México

Violencia e inseguridad continúan en Guerrero

José Víctor Rodríguez Nájera

19/10/2014

Opinión

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En medio del secuestro de 43 normalistas en Guerrero, que mantiene en vilo la permanencia del gobernador Ángel Aguirre Rivero, y tras el asesinato del diputado Gabriel Gómez Michel (PRI), la Cámara de Diputados ha aumentado las solicitudes de seguridad para sus legisladores.

El presidente de la mesa directiva, Silvano Aureoles Conejo, adelantó a Sociedad Punto Cero, que en días pasados un legislador federal fue “levantado” en Guerrero; amenazado y golpeado por sus captores, que lo mantuvieron privado de la libertad por algunas horas. El responsable: un grupo de la delincuencia organizada.

“Es lamentable la situación que a un compañero de Guerrero lo levantaran y lo retuvieran (en Guerrero)”, aseguró el legislador perredista por Michoacán, Aureoles Conejo.

Apenas la semana se informó que el jefe de la policía de Iguala, Guerrero, Francisco Salgado Valladares --aún prófugo de la autoridad-- recibía del grupo criminal “Guerreros Unidos” un soborno mensual de 600 mil pesos, a fin de tener acceso a la infraestructura policial oficial y llevar a cabo sus actividades ilícitas.

Aureoles confió que los legisladores están expuestos a los ataques de la delincuencia organizada, por lo que recordó que, en él recae la seguridad personal y de la libre manifestación de ideas, de todos sus compañeros parlamentarios.

“Los legisladores también están en riesgo y más cuando tienen tareas de carácter político, otros tienen presencia, algunos en tareas económicas, empresariales, etcétera; estamos en riesgo como cualquier otro ciudadano”, dijo.

Explicó que en entidades consideradas “calientes” como Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Jalisco, por citar algunos ejemplos, el riesgo es mayor.

Sin dar mayores detalles de lo ocurrido con el legislador guerrerense, a razón de la secrecía de una investigación en proceso, el legislador michoacano calificó como “preocupante la situación de seguridad en todo el país”.

Recordó que la Secretaría de Gobernación (Segob) y Procuraduría General de la República (PGR), son las instancias a las que el Congreso de la Unión recurre en temas de protección, “a mí me pidieron (atender) el caso de un diputado de Guerrero que atendí de inmediato y tuvieron la atención”.

Apenas el pasado 8 de octubre el Consejo Nacional del PRD (incluidos diputados y senadores), viajó desde la ciudad de México hacia la ciudad de Iguala, Guerrero, a bordo de un autobús rotulado con colores y sellos del Sol Azteca.

A mitad del camino, el Comité --por recomendación de los propios legisladores oriundos de la región-- recomendaron detener el avance de dicho autobús y continuar el viaje en camionetas sin logotipo alguno, “la discreción y nuestra seguridad era una prioridad”, advirtió un legislador en el camino.

El pasado 22 de septiembre Gabriel Gómez Michel (PRI), diputado federal por el PRI, desapareció durante su trayecto hacia la ciudad de México, según reportaron sus familiares, quienes perdieron comunicación con él en el trayecto.

Médico de profesión, Gómez Michel viajaba con uno de sus asistentes, sin embargo, 48 horas después de su desaparición, autoridades locales confirmaron que ambos habían sido localizados calcinados en un tramo carretero hacía Zacatecas, cerca del poblado conocido como Ajulco.

En mayo pasado, se registró una agresión con armas de fuego en contra del legislador perredista Ramón Montalvo, cuando viajaba, también con uno de sus asistentes, hacía su domicilio en Valle de Chalco.

Se sabe que Montalvo Hernández (PRD) abandonó el hospital semanas después de ser intervenido en dos ocasiones para extraerle los proyectiles de arma de fuego que penetraron en su cuerpo; pero hasta el momento se desconoce por qué el diputado federal ha faltado a sus labores en el recinto de San Lázaro, hasta el día de hoy.

El propio Silvano Aureoles (PRD) fue interceptado en un paraje de su natal Michoacán, por un retén presuntamente del crimen organizado, en aquella ocasión, relató que el comando revisó los vehículos y a los tripulantes de su caravana, sin que pasara a mayores. Desde aquella ocasión el michoacano es custodiado día y noche por efectivos de la policía federal.

Por estos motivos, los legisladores plantean seriamente ampliar la solicitud de guardias personales, custodia de policías, uso de vehículos blindados, ropa, también blindada, e incluso el injerto de microchips localizadores.

Dos preguntas, ¿estos instrumentos estarán a cargo del erario público?, el ciudadano de a pie, ¿a qué atropellos se enfrenta de delincuentes y autoridades?, ¿las historias de los ciudadanos son conocidas, como la de los legisladores federales?

José Víctor Rodríguez Nájera

Periodista mexicano / @JoseVictor_Rdz

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