Hace apenas 25 años, la gran mayoría de personas no había utilizado nunca una computadora, visto un teléfono móvil ni oído hablar de Internet.  Estas tecnologías hoy están tan imbricadas en la vida cotidiana, que nuestras formas de hacer, vivir, trabajar, consumir, relacionarnos, organizarnos, se están transformando velozmente, trayendo muchos beneficios.  Internet ya es la principal base de datos mundial para fines educativos, de conocimiento, de trabajo, de consumo y otros; pero por lo mismo, hay cuestiones fundamentales de derechos e interés público, relacionados con el control y poder de decisión.  De allí que aparecen nuevos desafíos para el ordenamiento político-económico y la convivencia social, que nuestras sociedades aún no han podido procesar debidamente.

La invasión a la privacidad de las comunicaciones es quizás uno de los ejemplos más evidentes, desde las revelaciones de Edward Snowden sobre el espionaje masivo de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de EE.UU.  Pero hay muchas más áreas donde están surgiendo nuevas problemáticas, entre ellas: la potencial discriminación en sistemas automatizados de preselección de candidatos a empleos, estudios, créditos, y otros; la pérdida de derechos laborales en la nueva “economía del compartir”; o el poder desmedido de una sola empresa privada transnacional –Google– de determinar qué es visible y qué no en la base de datos y conocimientos más grande y más consultada del mundo – o sea, la Web.  Ello significa que las decisiones sobre el desarrollo de Internet, sus aplicaciones y usos tienen implicaciones para los derechos humanos, la justicia y equidad social y económica y la democracia, que requieren de un marco de políticas públicas y regulaciones, en lo nacional e internacional.

Descentralización o concentración

No cabe duda que Internet, que inicialmente se desarrolló como un sistema relativamente descentralizado, ha permitido el florecimiento de un sinfín de iniciativas de creatividad e innovación.  Es, quizás, la primera vez que la población tiene acceso a participar libremente en el desarrollo de una tecnología de punta, en lugar de ser simplemente usuaria.  Con su capacidad de adaptación en distintas escalas, esta tecnología ha mostrado su aptitud para potenciar iniciativas ciudadanas o comunitarias, bajo su propio control.  También ha contribuido a democratizar el acceso a la información, la comunicación y el conocimiento; y ha permitido la proliferación de espacios –sean abiertos o cerrados– de intercambio libre de ideas, conocimientos, creaciones, donde impera un sentido de bienes comunes y de autogestión.

Bajo conceptos como “los comunes”, el software libre y la cultura del conocimiento compartido, se están desarrollando muchas iniciativas de tecnología alternativa, que incluyen redes sociales libres, servicios de mensajería, plataformas de blogs, sistemas de seguridad, incluso un sistema alternativo de nombres de dominio, el Open Root, que es independiente del sistema del ICANN[i].

No obstante, en paralelo ha surgido otra tendencia contraria: hacia la concentración y la centralización.  Y es que, debido al llamado “efecto red”, donde los usuarios confluyen hacia el servicio más exitoso, Internet se ha prestado también a la conformación de grandes monopolios, con una acumulación económica inédita, y con la consiguiente concentración de poder[ii].  La “materia prima” de este enriquecimiento es el acumulado de datos (personales y otros) que los usuarios entregan –muchas veces involuntariamente– a estas empresas a cambio de servicios “gratis”; datos que son vendidos a anunciantes, que constituyen la clientela predilecta de estas empresas; mientras que los usuarios, en tanto potenciales consumidores, se vuelven el “producto”.  Es más, para afianzar el control, los espacios públicos se han ido cercando con “murallas”, dentro de las plataformas privadas de las redes sociales digitales, donde las reglas son definidas por la empresa proveedora.

A la par de esta segunda tendencia –y ahora sabemos que con una colusión directa–, se ha universalizado la vigilancia por parte de agencias de seguridad, principalmente de EE.UU. y sus cuatro aliados anglófonos (Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelandia – que conforman los llamados 5 Ojos), desconociendo cualquier límite geográfico, legal o ético.  Su meta es recabar toda la información posible, de todo el mundo, sobre todos los temas y guardarla indefinidamente.  Es sabido que otros gobiernos nacionales también incursionan en mayor o menor medida en tales actividades, dentro o fuera de la legalidad, si bien no en escala tan masiva.  Es más, al menos unos 30 países están desarrollando armas cibernéticas, lo que nos podría encaminar hacia una situación de guerras en y a través de Internet, que trae el riesgo de escalar a otros niveles de guerra.[iii]

Entre estas dos tendencias contrarias –descentralización, o concentración/ vigilancia/ armas cibernéticas–, la balanza se está inclinando peligrosamente hacia la segunda, con graves consecuencias potenciales para los derechos humanos y la justicia social y económica, e incluso para la misma democracia.  Esto ocurre porque las fuerzas del mercado empujan fuertemente hacia la concentración; pero también porque el desarrollo tecnológico de Internet no ha priorizado debidamente la seguridad de los usuarios.  A ello se añade que existen pocas medidas en términos de legislación y políticas públicas destinadas a ponerle cierto orden.  Incluso hay casos donde la legislación va en sentido contrario, sacrificando la seguridad y privacidad de los usuarios, supuestamente para proteger a la población del terrorismo, aunque sin evidencias de que sea efectivo.

