Millones de televidentes que forman filas en la pobreza y en la pobreza extrema corren el riesgo de no disfrutar algunos y padecer otros a la televisión abierta si el apagón analógico se produce el 31 de diciembre, como lo ordena la Constitución, en un país donde se usa y abusa de ésta para incluir los más diversos temas y nimiedades, como si la presencia en la Carta Magna significara su cumplimiento, cuando es del dominio público que la ley de leyes es la más violada por gobernantes y gobernados, también por los poderes fácticos que con su sola existencia constituyen la negación de la constitucionalidad.

Además de la incompetencia pública y privada para procesar en tiempo y forma el cambio a la televisión digital terrestre, ni la Secretaría de Comunicaciones donde es versión extendida que allí mandan dos tíos de tercer grado del presidente y no Gerardo Ruiz Esparza, ni el Instituto Federal de Telecomunicaciones creado con bombo y platillo en este sexenio, son capaces de hacer una estimación seria sobre el número de televidentes que no tendrán acceso a los contenidos y la programación de telebasura que, por lo general, transmiten los canales del duopolio y sus imitadores.

Emilio Azcárraga los cuantifica entre 7 y 9 millones de televidentes, en tanto que el Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones los estima en 12 millones,  pero el magnate anunció que Televisa está dispuesta “a mantener la señal analógica” hasta “asegurar que no será afectado el 10 por ciento de la población”, que son 121.7 millones. También asegura que sus “ingresos publicitarios no se verán afectados” en cualesquiera casos.

La premura con la que reaccionaron los coordinadores de los partidos Acción, Revolucionario y de la Revolución –a iniciativa de Javier Lozano “para no lesionar a los ciudadanos de menores ingresos”–, es digna de mejor causa, pues la troika senatorial se pronunció por una reforma del plazo que vence el 31 de diciembre para que 12.2 millones de mexicanos en pobreza moderada o extrema no se queden sin su principal fuente de “información” y “entretenimiento”.

Un conocedor de estos temas como Javier Corral, denunció que la prórroga es “una jugada a tres bandas”, ya que beneficia a Televisa, que busca mantener la explotación doble del espectro radioeléctrico, mientras el gobierno continuará con el reparto de televisores en 2015, cuando habrá 16 procesos electorales.

Y no le falta razón al senador panista por Chihuahua, pero otras voces como la de Jorge Fernando Negrete, de consultoría Mediatelecomm Policy & Law, observan como uno “de los problemas de fondo” que las empresas privadas y los sistemas públicos de televisión no hicieron las inversiones necesarias para la adquisición de equipos y desarrollo de tecnología para transitar a la TDT.

La red de radiodifusoras y televisoras públicas que no podrán apagar su señal, pidieron a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados un presupuesto de 4 mil millones de pesos etiquetados para la actualización y modernización tecnológica, acorde con la transición digital, así como la prórroga para culminar con el proceso de equipamiento que otorgue garantía a la población de más de 78 millones de personas a las que llegan.

Dos años después de la reforma constitucional que ordena el apagón analógico y a 69 días de que se venza el plazo establecido, José Antonio Meade aseguró al Consejo Coordinador Empresarial, uno de los que mandan, que el gobierno cumplirá oportunamente con la entrega gratuita de televisores digitales.

Utopía 1597

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