En EEUU fue truncado debate sobre el “Fast Track”

Los banqueros están preocupados por la ofensiva norteamericana que mantiene a ese sector en la lista gris del mundo financiero. Más que un problema económico, es un mecanismo de presión política de Washington contra los centros de lavados que compiten con sus propias redes en varios estados. Al mismo tiempo, sin embargo, en el radar del gobierno panameño no aparece lo que el Senado de EEUU estaba a punto de aprobar[1] en materia de intercambio comercial que mueve todo el piso del tratado de promoción comercial firmado hace pocos años. Se trata de la Autoridad de Promoción Comercial (Trade Promotion Authority - TPC) que contiene líneas de acción que van mucho más allá de los intereses comerciales.

Panamá firmó con EEUU un ‘Tratado de Promoción Comercial’ que en pocos años ha arruinado el agro, la industria, la pesca y ha abierto la economía a la especulación con las exportaciones norteamericanas. EEUU se siente satisfecho con su éxito en Panamá. En cambio, los productores, consumidores y, en general, todos los panameños se sienten engañados por los gobiernos de turno por la entrega del futuro del país a los piratas internacionales.

El gobierno del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, se destacó creando negocios turbios aprovechando las políticas de comercio acordadas con EEUU. El actual presidente Juan C. Varela ha actuado subiendo los aranceles a los productos agrícolas del cero por ciento al 10 por ciento. EEUU, en cambio, no le pone aranceles a los productos que importan considerados estratégicos (alimentos, textiles y otros). Simplemente, prohíbe su importación.

La nueva legislación norteamericana también señala que todo acuerdo con otro país puede ser ignorado por EEUU si así lo decide el gobierno de Washington. En cambio, EEUU no le permite a su ‘socio’ modificar ni presentar una solicitud de cambio de lo pactado. Panamá está actualmente obligada a disminuir los aranceles a los productos alimenticios del país poco a poco en los próximos diez años. Al mismo tiempo, presenciamos la agonía y muerte del sector agrícola del país.

Las actividades agropecuarias de Panamá constituyen un baluarte de la economía nacional y de la estabilidad política del país. A menor producción en las áreas rurales, mayor inestabilidad (crimen organizado, corrupción y pandillas) en las ciudades. Igualmente, el cierre de industrias golpean a las familias panameñas que se desintegran creando un vacío en los sistemas educativos y comunitarios.

Según Humberto Mazzei, la nueva legislación norteamericana instruye al ejecutivo (presidente de EEUU) a extender los acuerdos comerciales para que engloben sectores no comerciales. El Congreso de EEUU introdujo un nuevo concepto al hablar de ‘cadenas globales de valor’. Es un concepto que da “mucho mayor valor a la propiedad intelectual y a la inversión de capital en el valor final de un producto, que al trabajo, los materiales y cualquier otro insumo local de la producción”. Katú Arkonada plantea que “a pesar de que desde 2007 China es la principal productora de software y hardware, el 84 por ciento de las ganancias en este rubro siguen estando en manos de capitalistas de EEUU”.

Según el nuevo ordenamiento del Congreso de EEUU, el presidente de EEUU debe intervenir en otros países para asegurar que pongan en práctica políticas que beneficien a ese país. Panamá no tiene una política que defienda sus intereses en el mundo político y menos económico. Sólo sigue la línea del más poderoso. En la década de 1970, cuando el gobierno panameño negociaba con EEUU los Tratados del Canal, el país tuvo una política exterior coherente. Teníamos presencia en el Consejo de Seguridad de la ONU y su representante llegó a ocupar la Presidencia de la Asamblea General.

Según Mazzei, en medidas sanitarias y fitosanitarias (EEUU quiere) imponer sus propios patrones y reemplazar las normas internacionales. En el caso de Panamá ya logró imponer sus propias normas como patrón y que se acepten productos, entre otros, con organismos genéticamente modificados de EEUU.

Otro objetivo es reducir o eliminar subsidios de otros países, aunque los de EEUU son los más altos del mundo. Según Mazzei, este objetivo está “impregnado de cinismo”. En 2012, EEUU subsidió con US$139,5 mil millones a sus exportaciones agrícolas. En la OMC, EEUU denuncia a la India, que en 2010 gastó US$58 mil millones en ayuda a sus campesinos. Cada agricultor norteamericano recibe US$58 mil en subsidios. En cambio, cada agricultor de la India recibe sólo US$ 98.

- Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA). www.marcoagandasegui14.blogspot.com, www.salacela.net