Farc, milicias y justicia indígena

18/11/2014
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Del asesinato de Antonio Tumiñá y Daniel Coicué, a manos de milicianos de las Farc y del juicio indígena que impuso las penas y castigos ya conocidos por la opinión pública, se pueden exponer varios asuntos, en tanto ese hecho violento constituye otra coyuntura político-mediática más para el proceso de La Habana[1].
 
Un primer asunto a considerar tiene que ver con la formación política de los milicianos. A juzgar por las cortas declaraciones que se conocieron de los responsables del crimen de los dos miembros de la Guardia Indígena, se trata de jóvenes sin mayor escolaridad y sin una estructura moral y ética. Estas circunstancias en gran medida facilitaron el fatal desenlace.
 
Las propias Farc, en su comunicado, dejan entrever la realidad de esas circunstancias: “Nuestras primeras averiguaciones indican que los hechos se originaron cuando milicianos indígenas quienes colocaban pendones alusivos al tercer aniversario del asesinato del comandante Alfonso Cano, fueron presionados por un grupo de la comunidad Nasa encabezado por el gobernador del Cabildo, Esneider Gómez, que no solo se oponía a dicha actividad, sino que pretendió desarmar a los milicianos, luego de que estos ya se habían replegado del lugar. Ante el desenlace luctuoso de un hecho que no merecía tal exacerbación, y que pudo resolverse mediante el diálogo, expresamos nuestro sentimiento de pesar y preocupación”[2].
 
¿Están los milicianos de las Farc e incluso, los propios guerrilleros, en la capacidad de sostener un diálogo y una discusión sobre la base de un intercambio de ideas? En especial cuando las actividades que iban a desarrollar en territorio Nasa, claramente afectaban la armonía y la vida de los indígenas. ¿Quién dio la orden? ¿Sobre qué comandante fariano recae la responsabilidad del operativo desplegado por los milicianos? O ¿se trata de una actuación irregular por parte de los jóvenes milicianos? Este no es un asunto menor. Y en relación con el proceso de paz de La Habana, las Farc deben explicar en la Mesa de Diálogo y garantizarle al país que existe una unidad de mando[3] que incluye a sus milicias urbanas y rurales. De no ser así, fácilmente milicianos como Iván Silva Yatacué, alias ‘Fercho’, podrán mañana hacer parte de otras estructuras armadas que bien pueden quedar al servicio de narcotraficantes, ganaderos y/o latifundistas que se opongan a la implementación de los acuerdos de La Habana.  Y de esta forma, los procesos de desmovilización y el desmonte de las estructuras criminales  serán experiencias fallidas en un escenario de posacuerdos.
 
Un segundo asunto guarda relación con el reclutamiento de jóvenes indígenas por parte de las Farc. Es incalculable el daño cultural e identitario que producen las Farc en los pueblos ancestrales, al reclutar o aceptar en sus filas o en sus redes de cooperación a miembros de pueblos indígenas como el Nasa. Los lazos se rompen al interior de un pueblo que no sólo debe luchar contra el reclutamiento de sus jóvenes que hacen los actores armados, sino contra una industria cultural que hace tambalear sus costumbres y cosmovisiones. El parecer indígena, tener rasgos indígenas o el haber pertenecido al pueblo Nasa, ha sido una estrategia que el Ejército ha usado para infiltrar sus hombres en marchas o mingas[4]; en este caso, las Farc mandaron milicianos indígenas para ubicar pancartas con el fin de conmemorar tres años de la muerte de alias ‘Alfonso Cano’.
 
Un tercer asunto tiene que ver con la forma como opera la justicia indígena. El fallo en su conjunto debe ser acogido por la justicia ordinaria, en tanto la jurisdicción especial indígena está garantizada por la Constitución[5] de Colombia. Y ojalá las autoridades penitenciarias brinden las garantías para que los victimarios paguen su condena. De parte de las Farc, se espera que no intenten liberar a sus milicianos de los sitios de reclusión. Se trató de un juicio sin dilaciones y legítimo, en tanto el pueblo Nasa tiene claro cómo proceder en estos casos. Se juzgó, de acuerdo con sus usos y costumbres, a quienes irrumpieron en el territorio[6] y asesinaron a dos de los miembros de la Guardia Indígena.
 
Un cuarto y último asunto tiene que ver con la solidez política del movimiento indígena Nasa. Su Guardia Indígena es ejemplo de coordinación y valor civil. Respaldada por la dignidad de un pueblo que hace todo lo posible por mantenerse en pie de lucha contra todos los actores armados  y no armados, que con sus actividades desarmonizan el territorio y la vida comunitaria, la Guardia Indígena no solo defiende su territorio y su gente, sino que en ocasiones le ha arrebatado a las Farc civiles secuestrados
 
Ojalá las Farc, la Fuerza Pública y los neoparamilitares, así como empresas multinacionales y nacionales entiendan que los resguardos son sagrados para los indígenas, en especial para un pueblo como el Nasa que se convierte para otras comunidades indígenas, como para todos nosotros, en un referente de dignidad y de lucha por alcanzar y asegurar condiciones de vida digna.
 
Germán Ayala Osorio
Comunicador social y politólogo – Tomado de http://laotratribuna1.blogspot.com/
 
 
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 425
Semana del 14 al 20 de noviembre de 2014
Corporación Viva la Ciudadanía
 


[4] Recuérdese el caso ocurrido durante el gobierno de Uribe Vélez. En aquella oportunidad un suboficial, con rasgos indígenas, fue retenido y castigado de acuerdo con los usos y costumbres del pueblo Nasa. El suboficial se infiltró en la minga. Se le incautó material de guerra. Claramente buscaba desestabilizar la marcha pacífica y buscar con ello, el señalamiento de las autoridades.
 
[5] Véase Artículo 246 de la Carta Política.
 
[6] No es la primera vez que sucede este tipo de irrupciones de las Farc en territorio Nasa. Véase la entrevista a Gabriel Paví en Semana.com: “Es la tercera vez que afrontamos una situación como esta en los últimos dos años. Una primera fue en el 2012, cuando varios guerrilleros empezaron a hostigar el pueblo con tatucos bomba hacia la población civil, entonces la comunidad los capturó, se les incautaron los fusiles, se fueteó a los guerrilleros y luego se entregaron a las familias. Y el año pasado se condenaron dos guerrilleros que asesinaron al consejero mayor Enancio Mestizo, de Jambaló; ellos fueron sentenciados a 40 años de cárcel y guardados en un centro penitenciario”. http://www.semana.com/nacion/articulo/gabriel-pavi-todos-son-indigenas/408574-3
https://www.alainet.org/pt/node/165620
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