Acostumbrado como probablemente estaba el titular del Ejecutivo federal a escuchar los informes edulcorados de Raúl Plascencia Villanueva para lograr su apoyo en la reelección como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ejerció de noviembre de 2009 al mismo mes pero de 2014, seguramente el primero que rindió su sucesor, Luis Raúl González, desentonó por completo.

Lo anterior puede ser considerado así atenidos a la persistente renuencia de los encargados de la conducción política del país a aceptar los diagnósticos y recomendaciones emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas y el Comité de Derechos Humanos quienes, por el contrario, recibieron puntuales y nada diplomáticos rechazos de los secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores.

Sabedor del desencuentro entre las autoridades federales y los organismos humanitarios globales, González Pérez rehusó caer en aquella polarización, pero fue sumamente claro: Los derechos humanos atraviesan por “el período de crisis más difícil” en los 24 años de existencia de la CNDH, mal llamada hasta la necedad ombudsman (defensor del pueblo). Justamente lo que más falta hace en México son defensores del pueblo de hecho y/o de derecho.

Crisis de casi un cuarto de siglo, desde que la fundó Carlos Salinas de Gortari –el denunciado como presunto asesino de 700 activistas políticos y sociales–, por sugerencia de Jorge Carrillo Olea (me decía el colega José Cabrera Parra), y que obedece “a las graves violaciones que persisten, como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales”.

Se ahorró el anterior abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México el calificativo de “generalizada” que tanto malestar generó en la elite de los que juran Mover a México. Mas “el periodo de crisis más difícil” resulta tanto o más claridoso y crítico. Salvo que a los gobernantes les moleste la crítica desde el extranjero por sí misma, lo que es de dudarse mucho, pues son ellos y los funcionarios de los últimos 33 años los que abrieron de par en par las puertas del país al capital trasnacional y a las intromisiones imperiales de allende el Bravo y el Atlántico.

Con todo, no es para ignorarse que Enrique Peña Nieto reaccionó positivamente, por lo menos en el discurso de respuesta, al preocupante panorama descrito por Luis González:

De 2010 a 2014, la CNDH presentó 435 denuncias penales, de las cuales llegaron a consignación únicamente 43 casos. Durante 2013 y 2014, presentó 148 denuncias administrativas, pero sólo 24 han concluido, 124 siguen en trámite y apenas siete terminaron con una sanción administrativa a los funcionarios involucrados. En la mayoría de los casos el castigo fue una amonestación o suspensión por 15 días, con dos casos de inhabilitación. Y en otros 17 asuntos, las autoridades no encontraron elementos suficientes para imponer alguna sanción o se alegó que la facultad para ello ya había prescrito.

Un monumento a la impunidad alimentada por omisión y/o por comisión desde los tres poderes de la Unión y una CNDH incapaz de hacer respetar sus recomendaciones pese a disponer de atribuciones legales y de un presupuesto superior al que ejerce la Comisión Interamericana en América.

Quien quebrante el precepto fundamental de respetar y hacer valer la ley “tiene que asumir las consecuencias legales que corresponden”, fue la afortunada frase presidencial que resume un compromiso tan plausible como antiguo e incumplido.

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