Foto: Honduprensa.hn

Después del paso del huracán Mitch a finales de 1998, hubo un cambio de agenda de la cooperación internacional en Honduras.  El principal instrumento para ello fueron los acuerdos para la cooperación, reconstrucción nacional, combate de la pobreza y protección de los derechos humanos firmados en Estocolmo, Suecia. El gobierno de la República encabezado por Carlos Flores Facussé presentó el Plan Maestro para la Reconstrucción y Transformación Nacional (PMRTN) en mayo de 1999, como la antesala a la aprobación de la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza (ERP), resultado del ingreso de Honduras a la Iniciativa de Países Pobres Severamente Endeudados (HIPC).

El PMRTN buscaba la rehabilitación y reconstrucción del país, la dinamización de los sectores productivos con metas de generación de 253,000 mil nuevos empleos, reducción de la pobreza en 5 puntos y tasas de crecimiento del PIB anual arriba del 5% entre 2000-2001, aumento de las exportaciones agrícolas en 500 millones de dólares para el año 2005, mantener la tasa de inflación en un digito, déficit fiscal de 2%/PIB y reservas internacionales para tres meses de importación.  Pero también garantizar que los recursos asignados no fueran robados, creando un mecanismo de seguimiento conjunto entre el gobierno y la cooperación externa, denominado Grupo Consultivo.

En este marco surge el G16, el grupo de cooperación multilateral y de países para el desarrollo de Honduras. Inicialmente, funcionó como un grupo de apoyo a estas iniciativas y para el cumplimiento de los objetivos y metas de la ERP. Con el apoyo decisivo del PNUD y la Cooperación Sueca, el grupo evolucionó a una instancia que también canalizaba demandas de la sociedad civil al gobierno, y supervisión del uso de los fondos asignados anualmente para el combate de la pobreza observando los principios de territorialidad., descentralización, género, participación y transparencia.

No se sabe por qué el G16 abandonó estas funciones, para focalizarse en una agenda restringida y compartida solo con el gobierno.  Una pista es el cambio de las reglas del juego por el gobierno del presidente Zelaya que propuso una nueva ERP denominada reforzada y modificó los criterios para asignar los recursos a los gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil, lo que le valió la protesta pública de la Agencia de Cooperación Sueca (Asdi) que abandonó el país en fecha posterior. Otro argumento es el alineamiento de las agendas de los cooperantes con las del gobierno en el marco de los compromisos asumidos en la declaración de París, Francia, sobre armonización, apropiación y alineamiento; pero también fue evidente que después del golpe de Estado, el G16 haya priorizado sus intervenciones en las evaluaciones de los resultados obtenidos relacionados con la Visión de País (2010-2038) y Plan de Nación 2010-2022 (en desuso) y las prioridades de política del gobierno

En febrero de 2014, después de la toma de posesión del nuevo gobierno, el G-16 demandó del presidente Hernández la vigencia de políticas de desarrollo inclusivo en materia económica y social, respeto y protección de los derechos humanos y fortalecimiento de la institucionalidad pública.  Entendido el primero como un desarrollo pro-pobre y no como compensación social, el segundo como reducciones sustanciales en los casos de violaciones de dichos derechos, incluyendo el derecho a la participación social y política, alimentación y trabajo justo donde más de la mitad de los jóvenes no tienen empleo; y el tercero como una institucionalidad del Estado más democrática y trasparente, no como existe actualmente: más autoritaria y corrupta.

Aun cuando los problemas de exclusión económica y social, violaciones de los derechos humanos y corrupción persisten, a finales de 2014 el G-16 exigió resolver los temas políticos, como la representación electoral, el financiamiento de las campañas políticas y la inconstitucionalidad de la relección presidencial que puede profundizar las diferencias politico-ideologícas en la sociedad hondureña. Hay poco avance en lo primero, no así en el tema de relección presidencial que incluso el presidente de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado a favor. Pero felicitó al Presidente Hernández por sus logros en el tema de combate de la corrupción (¿Cuáles logros diría Salvador Nasralla?), estabilidad económica y derechos humanos.

Más recientemente, el G-16 presidido por el Embajador de España, Miguel Albero Suárez, felicitó de nuevo al gobierno por sus avances en el tema económico, transparencia, reforma del Estado (venta de territorio, empresas y despido de empleados), efectividad de la compensación social, alineamiento de la cooperación con los objetivos y metas del Plan de Nación (2010-2022) y la espera de los fondos para el Plan de la Prosperidad de la Alianza del Triángulo Norte. Estas felicitaciones ocurren cuando las organizaciones de sociedad civil, obreras, campesinas, los partidos políticos de oposición, estudiantes, médicos, enfermeras, etc., protestan por el desvío de cerca de 2,000 millones de lempiras de los fondos del IHSS a la campaña política del Partido Nacional, y contra el velado continuismo de Juan Orlando Hernández.

Hay que cambiar la agenda del G-16 más allá de los resultados mediáticos que pueda alcanzar el gobierno.  Una manera de hacerlo, tal como sucedió con el PMRTN, es preguntarse ¿Cuánto debe reducirse la tasa de desempleo abierto? ¿Cuánto debe ser el nivel mínimo de inversión pública para aumentar el PIB? ¿Cuánto debe reducirse la pobreza, indigencia y el hambre? ¿Qué hacer para garantizar la soberanía alimentaria amenazada por el monocultivo y las importaciones de alimentos sin control? ¿Cuándo estará lista la nueva ley electoral? ¿Cuándo se conformara la comisión contra la impunidad pedida por Salvador Nasralla de PAC? ¿Cuándo estarán presos los corruptos de cuello blanco del robo al seguro social? ¿Por qué no debe permitirse la relección presidencial? ¿Cuántos defensores de derechos humanos, campesinos e indígenas deben salir de la cárcel? etc.

Otra manera de hacerlo es no entregar los fondos externos de la cooperación sino se clarifican los actos de corrupción denunciados por la oposición política y social, sanean las instituciones encargadas de impartir justicia y auditar los fondos públicos, incluyendo al Tribunal Superior de Cuentos (TSC), y se establece un compromiso para eliminar la impunidad con metas claras.

Es importante que el G-16 retome el rumbo perdido, acercándose más a las organizaciones sociales y políticas, a efecto de canalizar dichas demandas al gobierno y construir un diálogo abierto para una agenda de todos.

Tegucigalpa, DC, 1 de junio de 2015