Enfrentamientos legales

Diversas iniciativas recientes están reactivando el debate en torno a los derechos digitales en el mundo.  Numerosos gobiernos han adoptado políticas para garantizar la neutralidad de la red.  En Brasil y algunos países de la Unión Europea se encuentran legislaciones entre las más avanzadas para los derechos en Internet.  Es más, Alemania y Brasil están liderando una iniciativa en la ONU sobre privacidad, luego de las denuncias de Snowden, uno de cuyos resultados es que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU nombró hace poco un relator especial sobre privacidad.

Inevitablemente, tarde o temprano, la defensa de los derechos digitales implicará enfrentar el poder desmedido de las grandes empresas transnacionales de Internet.  Como nuevo ejemplo de ese poder, este 21 de abril 2015, Google cambió unilateralmente el algoritmo de su buscador para móviles, de manera que las búsquedas ya no tomarán en cuenta los sitios considerados “no amigables” al móvil.  O sea, ya no cuenta el contenido, ni la reputación o popularidad del sitio, sino la capacidad de instalar tecnología para móviles, lo que pone en desventaja a muchos sitios de bajos recursos.

Recordemos que más del 60% de las búsquedas en la Web a nivel global (y alrededor de 90% en Europa y América Latina) pasan por Google.  La empresa tiene el poder de determinar qué contenidos se privilegian en el horizonte de los internautas y cuáles no se verán nunca.  Pero, ¿con qué legitimidad se ha auto-otorgado ese poder?  Justamente días antes, la comisionada antimonopolio de la Unión Europea acusó formalmente a Google de abusar de la posición dominante de su buscador, porque sus algoritmos secretos privilegian ciertos contenidos propios sobre otros en los resultados de búsqueda.  Google ha anunciado que lo litigará en las cortes y el juicio podría durar años.  ¿Cuántos gobiernos tendrán la capacidad de lidiar con gigantes como Google, y aun si lo hacen, qué tanto afectará el poder de las empresas?  Recordemos que Google tiene también el gmail, segundo servicio de correo en el mundo; el sistema Android que capta 76% del mercado de smartphones; Youtube, que domina el video online; y es de lejos el mayor vendedor mundial en el enorme mercado de publicidad en línea.

Ahora bien, no son solamente las corporaciones privadas que están en la mira de la defensa de derechos en Internet, sino también ciertos gobiernos y sus agencias de seguridad.  Un estudio que acaba de publicar la Comisión Global sobre Gobernanza de Internet, titulado “Hacia un pacto social para la privacidad y la seguridad digital”[iv], constata el riesgo actual de la erosión de confianza en Internet y advierte que “Los individuos y las empresas deben ser protegidos tanto del abuso de Internet por terroristas, grupos cibercriminales, como de los excesos por parte de gobiernos y empresas que recolectan y utilizan los datos privados” (p. 9). De conformidad con el derecho a la privacidad reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el estudio afirma que: “el rol de un gobierno debe ser de fortalecer la tecnología de la cual depende Internet y su uso, no debilitarla” (p. 10).  El informe insiste en el reconocimiento de la privacidad como derecho humano fundamental; y apela a mayor transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos; y proporcionalidad en la vigilancia, conforme a la legislación nacional e internacional de derechos humanos.  Demanda también mayor responsabilidad de las empresas que recolectan datos de usuarios, tanto para garantizar la seguridad de los mismos, como para informar y consultar debidamente a los usuarios sobre su uso.

