El oligárquico partido ARENA ha logrado sacar de la agenda nacional el “Caso Flores” y que nadie exija ya enjuiciar a los “destinatarios” de las millonarias donaciones del gobierno de Taiwán.

Ayudado por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y los medios hegemónicos (que han posicionado en el debate público  casos de los ex presidentes Funes y Saca como “más importantes”), ARENA consigue que pase a segundo plano el escandaloso caso de corrupción que llevó a Francisco Flores ante la justicia.

A pesar de haber admitido que fue “destinataria” de al menos 10 millones de dólares para financiar la campaña de Antonio Saca en los años 2003 y 2004, el partido opositor está a salvo de cualquier juicio legal y político.

La demanda de procesar a los “destinatarios” y participantes en la operación de lavado, realizada a través del Banco Cuscatlán y el Centro de Estudios Políticos “Antonio Rodríguez Porth”, está quedando en el olvido. Así también se desvanece la moción de cancelar a ARENA como partido político por utilizar dineros ilícitos.

Bajo la lógica de “muerto el perro se acaba la rabia”, el partido de derecha busca que, fallecido el ex presidente Flores, nadie exija justicia en el caso. La dirigencia arenera casi logra convertir a Flores en mártir, admitió cínicamente que fue “destinataria” y hoy logra que el caso vaya al olvido.

Pero para que eso no suceda, las organizaciones populares deben retomar las acciones legales, presión y movilización hacia la Fiscalía y el Sistema Judicial para continuar con la responsabilidad civil y enjuiciar a los “destinatarios”. Que ARENA devuelva el dinero robado debe ser exigencia unánime de toda la población decente y honrada.

El ex presidente Flores admitió ante la comisión legislativa que lo investigaba que no recibió sólo 10 millones, sino 15, 20 o más; y que  todos esos dineros los entregó a sus “destinatarios”. Y tras su muerte, su hijo Marco Flores dijo que todos “los destinatarios están y siempre estuvieron en ARENA”.

Por tanto, la Fiscalía debe buscarlos en las estructuras del partido, en la fracción parlamentaria, en los grupos empresariales y hasta en algunos medios de comunicación, centros de pensamiento o donde sea que estén.

Por transparencia y rendición de cuentas, la corrupción no debe quedar impune y los corruptos deben devolver el dinero robado. También deben ser proscritos los partidos que usan dineros ilegales para sus campañas y cuyos dirigentes no tienen vergüenza en reconocerlo públicamente.