Cada día aparecen más casos de sobornos ligados a la corrupción de funcionarios públicos por empresas privadas especializadas en el manejo de proyectos de dudosos antecedentes. Los más recientes son Odebrecht y Andrade – gigantes constructoras – de Brasil. Igualmente, la Distribuidora Metropolitana S.A. – Dimesa - de Honduras (vinculada a GENISA). Se puede sumar el caso de la ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo. En los dos primeros casos, sus presidentes fueron encausados y se encuentran bajo órdenes cautelares. Las tres empresas tienen fuertes vínculos con políticos panameños insertos en el engranaje gubernamental y también con altos funcionarios de gobiernos pasados.

Los casos de soborno de Brasil, según fuentes informativas, le causaron pérdidas por 2 mil millones de dólares a la empresa pública Petrobras. La mayor parte del dinero obtenido por los gigantes de la construcción brasileña Odebrecht y Andrade Gutiérrez, mediante diferentes actos de corrupción, era depositada en cuentas en otros países, entre los que sobresalen Panamá, Suiza y Mónaco.

Según los fiscales brasileños, “Odebrecht y Andrade Gutiérrez capitaneaban un esquema de cartel dentro de Petrobras". Manejaban un sofisticado esquema de pagos ilegales a ex-directivos de Petrobras en países como Panamá. El fraude en la gigante petrolera “amañaba licitaciones para adjudicarse obras contratadas por la estatal entre 2004 y 2014”. Según fuentes informativas, “los sobornos pagados para obtener las concesiones fueron destinados a financiar partidos políticos y a engrosar fortunas personales. Entre los investigados se destacan dos gobernadores, 13 senadores y 22 diputados en funciones”.

Andrade opera en 40 países. A su vez, Odebrecht tiene oficinas en 21 países, facturó más de 40 mil millones de dólares en 2014 y tiene una planilla con 181 mil empleados. (El gobierno panameño tiene una planilla con una cantidad similar de empleados). En la actualidad, Odebrecht construye un par de metros en las ciudades de Río de Janeiro y Panamá, respectivamente.

En Panamá, Odebrecht ha facturado cerca de 8.5 mil millones de dólares en poco más de cinco años. Llegó al país de la mano del presidente Martín Torrijos para construir la Cinta Costera de la capital y desde entonces ha ganado licitaciones en los gobiernos de Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (quien cumple su primer año como presidente la próxima semana).

No se queda atrás otro amigo de los gobernantes panameños, el empresario Luis Shucri Kafie, de nacionalidad hondureña, quien se ha hecho renombre por su papel como líder de Generadoras del Istmo SA – GENISA – constructora de la represa de Barro Blanco realizada contra viento y marea. La represa -sobre el río Tabasará - afectará a la Comarca Ngobe Buglé. Es rechazada por el pueblo indígena y la opinión pública panameña.

Kafie perdió su libertad recientemente en Honduras al ser acusado de desfalco contra la Caja de Seguridad Social por 118 millones de dólares a través de DEMISA. Kafie es, también, ejecutivo de Luz y Fuerza de San Lorenzo (LUFUSSA). Kafie, además, es directivo de la generadora termal de La Chorrera en Panamá.

En estos momentos el gobierno del presidente Varela negocia con dirigentes del pueblo ngobe sobre el futuro de la represa de Barro Blanco. Los representantes indígenas rechazan categóricamente la hidroeléctrica en Barro Blanco. Alegan que pondrá en peligro la vida de muchas comunidades y la integridad de la comarca. Además, los voceros populares señalan que la construcción de la represa fue posible gracias a la intervención de la policía del ex-presidente Martinelli. En 2011 murieron tres indígenas en incidentes relacionados con las protestas contra el proyecto.

Varela no descarta la posibilidad de continuar el proyecto de Barro Blanco bajo la dirección de GENISA de Kafie. También baraja la opción de poner fin a esa concesión y entregarle el proyecto a una tercera empresa. El conflicto en Barro Blanco trasciende los sobornos del empresario hondureño y sus posibles socios en Panamá.

En la larga lista de casos de corrupción en Panamá, también se destaca Hidalgo & Hidalgo, empresa ecuatoriana que, junto con funcionarios del ex -mandatario Martinelli, confabularon para ganarse en 2012 un proyecto de riego en el distrito de Tonosí (provincia de Los Santos) por 155 millones de dólares que nunca despegó. En este caso hay dos empresarios ecuatorianos privados de libertad y varios funcionarios panameños con medidas cautelares. Entre los empresarios panameños se destacan el ex-vicepresidente Felipe Virzi (con una medida de casa por cárcel) y sus socios más allegados que se encuentran fuera del país.

25 de junio de 2015

- Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA) 

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