Presidida por el ex primer ministro sueco y líder del partido conservador, Carl Bildt, la Comisión Global sobre Gobernanza de Internet está compuesta por un grupo de alto nivel de 29 personas con influencia en los círculos de políticas de Internet, incluyendo ex altos funcionarios de la seguridad e inteligencia estadounidense y británica.  Resulta significativo que un grupo principalmente del establishment ya reconozca que se está perdiendo el equilibrio entre los intereses nacionales de seguridad y la privacidad; y que vulnerar la seguridad de los usuarios implica favorecer al crimen e incluso al terrorismo.  No obstante, en sus recomendaciones de mecanismos para avanzar, la Comisión defiende el actual modelo “multisectorial” de gobernanza, que en los hechos poco ha respondido a parámetros democráticos.[v]

En los últimos tiempos, también se han tramitado diversas acciones judiciales particulares en las cortes de Europa para comprobar hasta donde los derechos ya reconocidos deben respetarse también en el dominio digital.  Y en varias oportunidades, se ha visto un sistema judicial dispuesto a tomar posturas firmes en defensa de los derechos humanos frente a gobiernos y corporaciones privadas, y así sentar precedentes.  Tales casos incluyen un juicio en la Corte de Justicia Europea contra Facebook por la seguridad y trato de los datos de usuarios europeos, en vista de su colaboración con agencias de inteligencia en programas como Prism.  La misma Corte también respaldó el “derecho a ser olvidado” (o sea, a solicitar la eliminación de datos personales de los buscadores).  En otro caso, un tribunal de Reino Unido reconoció el derecho de usuarios del navegador Safari de Apple a reclamar a Google por haber retenido y vendido sin su autorización datos sobre sus hábitos privados de navegación[vi].

Por su parte, en 2014, la misma Corte Europea invalidó parcialmente la Directiva de Retención de Datos de la UE, de 2006, al considerar que obligar a los proveedores de comunicación a retener todos los metadatos (o sea, quien comunica con quien) interfiere indebidamente con los derechos fundamentales de privacidad.

En cuanto a los países del Sur, pocos tendrían la capacidad de enfrentar a las corporaciones de Internet en las cortes.  De hecho, más bien algunos les están abriendo aún más las puertas, acogiendo por ejemplo la iniciativa Internet.org de Facebook, que supuestamente extiende el acceso de sectores pobres a Internet desde su móvil, pero que en la práctica equivale a una “Internet pobre para pobres” que de entrada les ata a las plataformas corporativas, y esto, en flagrante violación del principio de neutralidad de la red.  Hasta ahora, en América Latina, solo Chile se ha parado en firme para rechazar el ingreso de Internet.org [vii].  Por supuesto, es valioso pensar en alternativas para que las comunidades empobrecidas pueden acceder a la tecnología, pero hay otras opciones posibles que no implican la dependencia de los espacios corporativos, como por ejemplo la iniciativa guifi.net de Cataluña, que ha sido premiada por interconectar comunidades con equipos autogestionados a muy bajo costo.

Hacia un Foro Social de Internet

Está creciendo el entendimiento de que difícilmente se podrá comenzar a alterar las tendencias actuales en la configuración de poder y el sistema de gobernanza de Internet, si no se construye un amplio movimiento social de presión con este fin.  Como contribución a este propósito, a inicios de 2015, diversas organizaciones lanzaron la idea de organizar un Foro Social de Internet (FSI), con el carácter de un foro temático vinculado al proceso del Foro Social Mundial (FSM).  Más de 80 organizaciones[viii] se han sumado al llamamiento inicial y la iniciativa fue debatida en el FSM en Túnez, en este mes de marzo.

El FSI[ix] se presenta como un espacio para debatir sobre “la Internet que queremos y cómo construirla antes de que la revolución del conocimiento y del acceso a la información sea secuestrada irremediablemente por los intereses corporativos y las agencias de seguridad, incrementando el nexo de corrupción entre la política y el dinero”.[x]

La intención es sumar a una amplia gama de organizaciones, movimientos sociales y luchadores y luchadoras sociales que comparten este objetivo, ya que Internet se ha convertido en una herramienta y espacio de intercambio y consulta indispensable para el trabajo organizativo y las causas sociales.  Con ellas se propone crear un mecanismo democrático de organización del FSI, que, entre otros aspectos, definirá las modalidades, el lugar y la fecha del Foro.

¿Por qué el formato de un Foro Social?  La convocatoria expone que el Foro Social de Internet (FSI) está inspirado en los procesos del Foro Social Mundial (FSM) y su visionaria convocatoria de que “Otro mundo es posible”, adoptando el lema de que “Otro Internet de los pueblos es posible”.  Recordando la Carta de Principios del FSM, que apela a un proceso de globalización diferente al “comandado por las grandes corporaciones multinacionales y por los gobiernos e instituciones que sirven a sus intereses”, el FSI apuesta “a un Internet desde abajo, controlado por el pueblo, incluyendo a quienes aún no están conectados”[xi].

Sally Burch, periodista de ALAI.

Artículo publicado en: América Latina en Movimiento 503, ALAI abril 2015.  “Hacia una Internet ciudadana”.  http://www.alainet.org/es/revistas/169246