Entre el 12 y 16 de noviembre se realizó en Lima la Conferencia Internacional sobre Desarrollo Alternativo (ICAD por su sigla en inglés[1]) que era la continuación de la realizada en Tailandia en noviembre del 2011[2] y tenía como objetivo aprobar unos “principios rectores” sobre este tema, que serán presentados en marzo del 2013 en Viena con ocasión del 56 periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND por su sigla en inglés).

Dado el antecedente de secretismo de la “Cumbre de Lucha contra las Drogas” de junio de este año también en Lima[3], la reunión se realizó en sesiones semi-secretas, sin permitir la participación de agricultores, autoridades locales y personas críticas. La participación de medios estuvo limitada a aquellos aduladores quienes fueron invitados a visitar Tarapoto y Lamas para contemplar el “milagro” de San Martín profusamente difundido como paradigma para el planeta[4].

Unos días antes, entre el 9 y 10 de noviembre en Valencia, España, se realizó un taller para analizar críticamente el Documento de Base que había sido emitido en Tailandia[5] y aprobado con observaciones en el 55 periodo de sesiones de la CND (Viena, marzo 2012)[6]. Bajo el auspicio del Observatorio de Cultivos Declarados Ilícitos (OCDI), el Transnational Institute (TNI) de Holanda, el Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH) de Lima, Acción Andina de Colombia y con la participación de representantes de Bolivia, Colombia, Perú, Birmania, Marruecos y España, emitimos una Declaración de Valencia que fue difundida por las redes sociales, pero que no pudo ingresar a la reunión de Lima[7].

El eje de la crítica al borrador de la declaración al que habíamos tenido acceso con anticipación y que finalmente fue aprobado sin discusión alguna[8], se resume en los siguientes puntos:

1) generalidades, incoherencias y sesgo andino que contrasta con los aportes del taller de Tailandia y las discusiones posteriores en la CND de marzo 2012;

2) la “integralidad” se limita a  la erradicación de cultivos ignorando el contexto social, económico, ambiental y cultural;

3) énfasis al control y la aplicación de la ley con la erradicación a la cabeza;

4) no se reconoce el derecho al uso tradicional de la coca[9] y otras plantas declaradas ilícitas;

5) se condiciona la cooperación internacional y el apoyo del Estado a la erradicación previa de cultivos;

6) se fomenta un modelo de desarrollo agro-empresarial de mono-producción en el marco de la OMC y los TLC, soslayando las economías campesinas; y,

7) no se menciona la mitigación-adaptación al cambio climático y tampoco la importancia de procesos de ordenamiento territorial.

Propuestas para combatir los “síndromes del desarrollo alternativo”

Frente a los “síndromes” reportados en otro escrito y las críticas que hago al “milagro” de San Martín[10], propongo lo siguiente:

1)  sistematizar y conocer la realidad socio-económica, técnico-productiva, político-institucional, cultural y de recursos naturales valorizados de cada zona en la que existen cultivos declarados ilícitos y las zonas expulsoras de migrantes (sierra y costa);

2)  desarrollar procesos participativos de zonificación ecológica-ecológica (ZEE) y ordenamiento territorial (OT) por cuencas y sus entornos;

3)  apoyar y promover la participación y compromiso estrecho de los gobiernos locales y regionales, empresarios responsables, población organizada - nativos, colonos y bosquecinos – a fin de encarar la mitigación-gestión de los "síndromes";

4)  determinar con claridad técnica y financiera las actividades económicas agro-silvo-pastoriles, piscícolas, bosquecinas[11] y de turismo integral (ecológico, aventura, vivencial, gastronómico, etc.) a ser impulsadas con sostenibilidad temporal y ecológica-ambiental;

5)  comprometer a los "stokeholders" (modelo de empresa tradicional) para que los “stakeholders” (modelo social de la empresa)[12] realicen el control social democrático necesario, es decir "agricultura por contrato" y/o "alianza público/privada";

6)  articular los proyectos y programas a políticas y acciones sectoriales y globales favorables al desarrollo de negocios sostenibles en la Amazonía, sin subsidios ciegos y exoneraciones tributarias ineficaces cuando no cómplices de las mafias regionales;

7)  impulsar el sexteto indispensable del desarrollo rural: créditos supervisados, titulación de tierras (individuales y/o comunitarias), mercados estabilizados, información veraz y actualizada, capacitación/educación desde las escuelas y asistencia técnica permanente;

8)  caminos, puentes, canales, almacenes, energía, telecomunicaciones, escuelas, hospitales, centros de esparcimiento, etc. son necesarias siempre y cuando formen parte de un Programa Concertado de Desarrollo Territorial;

9)  debe agradecerse la cooperación internacional, pero no es lo fundamental: las políticas, acciones y estrategias debe ser diseñadas desde abajo y adentro, no desde afuera y arriba como ha sido hasta ahora;

10)  la reducción de cultivos y actividades ilícitas asociadas como tráfico de químicos, tala ilegal de madera, biopiratería, contrabando, trata de personas, lavado de activos, sobrepesca, etc. debe ser una consecuencia de lo anterior y no una pre-condición; y,

11)  revalorar nuestra biodiversidad, incluyendo las plantas maestras, entre ellas la coca, sus derivados benéficos y los productos del bosque manejado, para orientarla hacia la producción de "bienes transables" en mercados locales, regionales, nacionales e internacionales, en ese orden y no al revés como se hace hasta ahora.  

- Hugo Cabieses es Economista, coordinador del Área de Desarrollo Sostenible, Cambio Climático y Derechos Indígenas del CIDDH.