Desde 1982, cuando estalló la crisis de la deuda externa, y sobre todo a partir de León Febres Cordero (1984/1988), Ecuador construyó un modelo empresarial de desarrollo inspirado en el neoliberalismo, que todos los gobernantes consolidaron en la década de los noventa, bajo un marco internacional en el cual el derrumbe del socialismo de tipo soviético provocó la hegemonía mundial de  EE.UU., la globalización del capitalismo transnacional y el triunfo de la economía de libre mercado.

El poder político en Ecuador pasó a identificarse abiertamente con los intereses de la empresa privada; y en esas condiciones el retiro y privatización del Estado ocasionaron la desinstitucionalización de las funciones de gobierno, el deterioro de los servicios públicos, la ruina del gasto social y el freno de la obra pública.

Acompañaron los criterios de precarización y flexibilización del trabajo, los mecanismos neofordistas y neo-tayloristas de rendimiento laboral (intensificación de la eficiencia productiva de la fuerza de trabajo), el debilitamiento de los derechos laborales consagrados por el Código del Trabajo y la búsqueda de mecanismos para privatizar la seguridad social, que Sixto Durán Ballén quiso alcanzar con una consulta popular (1995) para establecer administradoras de fondos de pensiones (AFP) privadas.

El ambiente antiobrero llegó a tales niveles, que las cámaras de la producción y los empresarios políticos proponían: aumentar la jornada a 44 y 48 horas semanales, congelar alzas salariales, vincular los salarios a la productividad, estabilidad laboral sujeta al rendimiento y al “compromiso ético” con la empresa (incluso suprimir el pago por horas extra), introducir el concepto de “trabajador plurifuncional” (ejecutar diversas tareas por el mismo pago), facilitar los despidos, recortar o suprimir indemnizaciones, fijar topes o abolir el reparto de utilidades, eliminar los décimos sueldos (existían 13º. 14º. 15º. y 16º. sueldos) para lograr la “unificación salarial”, restringir el derecho sindical así como los de huelga y contrato colectivo, introducir el trabajo por horas y el tercerizado, fomentar el sistema de maquilas, etc.

Varias de esas demandas empresariales fueron conquistadas desde 1984. Las leyes Trole I y Trole II (2000) expedidas por Gustavo Noboa, suprimieron la 15ª. y 16ª. remuneraciones, prohibían toda indexación salarial (subir remuneraciones de acuerdo con la inflación), flexibilizaban otros derechos laborales e introdujeron el trabajo por horas, que Lucio Gutiérrez (2003/2005) amplió, adoptando también la tercerización. El principio prolaboro, que fundamenta toda ley o código sobre el trabajo en el mundo, fue desconocido en la práctica diaria y por el Ministerio del Trabajo.

Además, entre 1985 y 2006, ninguno de los gobiernos cumplió con el aporte estatal del 40% para la seguridad social fijado obligatoriamente por la ley (desde 1942) y el IESS fue conscientemente colapsado.

Este era el cuadro del trabajo y de la seguridad social en Ecuador hasta el año 2006, que no puede olvidarse.

- Juan J. Paz y Miño Cepeda, historiador ecuatoriano, es coordinador del Taller de Historia Económica. http://puce.the.pazymino.com

EL TELÉGRAFO - Primer Diario Público, Ecuador, lunes 11 de mayo de 2015