La inflación está en el centro de la evolución económica de estas horas, con una aceleración que se inició antes de asumir el nuevo gobierno de Macri y que no para en el verano, con una proyección preocupante para todo el 2016, con valores que se acercan al 40% y sin el INDEC normalizado.

No se trata de adivinar a cuanto escalará la suba de precios, pero el tema es clave a la hora de discutir, próximamente, las paritarias. La regresiva distribución del ingreso actúa ya, bajo la lógica del mercado, en la oferta y la demanda, de precios en alza e ingresos populares congelados.

El aumento de los combustibles de 6% en esta semana, que se replicará en marzo próximo resulta emblemático, por su impacto en toda la cadena de valor. Alimentos y medicamentos están a la cabeza del aumento de precios, y son precisamente importantes al medir la capacidad de compra de la mayoría de la población.

Los aumentos de precios posibilitan recomponer las ganancias de las empresas con capacidad de fijar precios, en un ciclo de desaceleración económica y recesión productiva, al mismo tiempo que deprimen la capacidad de compra de los ingresos fijos, imposibilitados de actualizar sus precios, el de la fuerza de trabajo. Por eso, a comienzo de año, se sigue demandando un bono compensatorio de fin de año.

Empleo o salarios

Resulta interesante considerar el chantaje del Ministro de Economía, quien sugiere optar entre empleo y actualización salarial. Se trata de una opción que se presenta en el marco de despidos que ocurren tanto en el sector estatal como en el privado.

En el Estado el tema se enrarece con la discusión de los “ñoquis” o designados políticamente, escamoteando el tema de fondo de la precariedad laboral de contratados por más de una década. En el sector privado, la realidad de los despidos transita por la lógica de la impunidad derivada de la ausencia de delegados de las/os trabajadoras/es.

La discusión sobre “ñoquis” oculta el debate sobre bajos salarios y precariedad, especialmente en los Estados municipales, con ingresos de trabajadores menores a los de los Estados provinciales y de estos respecto de la Nación. Sin hablar de la inseguridad de esos contratos, explicitados con la masiva rescisión ocurrida en estas horas, acompañada de represión ante la lucha de esas cesantías.

Queda claro que la variable de ajuste son las/os trabajadoras/es, contra la impunidad empresaria y una política económica de ajuste fiscal regresiva y estimulo inflacionario que consolida la brutal transferencias de ingresos desde la mayoría de la sociedad a la minoría más concentrada del poder económico.

El Estado en debate

Incluso, lo que no se discute es ¿qué Estado es necesario?, ¿con cuántos trabajadores y para qué funciones? Ello nos lleva a una discusión sobre los ingresos y los egresos del Estado, o sobre quienes sostienen financieramente al Estado y en que se gasta. El Estado siempre actúa, lo que necesitamos esclarecer es para quién actúa, quién se beneficia y quién se perjudica.

La historia reciente del debate presupuestario, por ejemplo, se agota en la iniciativa del Poder Ejecutivo y su hegemonía en el Parlamento o su capacidad negociadora con legisladores opositores, tal como ocurre en estas horas en la Provincia de Buenos Aires con oficialismo sin mayoría en el Congreso provincial.

Es cierto que lo formal deriva en una democracia “delegativa, representativa”, sin lugar a la participación social. No existe participación de la sociedad en el debate, salvo la delegada a los poderes legislativos y ejecutivos.

Algunas veces se nos consulta sobre qué medidas alternativas podrían sustentarse. Bueno, el presupuesto participativo, con asambleas territoriales o sectoriales serviría para considerar la orientación de los recursos públicos en diferentes niveles del Estado, municipal, provincial o nacional.

Es una utopía esperar una respuesta en ese sentido desde un gobierno que se orienta a profundizar la iniciativa privada, pero constituye un programa a sustentar desde el movimiento popular.

Discutir el régimen tributario es una gran asignatura pendiente, mediada por límites del régimen federal actual y sus formas de funcionamiento, en donde opera el condicionante financiero de la Nación sobre las provincias y de éstas sobre las Municipalidades.

Cuestión de poder

Tanto la inflación como el Estado remiten a una cuestión de poder. Por eso se propone desde el gobierno Macri un Pacto Social tripartito, entre el sector empresario, el sindicalismo y el Estado, que ahora parece demorarse hasta que se pueda deteriorar la capacidad negociadora de trabajadoras y trabajadores. Los empresarios están más que dispuestos para una negociación condicionada, en la perspectiva de contener el costo salarial e inducir una escalada de facturación y ganancias.

El conflicto social existente demora los objetivos del gobierno por el pacto que ajuste salarios, por lo que dejan operar las leyes del mercado, con la escalada de precios y un restringido accionar del Estado para morigerar el impacto social, con el bono mísero de $400 para jubilados de la mínima y planes sociales; la continuidad de los “precios cuidados”, claro que con precios actualizados, y alguna mediación en conflictos visibilizados por la prensa, caso de Cresta Roja.

Desde el gobierno Macri se imaginaba que su política de shock iba a ser acompañada, desde el consenso electoral, por la docilidad de la organización social y sindical de los trabajadores, pero también por la solidaridad y disposición de los mercados mundiales.

Ninguna de ambas premisas se materializa. No hay disposición social a resignar derechos adquiridos, y la crisis mundial tiene dinámica propia más allá de la profesión de fe ideológica en la lógica mercantil.

La sorpresa de estas horas es China, con nuevas devaluaciones e impacto en los precios relativos a escala global, con baja de los precios de las commodities, especialmente el petróleo y los alimentos, y fortalecimiento del dólar contra otras monedas mundiales. La guerra monetaria continúa y es forma de expresión de la disputa entre los Estados nacionales por atraer capitales excedentes del sistema mundial.

¿Qué tiene que ver todo esto con la Argentina? Que los sojeros quieren un mejor tipo de cambio ante la baja del precio de la soja. El dólar volvió a subir esta semana, con mayor demanda de importadores. Eso alimenta la expectativa especuladora de productores para la exportación, que retienen producción en espera de mejor cotización de la divisa. Además, los capitales que se buscan en el exterior, inversiones o préstamos, para sustentar la política económica de Macri demandan enormes concesiones para decidir su rumbo inversor o de préstamo en el país, tentado por las ofertas sugeridas en otros territorios, especialmente, por la expectativa de continuidad en la suba de las tasas de intereses en EEUU.

No es tan sencillo para el gobierno Macri construir el consenso político hacia un programa reaccionario, y no alcanza con lo logrado en el proceso electoral, ya que a la hora de gobernar, las contradicciones locales y globales actúan. Es la lucha de clases que se abre camino más allá de la voluntad gubernamental.

Es poco lo cambiado esencialmente en Argentina, ya que el modelo productivo y de desarrollo se sostiene, con modificaciones en la explicitación del interés por las ganancias de las empresas, enfatizado por un gobierno sin mediación política, con empresarios definiendo las políticas de Estado. Por ello es que se impone el debate de la cuestión del poder, en el orden local y mundial.

Buenos Aires, 9 de enero de 2016

- Julio C. Gambina, Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP