La existencia y funcionamiento del paramilitarismo es el corazón mismo de todos los litigios del régimen político prevaleciente en la sociedad colombiana.

Lo es en la superación del largo conflicto armado nacional que avanza en su solución mediante las conversaciones que se realizan desde hace casi cuatro años entre representantes del Estado y delegados de las Farc en La Habana. En el Acuerdo especial para la terminación del conflicto se determinó que “en el marco de lo establecido en el Punto 5 (Víctimas) de este acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo”. Problemática que la delegación santista evade con el sofisma de que esta ya no existe por ningún lado o punto del territorio. Sin embargo, los hechos desmienten tal conclusión, esas bandas criminales siguen operando con otros nombres y marcas pero con la misma gravedad en sus prácticas violentas y de terror.

Lo es también, en la presente crisis surgida en la frontera de Colombia con Venezuela en los tres ejes de la línea que separa ambos territorios. El Presidente Nicolás Maduro ha señalado con mucha firmeza que desde Cúcuta y Norte de Santander se ha inundado de redes paramilitares a los municipios bolivarianos fronterizos, grupos convertidos en la infraestructura que blinda potentes mafias articuladas al contrabando de gasolina y alimentos, y la manipulación del dólar como parte de la guerra económica orquestada contra Venezuela por los Estados Unidos y la ultraderecha continental, a la que los avances de la revolución popular y democrática bolivariana se les convirtió en una tormentosa pesadilla, como en su momento ocurrió con la revolución cubana.

El paramilitarismo no es algo circunstancial en Colombia. Es parte de la esencia del Estado. Es el régimen político con sus fuerzas armadas quien lo concibió, organizo y lo puso a funcionar para consolidar y proteger el poder político de la oligarquía que monopoliza las instituciones públicas. Existe desde los años sesenta del siglo XX y en las dos últimas décadas se ha dado su auge más pronunciado. En una de sus conocidas obras el pensador político norteamericano, S. Huntington, indica que dicha fuerza es una prolongación del poder político de los militares y las elites correspondientes.

El departamento de Norte de Santander, Cúcuta, su capital, el Área Metropolitana, el Catatumbo y el eje que se extiende hasta San Antonio y San Cristóbal, en el Estado de Táchira, es un hervidero de esa retícula criminal y sangrienta.

Políticos santistas, ultraderechistas, uribistas, mandos policiales, jefes militares, empresarios, intermediarios financieros, parapolíticos y toda la caterva delincuencial que se mueve en ese territorio considera normal y necesaria la existencia de los paramilitares como herramienta para arremeter contra el proceso revolucionario que se inició en Venezuela desde 1999 con el Presidente Hugo Chávez.

El paramilitarismo está más vigente hoy que nunca en Cúcuta y la frontera. Allí operan varias facciones. Los Uribeños, los Rastrojos, las Águilas Negras y las Autodefensas del Norte. Es una realidad que la Casa de Nariño y su tal Defensor del Pueblo, una marioneta gavirista neoliberal, desconocen cínicamente.  Los Uribeños trabajan de la mano de los comandos policiales y las brigadas militares, donde son entrenados y armados; los Rastrojos, desde Puerto Santander, se expanden por Ureña y todo el eje que llega hasta Mérida, de la mano de núcleos corruptos de la Guardia Nacional que los protegen en sus desplazamientos hasta Valencia y Caracas; las Águilas Negras protegen los directorios políticos oficialistas y sus negocios en las Casas de Cambio para manipular el dólar; y las Autodefensas del Norte, comandadas por alias Chang, un paraco uribista de Medellín, cuenta con la protección de la policía metropolitana y sus supuestos encargados de los derechos humanos.

El Alcalde de Cúcuta y otros burgomaestres de la región no son más que vulgares fichas de estas estructuras criminales. Están al servicio de las mismas facilitando la corrupción y el saqueo de los presupuestos públicos.

Pero el paramilitarismo colombiano hoy, no solo está allí. Con ocasión de las elecciones locales del próximo 25 de octubre y las campañas en curso, los caciques y gamonales de municipios y departamentos, los tienen muy activos. En eso el campeón es Uribe Vélez, a quien acompañan los parapolíticos santistas y de Cambio Radical de Vargas Lleras.

Los jefes políticos del santouribismo utilizan las bandas paramilitares para intimidar y acribillar a los grupos opositores asociados con el apoyo a la paz con justicia social e imponerse en alcaldías y gobernaciones.

Los paramilitares andan por la libre en Antioquia, Urabá,  el eje Cisneros-Puerto Berrio, el centro de Medellín apoyando a Juan Carlos Vélez el designado por Uribe, el Magdalena Medio, el Patía, el Cauca, en Putumayo, el Meta, Arauca, Magdalena, Córdoba, Sucre, Eje cafetero, Bolívar, Huila, Caquetá y en Bogotá, la capital, donde dan todo el respaldo, en Barrios y localidades, a los candidatos ligados al gobierno y al santouribismo: Peñalosa, Pardo y Pacho Santos, para impedir de tal manera el triunfo de la izquierda democrática.

Pero Santos, Uribe y sus roscas miran para otro lado. Dicen que esos son inventos de la guerrilla, la oposición y el Presidente Maduro.

Total. El conflicto armado en Colombia y las crisis permanentes con Venezuela en la frontera seguirán mientras la oligarquía colombiana siga utilizando los paramilitares como instrumento de presión, terrorismo y muerte contra los que no comparten su fementida democracia.

Hay que exigir y presionar su erradicación. La democracia ampliada de que se habla en las conversaciones de paz jamás podrá ser una realidad con los paramilitares funcionando a todo vapor, como se da en la actualidad con el respaldo y patrocinio del santouribismo.