Los problemas de Honduras son grandes, por lo que espejismos económicos no caben ya que faltan a la verdad y realidad. Hay evidencia suficiente que muchos de estos problemas son estructurales, datan de mucho tiempo. El golpe de Estado sumó un ingrediente adicional, la llamada crisis política que persiste. Hay una creciente división en la sociedad Hondureña, que en lo económico separa a aquellos que le apuestan a las ideas, políticas y acciones neoliberales fracasadas, y otros a modelos más humanos que identifiquen alternativas para estos problemas estructurales sin caer en el dogmatismo ideológico.

El Programa 20/20 es una iniciativa de “facilismo económico”, común en países como Colombia donde frente a la destrucción del Estado social surge un nuevo Estado corporativo en lo económico liderado por los grandes empresarios. Se parte del supuesto que la solución a lo social vendrá después, y si no llega, hay que aumentar los recursos para la compensación social y, también, para contrarrestar y reprimir la protesta ciudadana.

En Honduras este plan es promovido por un grupo de empresarios ligados a la industria maquiladora (parques y manufacturera intermedia) y turismo, pero todavía no es aprobado por el Congreso de la República como Plan de País. El presidente de este órgano del Estado hondureño, Mauricio Oliva, ya lo recibió de manos del presidente Hernández, pero el ambiente no es tan favorable en las bancadas opositoras, incluyendo a la bancada del Partido Liberal donde su presidenta Gabriela Núñez renunció porque el gobierno engavetó las leyes aprobadas y presentadas por los miembros de esta bancada.

Algunos de los argumentos en contra de tal iniciativa son los siguientes:

a) Es un plan de corto plazo con apariencia de mediano plazo, en tanto no se puede supeditar una iniciativa (camisa de fuerza) a un nuevo gobierno electo (2018-2021) por la voluntad del pueblo al menos que el nuevo gobierno sea el actual.

b) Pretende generar empleos masivos en sectores estratégicos pero sin relación con los grandes objetivos de desarrollo que persigue un plan de país (2010-2022) o de nación como diría el ex presidente Lobo Sosa (2010-2013). Para el caso un objetivo nacional es la reducción acelerada de la pobreza, siendo poco probable que con empleos espurios y de mala calidad esto se logre (hay experiencia acumulada que ello no es posible).

c) La inversión extranjera directa requerida (13 mil millones de dólares) para ejecutar el programa no está disponible en el mediano plazo (se estima que solo se cuenta con 50 millones de dólares aportados por el grupo de empresarios nacionales)

d) La banca privada nacional todavía no se ha pronunciado para aportar y arriesgar recursos por el orden de los 350 millones de dólares, supuestamente apalancados con el fondo de 50 millones.

e) Las microempresas, sector forestal y las unidades de producción agrícola campesina y étnica no forman parte del programa (aunque son generadores netos de empleo). Las unidades de producción agrícola y forestal campesinas e indígenas generan más empleos directos sostenibles y de buena calidad que la maquila textil.

f) Los empresarios exigen reformas tributarios de acompañamiento al plan (equiparar la carga tributaria al promedio de los países de la región sin visualizar el aumento requerido del PIB real), pero contradice la propuesta de gobierno de contrarrestar las prebendas y exoneraciones fiscales.

g) El financiamiento de la inversión interna también no está disponible en los montos que dice el gobierno, ya que las grandes obras como la construcción del Aeropuerto Internacional Palmerola no ha recibido aún el beneplácito de EEUU.

h) El programa será ejecutado por los propios empresarios que han demostrado que en un “mercado libre”, son altamente competitivos imitando el ejemplo de los países asiáticos, Chile e incluso China; no hay cabida para los burócratas y políticos de los partidos tradicionales.

Mientras esto ocurre, la Convención del Partido Nacional y sus líderes exigen la reelección del presidente Hernández, ya que no existe otro capaz de llevar al país por los caminos del progreso, la justicia social y honestidad. En la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) un grupo de abogados constitucionalistas apoyados por los llamados “valencianos” están elaborado un proyecto de reforma de la Constitución de la República bajo el argumento que la actual es un cadáver por las violaciones sistemáticas a la que ha sido sometida; la última, permitir modificar artículos pétreos para la reelección presidencial a espaldas de la consulta y voluntad del soberano.

Es poco probable que este programa 20/20, por el hecho de agarrar dos años más del periodo constitucional de gobierno (2014-2018) requeridos para la instalación de una Constituyente que apruebe la nueva Constitución de la UNAH, tenga la acogida que espera en el Congreso de la República. En primer lugar implica tirar al cesto de la basura la Visión de País (2010-2038) y Plan de Nación (2010-2022) elaborada en un gobierno de Unidad Nacional después del madrugón (junio de 2009); en segundo lugar no se puede aprobar un instrumento de esta naturaleza si se desconoce de dónde se sacará tanta plata en momentos cuando Honduras enfrenta una potencial demanda internacional por violaciones sistemáticas de derechos humanos y ambientales. Igual, no ha sido consensuado con las fuerzas políticas y organizaciones sociales, por lo que no tiene la categoría de Plan Constitucional de país.

Este instrumento curiosamente no abona en nada al proyecto reeleccionista de Juan Orlando Hernández, más bien lo divide. Las organizaciones campesinas, gremiales (no alineadas) y ambientalistas miran el programa como estrategia política del gobierno con ciertos empresarios afines para seguir con la política de ajuste recesivo impuesta por el FMI que ha generado miles de personas con problemas de empleo e ingresos, pero que no alcanza a los golpeados con dichas políticas.

En la actualidad hay una creciente demanda de actores regionales y locales por que se descentralice la administración pública y se transfieran recursos financieros y poder de decisión desde el gobierno central a gobiernos locales y organizaciones sociales de base; la llamada crisis de la microempresa hondureña por el “sicariato” fiscal tiene una expresión en los territorios, igual la crisis alimentaria, acceso y uso de recursos naturales y el agua. Encuestas realizadas por la UNAH a través de la carrera de Desarrollo Local muestran una inconformidad de la población (en su mayoría jóvenes y mujeres) frente a las políticas y programas centralistas de “Vida Mejor” que excluye sistemáticamente a poblaciones tipificadas como microempresas y unidades de producción campesina dedicadas a producir alimentos, fomentando el paternalismo, la dependencia y el clientelismo político. Un programa de empleo es bueno, si los beneficios esperados son mayores que sus costos en términos de los malos empleos que pretende generar.

Tegucigalpa, DC, 9 de marzo de 2016.