El Presidente Salvador Sánchez Cerén solicitó, el pasado fin de semana, a los magistrados de la Sala Constitucional que resuelvan pronto la demanda que personeros de la derecha oligárquica interpusieron contra la emisión de 900 millones de dólares en bonos.

En su programa de radio y televisión del sábado recién pasado, el Presidente pidió a los magistrados que “se pongan la mano en la conciencia” y les recordó que la relación entre los órganos del Estado (en el marco de la independencia de poderes) debe ser de colaboración para resolver los problemas de país y no de boicot al trabajo del Ejecutivo.

El llamado de Sánchez Cerén es porque al menos 100 millones de dólares obtenidos por bonos serán para financiar programas urgentes de seguridad pública planteados en el “Plan El Salvador Seguro”, que elaboró el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia.

Pero la urgente petición presidencial choca con la irresponsabilidad e indolencia de la Sala. Además de bloquear al gobierno la emisión de bonos, los magistrados revierten reformas tributarias aprobadas por la Asamblea Legislativa, entre éstas la que pretendía gravar a las grandes empresas que declaran pérdidas para evadir el pago de impuestos.

Así, la Sala contribuye a la campaña de desestabilización política de la derecha oligárquica, que tiene como estrategia afectar los ingresos del gobierno. En la práctica, los magistrados actúan en sintonía con diputados de ARENA, dirigentes gremiales, empresarios evasores y demás actores de esa perversa campaña.

La Sala le hace un enorme daño al país. Los magistrados no sólo bloquean el financiamiento para la seguridad y resuelven contra la justicia tributaria, sino que refuerzan el modelo neoliberal y menoscaban la democracia deliberativa con sentencia como la que avala el TLC con Estados Unidos y la que favorece la concentración mediática, respectivamente.

Los magistrados convirtieron a la Sala en la última trinchera de la oligarquía que se aferra al estatus quo imperante. Esas élites empresariales, que se beneficiaron históricamente con gobiernos corporativos y patrimonialistas, se oponen a los cambios estructurales.

Todos los sectores progresistas y democráticos deben tener claridad sobre el rol de la Sala. El fallo sobre la Ley de Telecomunicaciones despeja cualquier duda: los magistrados resolvieron que los intereses privados valen más que el interés público y que las inversiones son más importantes que el pluralismo informativo, la diversidad mediática y la deliberación democrática.