Desde diciembre tiene vigencia una ordenanza que la fomentará e impedirá la introducción de agrotóxicos y semillas transgénicas en ciertas zonas.

Afines de 2015 se promulgó por sanción automática la ordenanza “Por la cual se declara de interés distrital la agricultura familiar campesina y se establece la zonificación agroecológica en el distrito de Horqueta”.

La propuesta partió desde las familias campesinas y sus asociaciones, comités y organizaciones comunitarias hace poco más de un año.

En agosto pasado la Junta Municipal la aprobó y pasó al intendente, Arturo Urbieta, que en ese entonces renunciaba para candidatarse para otro periodo más. Lo suplantó el interino Julio Morales, que en setiembre explicaba que la Junta no le había pasado aún el proyecto.

Finalmente en diciembre asumió de vuelta Urbieta y no la rechazó ni tampoco la aprobó, por lo que el proyecto entró con sanción ficta, explicó Arnaldo Mendoza, referente de las familias agricultoras.

Dijo que la promulgación cierra un proceso de discusiones y debates de al menos un año, entre familias campesinas locales y otros sectores de la comunidad.

La semana que viene se reunirán con las autoridades para elaborar un plan acompañado de un presupuesto, para empezar a aplicar la ordenanza en el territorio, a través de capacitaciones escolares y extra-escolares y compra de tecnología funcional.

Explicó que en un primer momento las familias campesinas beneficiadas serán las de las comunidades Alfonso Cue, 25 de abril, Calle 13, Cerrito Totora, Capitán Giménez, Aleman Cue, San Ignacio y Toldo Cue del distrito.

Se trata de lugares donde históricamente se viene practicando la agroecología y que incluso los resultados que dan atraen permanentemente a estudiantes, docentes e investigadores del país e incluso extranjeros, dijo Mendoza.

Justamente, la ordenanza busca realzar esta práctica de las familias, fomentarla a través de inversiones concretas y establecer zonas territoriales dentro del distrito donde no pueden usarse semillas transgénicas, agrotóxicos, ni tampoco instalarse industrias contaminantes.

El proceso comunitario contó con el apoyo técnico de Base Investigaciones Sociales y otras instituciones de la sociedad civil como Servicio Paz y Justicia Paraguay y Red Rural.