La década de los 80s fue una década pérdida para Latinoamérica. En el caso de los países centroamericanos y Honduras en particular, se evidenció no sólo una crisis económica generada por el sobreendeudamiento externo, sino también una crisis política que se atribuyó al triunfo de la Revolución Nicaragüense vista como amenaza para las incipientes democracias de los países e intereses geoestratégicos del gobierno de los EEUU.

En Honduras fueron tiempos de oscuridad por la pérdida de la soberanía nacional, las torturas y violaciones sistemáticas de los derechos humanos y el debilitamiento del Estado y sus instituciones democráticas, aun cuando los militares habían cedido el poder después de 17 años.   El programa de estabilización económica y ajuste estructural de inicios de los 90s, profundizó la crisis ya que sumó el creciente deterioro de las condiciones de vida de la población, el debilitamiento del Estado y privatización, corrupción y la mercantilización de la política.

La economía y la democracia hondureña tuvieron un respiro después de los efectos negativos del ajuste económico impulsado por el presidente Rafael Callejas (1990-1993) y los “Chicago Boys” chilenos con Arnold Haberger a la cabeza, y economistas hondureños como Benjamín Villanueva y Ricardo Maduro. Este respiro, sin abandonar los postulados básicos del modelo neoliberal, consistió en ejecutar una política económica menos ortodoxa (devaluación controlada por el BCH por ejemplo), reconocimiento de conquistas salariales a grupos de interés como maestros y médicos, ajuste de sueldos de empleados públicos, apoyo a la producción de alimentos, reforma agraria posible y ampliación de la compensación social, pero también en lo político al comprometerse los gobiernos con la Comunidad Internacional para garantizar la alternabilidad en el poder y fortalecer las instituciones y organizaciones de participación y representación política y social, volviendo menos visible el protagonismo de las FFAA.

El sobreendeudamiento externo que se profundizó después del paso del Huracán Mitch tiene explicación en las políticas “activas” impulsadas para reconstruir el país y ensanchamiento de ciertos desequilibrios fiscales y monetarios, compensado con la condonación de la deuda externa y la vigencia de una Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza (ERP), por ser Honduras uno de los países más endeudados. El sacrificio del pueblo hondureño fue enorme, ya que el peso de la política económica contractiva en el gobierno de Maduro afectó más a las familias de menores recursos y aquellos que dependen de ingresos monetarios fijos pero bajos y temporales. 

Después del golpe de Estado de Junio de 2009, se pensó que Honduras retomaría la senda de la democracia representativa y participativa, sin más violaciones sistemáticas de la Constitución de la Republica y de derechos elementales de los ciudadanos.  Las organizaciones defensoras de derechos humanos pensaron que con la convocatoria a elecciones generales a finales de 2009, la toma de posesión de un nuevo gobierno y la reinserción de Honduras en el concierto de naciones, esos días, semanas y meses de oscuridad serian cosa del pasado. Es más, se pensó que con el Acuerdo de Cartagena que permitió el retorno de Manuel Zelaya al país y la inscripción del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), la oscuridad quedaría enterrada.

El gobierno de “Pepe” Lobo (2010-2013) se considera uno de los más corruptos de la historia de Honduras, incluso superior al gobierno del Cambio y Ajuste Estructural del expresidente Rafael Leonardo Callejas. Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos continuaron y se legitimó la impunidad y el fraude electoral.  Desde el Congreso de la Republica operó un gobierno paralelo con Juan Orlando Hernández a la cabeza, ejerciendo con la aplanadora mayoritaria de sus diputados, control directo de las finanzas del Estado y emitiendo leyes dañinas para la soberanía nacional y su población, caso del empleo por hora, las ZEDEs, las alianzas públicas-privadas con contratos secretos, cementazo, camarazo, lanchas diabólicas, la ley hipoteca, etc.Pero también, ampliando y consolidando su poder al controlar la Fiscalía General de la Republica,  Corte Suprema de Justicia e incluso el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

Las elecciones generales de 2013 ganadas por Juan Orlando Hernández en forma fraudulenta según los líderes de la oposición política, no le permitió tener la mayoría del voto de la población (obtuvo el 34% de los votos totales válidos), ni a su partido tener mayoría simple de diputados en el Congreso Nacional; pero no ha sido impedimento para gobernar sin una verdadera oposición política como sucede en otros países. Unos de los pocos fracasos que ha tenido, es no lograr la aprobación  para elevar el rango constitucional de la Policía Militar de Orden Publico (PMOP), iniciativa rechazada por los diputados de la oposición aglutinados en una coalición del partidos políticos después que el abogado Mauricio Villeda, presidente del partido liberal, se diera cuenta que la alianza con el Partido Nacional era una trampa del Ejecutivo para aprobar los proyectos de ley que le interesan  al presidente de la República.

Recién el expresidente Rafael Callejas, los dirigentes del partido nacional y diputados, celebraron el falló de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que permite hablar de reelección presidencial y allana el camino para que Juan Orlando Hernández, el mejor presidente de Honduras según la prensa mediática, sea reelecto. Un grupo de diputados del Partido Nacional, entre ellos un profesor universitario de derecho constitucional, y el propio expresidente Rafael Callejas solicitaron a la Corte Suprema la interpretación de un artículo pétreo de la Constitución con el propósito de permitir la reelección presidencial, y la Corte a través de la Sala Constitucional falló favorablemente.

Uno de los magistrados de esa sala y afiliación liberal, se retractó del fallo emitido pero a decir de Rafael Callejas ya era muy tarde para tener peso de conciencia. Los partidos de oposición han impugnado este fallo y acusado a los magistrados de traición a la patria, aun cuando el decreto fue publicado en el diario oficial la Gaceta. Otros diputados son de criterio de inhabilitar el fallo, pero la oposición no alcanza la mayoría calificada en el Congreso de la República. Para dirigentes del partido LIBRE, este fallo es violatorio de la Constitución de la República ya que solo un poder constituyente puede reformar o derogar dichos artículos pétreos creados por un poder constituyente anterior, por lo que se debe convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

La esperanza de hombres de fe como Don Jorge Bueso Arias, un banquero del occidente del país tachado de honrado y de ideas progresistas, es que la elección sea alterna y no continua; pero han surgido oráculos del lado oscuro del Partido Nacional que interpretan el fallo como mandato al Congreso de la República para que la elección sea continua y Juan Orlando Hernández participe como candidato en las elecciones internas y generales. En el fondo se busca que Juan Orlando Hernández no use el poder actual para beneficio propio, y el partido de gobierno tenga que improvisar un candidato para las elecciones de noviembre de 2017.  La forma y modalidades de la elección debe definirlas el Congreso de la Republica, y allí es donde se espera que de darse, la elección sea alterna.

Mientras tanto, las organizaciones populares (campesinos y trabajadores), grupos de interés como los maestros y enfermeras, los estudiantes, organizaciones de sociedad civil y las bases de los partidos de oposición preparan sus pancartas para protestar el 1 de Mayo sobre un hecho violatorio de la reglas de la democracia representativa pero consumado por el poder de un gobierno autoritario. La protesta pública y la unificación de la oposición política es quizá una de las principales armas contra la oscuridad que se avecina, en una coyuntura caracteriza por la invisibilidad de un actor silencioso (FFAA) pero dispuesto a reconquistar el poder como única salida frente a la nueva crisis política que se avecina.

Tegucigalpa, DC, 27 de abril de 2015