El mercado de trabajo de la economía hondureña es fragmentado. Hay un sector que no tiene acceso a un salario y trabaja más que los asalariados, caso de las unidades de producción campesina donde la mujeres,  niños y niñas contribuyen a la reproducción material de la familia sin remuneración alguna, solo a la espera de un “plato” de comida y refugio contra la pobreza y adversidad. Otro sector trabaja más de la cuenta y también recibe salarios por debajo del salario mínimo establecido por los empresarios y trabajadores con el aval del gobierno; estos superan  los 1.4 millones de personas.  Existen  sectores ligados a la economía de exportación y las maquilas donde los salarios pagados son mayores en función de la mayor instrucción que tienen los obreros y la productividad del trabajo por la mayor inversión en maquinaria y equipo, pero evidente ausencia de regulación efectiva de la jornada de trabajo, donde hay denuncias que el embarazo de las mujeres no se respeta ni se garantiza la atención social debida.

Antes del golpe de Estado (junio de 2009) los ajustes al monto del salario mínimo tomaban en cuenta tres variables o factores de importancia: a) la inflación pasada; b) la tasa de crecimiento del PIB real; c) eventualmente el aumento de la productividad... Después del golpe, se eliminó lo del incremento del PIB real y estableció un rango de inflación para negociar los ajustes al salario, adquiriendo  mayor fuerza  la variable  productividad del trabajo que resulta difícil de medir en una economía como la hondureña por la falta de información confiable que brindan las empresas, los pocos estudios que realizan las instituciones de gobierno y la presencia de un alto nivel de empleo informal no registrado.

Esta nueva fórmula avalada  por los principales dirigentes de las Centrales Obreras en diciembre de 2013,   se reconoció una vez que el Partido Nacional con Juan Orlando Hernández a la cabeza ganó la elección presidencial a la candidata del Partido Libertad y Refundación (LIBRE)  Xiomara Castro de Zelaya. Algunos de los dirigentes obreros participaron como candidatos a diputados al Congreso Nacional por LIBRE, y recibieron un rechazo de la población ya que,  a decir  de  Sergio Suazo, catedrático universitario y politólogo, no es mismo la lucha gremial que la lucha política partidista; una es reducida a un actor principal que es el trabajador y sus condiciones de vida ( cuyo gremio ha sido diezmado con la ejecución de políticas neoliberales) y la otra es amplia ya que involucra a varios actores sociales, pero sobre todo al votante.

La tabla de ajustes del salario mínimo negociada para 2013-2016, contempla ajustes de 5%, 5.3% y 5.5% para los años en mención en forma automática en empresas de hasta 10 empleados, siempre y cuando la inflación  no supere el 8% como promedio anual ni baje a menos del 4% anual; caso contrario, se negociará un nuevo ajuste del salario entre las partes. El ajuste automático para empresas que emplean entre 11 y 50 trabajadores será de 5.5% en 2016, las que emplean  entre 51 y 150 trabajadores de 6.5% en 2016, y finalmente un ajuste de 8% para empresas  que emplean más de 150 trabajadores. Este régimen no aplica a los trabajadores de las maquilas que negociaron un  régimen especial de ajuste que supera al anterior, pero con jornadas de trabajo mayores y exigencias de aumentos de productividad diaria, semanal y mensual.

En la negociación del salario mínimo para 2016, los dirigentes de las centrales obreras aducen que se necesita un ajuste mayor ya que el costo de la canasta básica ha subido y  las cifras de la inflación son manipuladas por el Banco Central; pero aceptan  la vigencia del ajuste automático negociado  ya que la inflación es menor del 4% para 2015. Por parte de los empresarios el argumento de fondo es que hay que negociar un ajuste de salario menor al automático por cuanto las cifras del BCH reportan una inflación de 2.36% para 2015, por lo que el ajuste al salario demandado debe ser otorgado después que se negocie con el Ministerio de Trabajo las condiciones del acuerdo pactado en 2013. Esto es lo justo según la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Aline Flores, ya que si la inflación fuera mayor del 8% los trabajadores estarían exigiendo una revisión del acuerdo.

La inflación calculada por el BCH de 2.6 se sale de los parámetros establecidos con los agentes económicos y gremios,   e incluso de  los rangos de las metas de inflación definidas en el Programa Monetario del BCH para 2015. Se sabe que aunque no se ha oficializado como tal, el BCH está en proceso de adopción de un régimen de metas de inflación tal como existe en otros países latinoamericanos (Chile es el país estrella), el cual ata toda la política monetaria y cambiaria e incluso fiscal al cumplimiento de dichas metas, abandonándose otros objetivos de política económica como el aumento sostenido de la inversión pública para estimular la inversión privada y generar empleo y más ingresos monetarios para la población. 

Esta política tiene un sesgo recesivo por el control que se ejerce de los medios de pagos y, consecuentemente, de los gastos públicos. Un reflejo es el aumento de la tasa de desempleo y de los ingresos tributarios como instrumento para honrar los compromisos financieros (servicio de la deuda externa) y apoyar los programas sociales del gobierno. Es decir que, la política económica,  sigue una tradición monetarista latinoamericana que todavía persististe en varios países,  apuesta a un objetivo único der baja inflación no importando sus costos, lo cual deja en desventaja a las centrales obreras que negociaron un límite estrecho de inflación para ajustar los salarios.

Las centrales obreras, si es que todavía se pueden llamar así, deben profundizar en el estudio de este régimen de política económica y su impactos negativos  en las condiciones de vida de los trabajadores y salarios; no hacerlo,  se estaría supeditando dichos salarios a una política de ajuste económico recesivo, con ajustes de salarios programados que rápidamente se evaporan con la especulación y aumento de los precios de los productos de consumo popular. Igual, liderar un proceso desde la “Oposición” para la aprobación de una nueva política de empleos y salarios, que vaya más allá de reuniones burocráticas con el gobierno y los empresarios cuyo eslabón más débil son las propias centrales obreras y dirigentes.

Ocotepeque, Honduras,  6 de enero de 2006.