Álvaro Uribe, ex presidente y senador por un partido que denominan abusivamente Centro Democrático, acaba de plantear 9 puntos donde marca la diferencia radical con lo que se ha venido acordando en la mesa de diálogos de La Habana. En aras a ampliar y enriquecer el debate de ideas en Colombia, vamos a intentar responder desde la otra orilla cada uno de los puntos que de manera angustiosa y vehemente plantea el vocero de la extrema derecha colombiana.

Primero una reflexión necesaria sobre lo que se conoce como el espectro político, la escala que permite el ordenamiento y ubicación de los partido entre izquierda y derecha.

El partido de Álvaro Uribe y sus seguidores, (que no es centro político sino que está en la extrema de la derecha dentro del espectro de corrientes ideológicas, y de democrático solo tiene el vocablo), es  en realidad un partido radical de extrema derecha. Si fueran consecuentes con la postura ideológica que profesan, debería llamarse partido radical de extrema derecha. De hacerlo contribuirían a que el debate de ideas se aclarara, por un lado, y, por el otro, dejara de ser esa pantomima de discusión política que históricamente han expresado a través de los grandes medios de opinión, que en el fondo conforman el otro bloque de poder con el que han incidido ideológicamente, y de manera cínica y hasta delirante sobre la opinión de la gente, sin que otro medio de impacto nacional, seriamente se oponga.

Desde esos grandes medios de opinión e influencia política, se ha conducido ventajosamente el debate de ideas en defensa del statu quo de la clase dominante y su modelo político, económico y cultural; el monólogo y conjunto de ideas y valores de los partidos de derecha, que expresan alguna diferencia en temas concretos del devenir y las decisiones de la política en Colombia. Como en este caso de los diálogos como medio para la solución política del largo conflicto armado.  

Si a las ideologías se les llamara por su nombre, se les deja a los conservadores y liberales un lugar en la derecha de la escala ideológica. Y el centro a los Verdes, Progresistas y otros que en verdad expresan una posición ideológica que se ubica en el centro de la escala política. Y a la izquierda su sitio al lado opuesto de la derecha y del centro político.

Las diferencias que plantea Álvaro Uribe sobre lo acordado en La Habana:  

1. No habrá cárcel para responsables de atrocidades a condición de confesar sus responsabilidades criminales. Para los cabecillas confesos se mencionan trabajos sociales, restricciones de libertades, pero NO CÁRCEL, sostiene el atribulado senador.

Considera que el conflicto armado, el cual no reconoce como realidad histórica cuando afirma que los alzados en armas son terroristas, no debe solucionarse por vías políticas sino a través de la guerra hasta vencer al enemigo. Como vive en esa metáfora, insiste en que los jefes de la guerrilla deben ir a la cárcel, cuando la verdad es que no fueron vencidos en combate. Olvidando mencionar que en Colombia hay miles de prisioneros de guerra en condiciones inhumanas en las cárceles, que fueron capturados o vencidos en combate.

De esta forma está desconociendo, además, una de las razones históricas que dieron origen a las guerrillas: la exclusión de la oposición política de la disputa por el poder por vías legales o institucionales.

Finalmente es contradictorio, en este primer punto, cuando afirma que las bases de la guerrilla no paguen cárcel pero los comandantes sí. No acepta para nada que el acuerdo contempla construir un mecanismo de Jurisdicción Especial para la Paz y la creación de un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, para acabar con la impunidad y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos.

2. Igualación de las Fuerzas Armadas con el terrorismo: El Gobierno ha aceptado aplicar idénticos mecanismos de justicia a terroristas y a las Fuerzas Armadas, que han sido respetuosas de la democracia y no sustentadoras de dictaduras como en otros países. Las Fuerzas Armadas, como guardianes de la Nación y no actores de conflictos con terroristas, necesitan un tratamiento digno e independiente de los criminales.

Con este acuerdo todos los soldados y policías de Colombia, quedan con el riesgo de tener que confesar crímenes que no cometieron o de irse a la cárcel. ¿Cómo sabe que no han cometido crímenes, con solo decirlo él?

En este segundo argumento, demuestra su empecinamiento en que en Colombia solo la guerrilla ha cometido crímenes durante la guerra, negando el papel histórico de las fuerzas armadas y de policía, amparadas en la doctrina de la contrainsurgencia y el “enemigo” interno con las que han sido formadas desde hace 60 años, y el papel del paramilitarismo como las responsables principales de las mayores atrocidades, crímenes de guerra y de lesa humanidad. Basta darle un repaso a los estudios juiciosos y serios, y a las denuncias y estadísticas, sobre violaciones a los Derechos Humanos en Colombia que han hecho innumerables organizaciones e instituciones internacionales como Amnistía Internacional, CICR, Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos, CINEP, etc.

3. Igualación de la sociedad civil con el terrorismo: El Gobierno ha aceptado igualar a la sociedad civil con el terrorismo, lo cual constituye grave afrenta a la comunidad colombiana, en este acuerdo convertida en victimaria, cuando durante 50 años ha sido víctima del secuestro y del asesinato narco terrorista. Cualquier ciudadano queda expuesto al riesgo de tener que aceptar un delito que no cometió como condición para no ser condenado a la cárcel.

