Como hemos dicho en otras oportunidades, el uso de Software Libre[1] es una condición esencial en el camino de lograr la Soberanía Tecnológica. Respetar a los usuarios, a las comunidades, compartir, tener la libertad de investigar un software, modificarlo y distribuirlo, son sin duda elementos básicos y fundamentales en el camino de la soberanía. Es condición necesaria pero: ¿Suficiente?

A modo de brevísima revisión histórica podemos definir SOBERANÍA como la capacidad de un pueblo o nación de definir sus leyes, elegir sus gobernantes y que su territorio sea respetado.

En 1576 Jean Bodin en los seis libros de la República la define como el “poder perpetuo y absoluto de la República” y soberano a quien tiene el poder de decisión. En 1762 Jean-Jacques Rousseau define soberanía como la capacidad del pueblo soberano de tomar las decisiones. Estos planteos darían lugar a la Revolución Francesa y su pensamiento es base de las democracias modernas. La Constitución francesa de 1793 señala que la “soberanía reside en el pueblo” En el derecho internacional moderno, la soberanía es un concepto clave, referido al derecho de un estado para ejercer sus poderes.

A fines del siglo pasado se introduce el concepto de Soberanía Alimentaria como “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo.”[2]

Ahora bien: entendemos que de la misma forma que un Estado implementa estrategias de salud, educación, defensa de su soberanía territorial controlando, por ejemplo, fronteras o su soberanía alimentaria definiendo políticas agrarias; es necesario que se definan políticas para lograr tener el 100% del control del software que utiliza para su gestión, administración o para sus comunicaciones.

Imaginemos un Estado o bloque regional como UNASUR o CELAC utilizando para su gestión y sus comunicaciones exclusivamente Software Libre. Estaría resuelto el conocer a cabalidad que es lo que hacen todos y cada uno de los programas. Se definirían políticas públicas en materia de elección de software para la educación, como por ejemplo lo hace  Argentina con el Sistema Operativo[3] Huayra[4] que integran los más de 4.5 millones de netbooks que el gobierno ha entregado a niños y jóvenes en el sistema educativo o en Venezuela el uso de Canaima[5][6], sistema operativo utilizado en las estaciones de trabajo de la Administración Pública desde 2011 y en la educación donde ya se han entregado más de 3.5 millones de computadoras a niños de la educación básica. Huayra y Canaima se basan íntegramente en Software Libre.

Si educamos niños utilizando Software Libre lograremos hombres y mujeres que entienden como natural el compartir, investigar y modificar todos y cada uno de los programas que utilizan. Romperemos la lógica de que es “natural” buscar el “botón verde” o “círculo azul”, abajo a la izquierda, para desplegar el menú del Sistema Operativo que hoy se utiliza mayoritariamente en las computadoras personales y puestos de trabajo de todo el mundo y que es controlado por la gran multinacional estadounidense.

Pero, siempre hay un pero, ¿qué pasa cuando conectamos esas computadoras a las redes? ¿Quiénes son los propietarios de la fibra o cobre que utilizamos para acceder a Internet? Y cuando accedemos a redes sociales: ¿quiénes son los grupos económicos y políticos detrás de Facebook, Twitter o Google? ¿A qué lógicas de mercado y políticas responden?

¿Podemos tener total control de los datos que traficamos o almacenamos en “la nube” (tema que abordaremos en otra nota) cuando no tenemos la capacidad de acceder, investigar y/o modificar los programas que los controlan? ¿La mentada “neutralidad de red” (tema que también abordaremos en otra columna) que a grandes rasgos define que la velocidad de acceso a Internet no puede depender de cuanto pagamos por ello: ¿puede ser controlada y defendida por usuarios o Estados? Son conocidos los acuerdos entre empresas como Telefónica o Claro en varios países, que dan preferencia al tráfico de empresas o a redes con las que tienen acuerdos económicos en desmedro del tráfico hacia o desde otros sistemas o sitios web. ¿Cómo hace Uruguay, por ejemplo, con el 100% de la fibra óptica soberana, en manos de ANTEL[7](que llega a todos los hogares del país, desde la gestión del ex presidente Pepe Mujica) para conectarse con sus vecinos Argentina o Brasil donde los dueños de la fibra son corporaciones trasnacionales y donde las condiciones son puestas por éstas últimas?

Sin intención de ser retórico: ¿alcanza con el uso de Software Libre para defender la soberanía tecnológica?

- Enrique Amestoy es Asesor en TIC @eamestoy on twitter https://facebook.com/eamestoy Miembro de CESoL | http://cesol.org.uy