Se ha ido instalando en el último tiempo en Chile, en medio del clima de burdo chovinismo creado por las alarmistas declaraciones de variados exponentes de la casta política que nos gobierna, desde la UDI al PC, una gran preocupación por los progresos alcanzados en el ámbito internacional por la demanda marítima boliviana, insistentemente presentada a través de los medios como una importante amenaza a nuestra soberanía nacional.

A fin de dimensionar de manera apropiada el problema, resulta pertinente preguntarse entonces en qué consiste exactamente la soberanía de un país y cuáles son las maneras en que ella puede ser amagada, violada o anulada. Soberanía es, en definitiva, ejercicio del poder, por lo que la soberanía de una nación es la facultad que ella tiene de ejercer autoridad sobre sí misma, es decir, de gobernar a plenitud los asuntos que le conciernen.

La soberanía nacional concierne entonces a la nación como sujeto de esa autoridad y, por lo tanto, depende, en primer lugar, de la capacidad que tengan todos sus miembros para expresarse e incidir efectivamente en la toma de decisiones sobre sus propios asuntos. De lo contrario resulta muy fácil que las decisiones políticas que se adopten estén lejos de corresponder a los intereses de la nación y supongan, por el contrario, una cesión de soberanía a poderes o potencias extranjeras.

Cabe preguntarse entonces cuáles son los principales atentados y amenazas que hoy se ciernen sobre la soberanía de una nación y si la aspiración marítima boliviana es, efectivamente, una de ellas. Ello permitiría colocar el tratamiento de esta cuestión en sus justos términos y permitiría, además, poner a prueba el real contenido del supuesto amor a la patria que los que se consideran nacionalistas dicen profesar.

La tendencia dominante en estos últimos parece corresponder a las viejas concepciones geopolíticas que trasladan al ámbito de las relaciones internacionales la visión individualista de un sujeto, en este caso la nación erigida en base a un determinado territorio, que intenta sobrevivir y prevalecer en un ambiente selvático, circundado de enemigos y de amenazas. Se trata, obviamente, de una visión extremadamente superficial y miope de la realidad social contemporánea.

Chile, como el resto de los países de América latina, es una nación que a lo largo de toda su historia ha estado con sus "venas abiertas", según la feliz expresión de Eduardo Galeano, desangrado por la explotación a que ha sido sometido su pueblo y el saqueo de sus riquezas por el gran capital transnacional. Explotación y saqueo no solo permitido sino también fomentado y aplaudido por muchos de los que se consideran "nacionalistas".

El Estado chileno ha permanecido entonces subordinado y cediendo constantemente capacidad de decisión, es decir soberanía, ante los grandes poderes que gobiernan el mundo, permitiendo por ejemplo que los organismos internacionales controlados por éstos, como el FMI o el Banco Mundial, nos impongan permanentemente sus condiciones a favor de aquellos en el plano de las decisiones financieras y presupuestarias.

Esta tendencia se ha acentuado notablemente en las últimas décadas con la imposición de las políticas neoliberales que, en nombre de una mayor "libertad económica" se orientan a "despolitizar las decisiones económicas", minimizando el rol del Estado y desacreditando toda pretensión de que éste pueda actuar como representante de una voluntad política que busque expresar los derechos, intereses y aspiraciones de la población.

En este contexto y bajo el régimen dictatorial se consumaron las mayores pérdidas de soberanía que han afectado a Chile a lo largo de toda su historia. Tal es, por ejemplo, el caso del sistema de "concesiones plenas", ideado por José Piñera para arrebatar a la nación chilena la propiedad de sus recursos mineros y regalárselos sin más a las transnacionales. Este ha sido, sin duda alguna, el mayor golpe propinado nunca a la soberanía económica del país.

Mientras mediante la ley reservada del cobre las FFAA impusieron a CODELCO para la compra de armamentos un royalty del 10% sobre el valor total de sus ventas, las transnacionales mineras pueden explotar tranquilamente en su propio beneficio, y sin royalty de ningún tipo, con un tratamiento tributario privilegiado, los riquísimos minerales que les fueron regalados por estos celosos "defensores de la patria".

De allí que las transnacionales hayan podido llevarse anualmente, en promedio, más de 13 mil millones de dólares en la última década, sin que su presencia en el país pueda considerarse en ningún sentido beneficiosa para éste, ya que la actividad que desarrollan en él es la de limitarse a extraer y exportar recursos naturales, algo que los chilenos bien podríamos hacer por nosotros mismos y en nuestro entero beneficio.

Por otra parte, los tratados de libre comercio, y muy particularmente el TLC con EEUU –que según declaró Foxley en 2003, al momento de ser aprobado, le colocaba un candado al modelo económico neoliberal impuesto bajo la dictadura, asegurando así su continuidad–, coartan muy severamente la soberanía económica del país, debido a las normas que se compromete a mantener vigentes para garantizar y proteger el libre movimiento y operaciones de los capitales extranjeros.

Además, a pesar del presunto patriotismo en defensa del mar chileno que dicen profesar algunos politicastros, lo cierto es que la nación chilena tampoco ejerce efectiva soberanía sobre sus recursos marinos ya que, en virtud de la vergonzosa ley de pesca aprobada por ellos mismos en 2013, dichos recursos se encuentran hoy a perpetuidad a disposición de las 7 familias que controlan la pesca industrial en el país.

Todo este atropello masivo, permanente y sistemático a la soberanía de Chile no le preocupa en lo más mínimo a la casta política y a los poderes fácticos empresariales que han armado ahora un gran escándalo por la modesta demanda marítima boliviana, llamando a mantener una posición firme frente a ella. Se pierde así de vista lo mucho que tenemos en común con el pueblo de Bolivia, enfrentados, al igual que todos los latinoamericanos, a las pretensiones e imposiciones imperiales de las grandes potencias.

Una demanda marítima que, por lo demás, no costaría mucho satisfacer por la vía, por ejemplo, de ofrecer a Bolivia un enclave en la costa de Antofagasta (algo que Perú no podría objetar por no concernir a un territorio que antes hubiese sido suyo), en base a un canje territorial, y que podría resultar sumamente provechoso para los reales intereses de ambos pueblos no solo al despejar un motivo de conflicto permanente sino al incluir eventualmente también un amplio programa de cooperación económica real y significativa entre ellos.

La posición del gobierno chileno ha sido y es, en cambio, demasiado básica, asumiendo torpemente como propia la acomodaticia visión de la historia construida por la vieja oligarquía chilena para justificar su agresiva política expansionista en el siglo XIX frente a otras naciones hermanas, como Perú y Bolivia, pero completamente sumisa frente las grandes potencias de la época.

El funesto desenlace de esa política, levantada entonces en aras de un estrecho "nacionalismo" que, ignorando el proyecto bolivariano de la Patria Grande, llevó a derramar profusamente sangre chilena, peruana y boliviana en una fraticida disputa por el control del salitre, fue el peor que era posible imaginar: la entrega de esa fabulosa riqueza a los audaces aventureros británicos que lograron prosperar bajo el amenazante alero protector de la "Royal Navy".

28 de septiembre de 2015