Aquí confunde la sociedad civil con grandes empresarios, terratenientes, grandes capitalistas, trasnacionales y otros que han participado en el conflicto bien sea apoyando y financiado el paramilitarismo, o haciendo uso criminal de sus cargos (directores del DAS) para que instituciones legales y legítimas violaran Derechos Humanos y libertades ciudadanas (capturas masivas, falsos positivos judiciales) contra la oposición o contra el “enemigo interno”.  

4. El acuerdo no excluye al narcotráfico como conexo del delito político. El acuerdo no es contundente para excluir al secuestro como conexo del delito político: El Gobierno, el Presidente de la Corte Suprema y el Fiscal General han aceptado por anticipado que el secuestro y el narco terrorismo queden impunes al considerarlos conexos al delito político. Esto es un premio a delitos de lesa humanidad como la masacre de Bojayá, el carro bomba a El Nogal o el asesinato masivo de los diputados del Valle del Cauca. El narcotráfico, como financiador del terrorismo, no ha sido delito político, al contrario, ha sido una atrocidad continuada, nunca indultable.

El narcotráfico sí puede ser considerado delito conexo. Hay expertos internacionales que han demostrado que cuando éste se utiliza para financiar ejércitos que tienen propósitos políticos, puede considerarse conexo. Estados Unidos lo ha utilizado incluso como arma de guerra, cuando financió a través de operaciones de narcotráfico la contra nicaragüense en los años 80s, para derrocar la Revolución en Nicaragua.  

5. El Gobierno ha aceptado abrir a los terroristas todas las posibilidades de participación en política, sin excluir a los responsables de atrocidades.

Uno de los objetivos principales de la lucha de la guerrilla es el poder político. Sería contradictorio y fuera de toda lógica que buscaran una solución del conflicto armado a través de acuerdos en la mesa de diálogos de La Habana u otras mesas, y se negaran a participar en política. Nada más absurdo.

6. El Gobierno no ha exigido entrega del dinero del terrorismo para reparar a las víctimas. Y, en lugar de exigir la entrega de armas, el Gobierno ha aceptado la palabra dejación que equivale a que el terrorismo las mantenga y las use cuando quiera.

A Uribe lo que lo irrita es que el verbo que se usa para la terminación de la confrontación armada sea dejar. Como si entregar las armas no fuera sinónimo de dejar de usarlas. Hay experiencias históricas como la de Irlanda del Norte donde tampoco se entregaron, sino que se dejaron de usar y el acuerdo de paz fue exitoso.  

7. La indignante presencia de jerarcas de la tiranía de Venezuela que posan de acompañantes del proceso: Rechazamos la presencia de la dictadura de Venezuela que ayer no más acribilló con genocidio a centenares de familias colombianas y hoy anunció más cierres de frontera.

La derecha mundial no ha podido superar la derrota que sufrieron en Venezuela en la disputa del poder político, desde que Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales en 1998. Se empeña en llamar a un gobierno democrático, legítimo y elegido en las urnas “dictadura”. Seguramente las verdaderas dictaduras del continente para la ultraderecha latinoamericana y norteamericana, fueron necesarias como la de Chile que derrocó al gobierno legítimo de Salvador Allende en 1973, o la de Argentina que impuso una dictadura militar desde 1976, que desapareció 30.000 ciudadanos. Se empeña la ultraderecha en llamar dictadura un país y gobierno vecino que ha dado cobijo, protección y condiciones de vida digna a más de 5 millones de colombianos que abandonaron la “democracia” colombiana que les negó el derecho a la vida, al trabajo a la educación y viviendas dignas, etc.  

8. Las facultades ilimitadas al Gobierno, ley habilitante al mejor estilo chavista, y la suplantación de la Constitución para complacer al terrorismo, constituirán una nueva dictadura, avalada por el Congreso y respaldada por los fusiles y explosivos del terrorismo.

9. El Centro Democrático sigue en el compromiso de interpretar a millones de colombianos que quieren una paz estable, esto es, con justicia de verdad, que quieren una refrendación reflexiva, con las reglas vigentes, y no un plebiscito dictatorial, a millones de colombianos que nunca aceptarán el golpe de estado que se trama contra la democracia, para lo cual se aprovecha, con oportunismo sin igual, la época electoral, como sucedió en las elecciones de 2014.

El punto 8 y 9 son delirantes. Son las imágenes apocalípticas con las que juega la propaganda negra del Centro Democrático, para crear temor y ganar adeptos para la campaña de saboteo y desconocimiento de los importantes acuerdos alcanzados hasta hoy, en la mesa de diálogos entre las partes.

Están jugando sus cartas para la dura batalla política que se avecina, que deseamos sea sólo de ideas y no armada. Batalla que ya damos en todos los rincones de Colombia, en pueblos, veredas y ciudades, entre quienes se oponen al derecho del pueblo colombiano a un acuerdo por el fin de la larga y cruel guerra, y quienes trabajamos día a día porque ese acuerdo si se convierta de verdad en las bases para la construcción de una paz estable y duradera.  

Es comprensible entonces, que el vocero de la extrema derecha colombiana esté atribulado porque ayudemos entre todos a parar la guerra. Está más acostumbrado a hacerla, que dispuesto a acabarla por medio del diálogo y el debate de ideas.   

Oto Higuita

Historiador y ensayista.

oto.higuita@gmail.com