se conoció que la Corte Suprema de Chile decidió autorizar la ampliación de la extradición de Alberto Fujimori Fujimori por el llamado caso de los “Diarios chicha”. La decisión era inevitable. Ahora no solo debe afrontar un nuevo y muy complejo asunto judicial que de seguro debe terminar con una nueva condena, sino que, además, este tema puede significar el fin del indulto solicitado.

Exactamente doce años después de la fuga de Fujimori al Japón la Sala Penal de la Corte Suprema de Chile pareciera enviar un mensaje al Perú entero para hacernos recordar uno de los extremos más sucios del régimen fujimorista. Para la Suprema chilena existen suficientes elementos de prueba que vinculan a Alberto Fujimori con el sistemático desvío de fondos públicos de los institutos armados hacia el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) con la objetivo de comprar la línea editorial y los servicios de diferentes medios de comunicación escrita, llamados en ese momento diarios chicha, con la finalidad de atacar a los opositores políticos del régimen y apoyar decididamente la campaña electoral de la re reelección.

La Fiscalía y la Procuraduría anticorrupción han logrado acreditar que el monto del desvío asciende a la suma de 122 millones de soles, que ilegalmente fue extraído del erario público para financiar las campañas políticas del régimen y de la persona del condenado ex presidente de la república.

Debemos recordar que a inicios de la década pasada el sistema anticorrupción ya desarrolló un proceso judicial en el que condenó a Vladimiro Montesinos, los altos mandos del Ejército y la FAP, así como algunos dueños y propietarios de aquellos medios de comunicación por este mismo caso. En ese proceso todos, absolutamente todos, señalaron la responsabilidad de Alberto Fujimori como la persona que había dado las órdenes para que se proceda a esta sistemática sustracción del dinero del Estado y sea desviada hacia el SIN, que, como se sabe, era manejado por el “siamés” Montesinos Torres. Consecuentemente prueba hay, y bastante.

Desde mi punto de vista este hecho determinará dos asuntos muy importantes. El primero es que el resultado predecible de este nuevo juicio será la condena de Alberto Fujimori. Las pruebas determinan que sea improbable otro resultado. El segundo es que Fujimori teme ser confrontado con las evidencias que lo van a condenar. Para él no solo resultaría muy complicado explicar coherentemente por qué razón dispuso la sustracción de una verdadera millonada de dinero solo para garantizar sus intereses y su permanencia en el poder, sino que, además, será más complicado enfrentar a los que antes eran sus abyectos subordinados y ahora son los testigos de cargo de la fiscalía.

Esa es la razón por la cual la defensa de Fujimori ha lanzado como primer mensaje que su patrocinado no está en condiciones de salud para afrontar el nuevo juicio oral. Ciertamente resulta curioso que esto ocurra solo pocos días después de que el mismo Alberto Fujimori exige una entrevista en vivo con el periodista Raúl Vargas de RPP. Entonces, ¿si puede responder las preguntas del periodista por qué razón no podría responder del fiscal o del procurador?.

Hay que recordar que en los casos de corrupción que fueron juzgados el 2009 (CTA de Montesinos, la compra de congresistas, interceptación telefónica y compra de Cable Canal de Noticias) Fujimori se allanó a la acusación e inmediatamente fue condenado. En ese entonces el objetivo era también evitar responder por la sustracción de dinero del Estado.

Fujimori no quiere el nuevo juicio y por ello adelanta el pretexto de sus problemas de salud. Ante ello lo que corresponde –como ha declarado el Fiscal de la Nación- es que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia señale una fecha de inicio del juicio oral y si es que la defensa solicita una postergación el tribunal debe disponer que los médicos del Instituto de Medicina Legal verifiquen el estado de salud del acusado e informen al tribunal. De ser necesario la Sala Penal Especial puede disponer que el juicio se realice en un centro hospitalario o en el establecimiento penitenciario en el que vive Fujimori.

Por otro lado, es innegable que la ampliación de la extradición contra Fujimori tendrá consecuencias claramente negativas sobre la solicitud del indulto, el cual a estas alturas parece un asunto liquidado.

Fuente: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=931

https://www.alainet.org/pt/node/162656