La Sala de lo Constitucional vuelve a la carga, participando en el guion político de la derecha oligárquica. Con la rapidez que no muestran en otros casos, los sospechosos magistrados González, Meléndez, Jaime y Blanco admitieron ayer una demanda contra la recién aprobada Ley de Probidad y –como medida cautelar-suspendieron su entrada en vigencia.

La Ley de Probidad, que sustituye a la arcaica Ley de Enriquecimiento Ilícito aprobada en los años cincuenta del siglo pasado, tiene entre sus disposiciones más relevantes la obligatoriedad de la declaración patrimonial de todos los funcionarios públicos y la ampliación de las facultades de la Sección de Probidad. Sin embargo, tiene un problema muy grave: no es la ley que proponían ANEP, FUSADES y FUNDE.

Este consorcio de entidades de derecha, respaldado por el grupo parlamentario de ARENA y los medios de comunicación conservadores (TCS, LPG, EDH), es –a través de sus representantes- el promotor del recurso de inconstitucionalidad que la Sala admitió de inmediato.

Mientras corren a recibir la demanda del grupo de presión pro-oligárquico, los magistrados postergan resoluciones importantes: sobre la Ley de Amnistía y la emisión de 900 millones de dólares en bonos (que darían fondos para los planes gubernamentales de seguridad). Así la Sala es más colaborativa con las estrategias de la derecha opositora, que con los esfuerzos del Ejecutivo por resolver las problemáticas nacionales más urgentes.

La necesidad de enjuiciar a los responsables de la masacre de sacerdotes jesuitas de la UCA requeridos actualmente por la justicia española exige declarar inconstitucional la ominosa Ley de Amnistía, y la imparable ola de asesinatos obliga a desentrampar los 900 millones de dólares; pero la Sala prefiere anular la Ley de Probidad. ¡Qué irresponsabilidad con el país exhiben los honorables magistrados!

Además de congelar los bonos, la Sala ha revertido reformas fiscales como la que hacía pagar a grandes empresas que declaran pérdidas para evadir impuestos y la que creaba el fondo para atender a víctimas de accidentes de tránsito. Con esto los magistrados ponen su granito de ARENA a la estrategia oligárquica de boicotear los ingresos del gobierno para ahogarlo financieramente.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)

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