Privatizaciones de los servicios públicos. Rebaja de las condiciones laborales y reducción de los derechos sindicales. Despido de miles de trabajadores y trabajadoras. Aumento de la precariedad y fo­mento de la subcontratación. De­sigualdades de género. Pérdida de soberanía. Corrupción y “puertas giratorias”. Así se escribe la historia de la expansión global de Telefónica, una de las primeras empresas españolas en convertirse en una gran multinacional gracias a su proceso de internacionalización en América Latina.

Desde sus primeras inversiones en la región a principios de los años 90 y su privatización a finales de esa misma década, Tele­fónica fue absorbiendo numerosas compañías públicas y privadas latinoamericanas hasta llegar a convertirse en la mayor empresa transnacional de la región. Pero todo ese crecimiento de los negocios de la compañía, que sin duda ha sido un éxito desde la perspectiva de la cuenta de resultados y del interés del accionista, ha dejado tras de sí una lista de graves impactos socioeconómicos.

Los principales efectos negativos de la internacionalización de Tele­fónica tienen que ver con la pérdida de calidad y de cantidad del empleo. Al igual que en el Estado español se ha reducido a la mitad su plantilla en sólo una década, pasando de 40.000 trabajadores en el año 2003 a 20.000 en 2013, sus filiales latinoamericanas han ido reduciendo progresivamente su número de personas empleadas en la última década y media. Mientras ha ido agrandándose la brecha salarial y el sueldo declarado del máximo directivo de Telefónica es hoy más de cien veces el salario promedio de la plantilla, la multinacional española le ha ido recortando derechos laborales y sindicales a sus plantillas.

En Perú, los sindicatos han venido denunciando los despidos que se han producido en las filiales de Telefónica desde su llegada al país, así como los recientes despidos de trabajadores del grupo Cobra –empresa subcontratada por la multinacional española– por alteración de contratos.

Persecución

Durante tres años consecutivos (2006-2008), Telefónica Chile fue sancionada por la Dirección del Trabajo debido a sus prácticas de persecución sindical contra los trabajadores organizados que se enfrentan a las reestructuraciones. El caso llegó a ser juzgado por el Tri­bunal Permanente de los Pue­blos (TPP) en su audiencia de Ma­drid (2010), cuando Katia Molina Pon­ce, investigadora del Instituto de Cien­cias Alejandro Lipschutz (ICAL), afirmó que “en países como Chile, las transnacionales como Tele­fónica resuelven a espaldas de los trabajadores”.

En Colombia, donde el presidente del Sindicato Nacional de Tra­bajadores de las Telecomu­nica­cio­nes (USTC) ha descrito “una persecución sistemática contra los trabajadores que intentan organizarse”, la empresa pública Telecom fue privatizada y pasó a manos de Tele­fónica. Como resume Edgar White, del sindicato Sintraemsdes, “el Es­tado, de la noche a la mañana, liquida la empresa, 9.000 trabajadores se van para la calle, desaparece el convenio colectivo, militariza las instalaciones, coge al sindicato y le dice: hay posibilidades de vincular a 3.000, pero entran en las nuevas condiciones impuestas por Mo­vistar”, es decir, con una reducción salarial del 61%. Y cuando “trataron de conformar un sindicato en las oficinas de Movistar en Bogotá, echaron de un día para otro a mil trabajadores”, zanja White.

Con sus centros de atención telefónica (call centers), Telefónica representa otro ejemplo de explotación laboral. En la provincia de Córdoba, Argentina, donde este tipo de empresas están exentas del pago de impuestos sobre los ingresos, los call centers se benefician no sólo de las exenciones fiscales, sino también del reducido coste salarial del personal contratado, fundamentalmente femenino. “Desde el punto de vista de la prevención laboral, los call centers reúnen todos los males de la globalización”, sostienen diversas fuentes médicas.

‘Lex mercatoria’

Además de por sus impactos en las relaciones laborales, las operaciones de la multinacional española en América Latina se caracterizan también por sus implicaciones en términos políticos y económicos. Si ha visto que sus negocios podían correr algún riesgo por las medidas tomadas por los gobiernos latinoamericanos, Telefónica no ha dudado en utilizar la fuerza de la lex mercatoria para imponer sus intereses. Así lo hizo en 2003 y 2007, cuando demandó ante el tribunal de arbi­traje del Banco Mundial a Argen­tina por la congelación de tarifas, y a Bolivia por la nacionalización de la empresa de telecomunicaciones Entel, que era propiedad de un consorcio empresarial en el que participaba la transnacional española.

Junto a los ejemplos de “políticos giratorios” españoles que pasaron al directorio de Telefónica tras dejar el gobierno, con Rato y Zaplana como protagonistas destacados, encontramos situaciones parecidas en otros países latinoamericanos: como señalaba el año pasado el presidente de Telefónica Latinoamérica en el foro Invertir en Colombia, una muestra de la estrecha relación que mantienen el Gobierno colombiano y su empresa es que el entonces ministro de Hacienda, Mauricio Cár­denas, formaba parte de la junta directiva de Telefónica Colombia. Asimismo, en las últimas semanas se ha sabido que José Dirceu, el exministro brasileño que está siendo investigado por el caso de corrupción en la petrolera estatal Petro­bras, recibió dinero a cambio de contratos por parte del empresario mexicano Carlos Slim, del vene­zolano Gus­tavo Cisneros y de Telefónica.

Pedro Ramiro, coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

Fuente: Diagonal, nº 244, abril 2015