“La verdad histórica” del “maestro” Jesús Murillo, como lo denominaba en público y en privado el presidente de la república, es ya una de las frases más impopulares del sexenio del grupo gobernante que dice “Mover a México” y que pasará a formar parte de su historial y no precisamente para lucirlo.

También es la evidencia de que con todo y las muy festejadas reformas estructurales, aquí y allende las fronteras, en el país persisten las viejas prácticas ministeriales de trabajar por consigna, al gusto y satisfacción de los intereses políticos sexenales, de parte de un presunto “abogado de la sociedad” que México nunca tuvo pero sí los gobernantes y los poderes fácticos sobrepuestos a éstos, generalmente para obstruir la administración e impartición de justicia o de plano impedirla.

“Verdad histórica” que fue construida con declaraciones arrancadas a los prisioneros, todo indica que con base a los famosos métodos del tehuacanazo, toques eléctricos en partes muy sensibles del cuerpo y el “pocito”, la tortura pues, denunciada como “generalizada” por Juan E. Méndez, relator especial en la materia de la Organización de las Naciones Unidas, juicio documentado por el abogado argentino y que causó reacciones rotundas de rechazo a cargo de los voceros de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores.

Sólo falta y no lo considere usted remoto, que varios del más de un centenar de prisioneros por los bárbaros acontecimientos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, con cinco asesinados, decenas de heridos y 43 desaparecidos, obtengan su libertad por violaciones al debido proceso. Pero ninguno de ellos es Florence Marie Louise Cassez Crépin ni cuenta con el apoyo del gobierno francés actual ni del anterior. Pero eso sí, el exgobernador de Guerrero Ángel Heladio Aguirre es amigo del titular del Ejecutivo federal y nadie lo va a tocar, pese a sus estrechos vínculos con María de los Ángeles Pineda Villa, presunta jefa de Guerreros Unidos, y esposa de José Luis Abarca Velázquez, los tres muy distinguidos perredistas.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para trabajar en coadyuvancia con la Procuraduría General de la República, a solicitud de Enrique Peña Nieto, acaba de documentar en forma definitiva que aquella noche llovió y en consecuencia el sustento esencial de “la verdad histórica”, de que los restos de los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, como juraba Murillo Karam, sólo existió en la cabecita del prohombre del sistema hecho procurador.

Las nuevas evidencias que terminan por echar abajo “la verdad histórica” sobre el caso Iguala, sólo fueron desestimadas por Omar Fayad, un senador que hace méritos desde hace lustros para ser candidato oficialista a gobernador de Hidalgo, y sabe que sin la venia del “maestro” no tiene futuro alguno.

Lo que llama seriamente la atención es que el gobierno que dice “modernizar” a México, persista en la negativa a que el GIEI entreviste directamente a 11 de los 27 integrantes del 27 Batallón de Infantería y que a juicio de aquél son testigos clave en los cruentos sucesos.

La cerrada negativa de las secretarías de la Defensa Nacional (“mis soldados” dice el general secretario cual cacique), Gobernación y Relaciones Exteriores sólo abona a la duda, a la sospecha de qué esconden. Como es sabido, la verdad no es posible ocultarla siempre.

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