La Verdad está Presa: Asesinato, Honduras y las Elecciones Primarias Demócratas en Estados Unidos

10/03/2016
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El asesinato de la líder ambiental indígena Berta Cáceres la noche del 2 de marzo en La Esperanza, Honduras, ha provocado la indignación internacional.

 

El único testigo presencial del asesinato de Cáceres—Gustavo Castro Soto—también fue herido con disparos durante el ataque. Ciudadano mexicano, trabajador de Amigos de la Tierra, coordinador del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo de Minería Extractiva (M4) y miembro de la mesa directiva de Otros Mundos, organización que defiende los derechos ambientales con sede en Estados Unidos.

 

Después de ser interrogado por la policía hondureña en La Esperanza, Castro Soto fue ayudado por la Embajada de México, que intentó ponerlo en un avión de regreso a México. Autoridades hondureñas lo retuvieron y lo llevaron de regreso a La Esperanza, le impidieron dormir, lo mantuvieron en su ropa ensangrentada y fue sujeto a más interrogatorios. Hoy, 10 de marzo, una semana después del brutal asesinato de Cáceres, Castro Soto (después de más interrogación) fue autorizado a regresar a la Embajada de México. Las autoridades hondureñas le niegan salir del país por treinta días más.

 

Gustavo Castro Soto, herido y traumatizado, no es un criminal sino una víctima y ha respondido todas las preguntas que le han hecho. La pregunta que se debe responder es: ¿Por qué sigue cautivo?

 

Que el gobierno de Honduras impida que la Embajada de México ejerza su derecho de repatriar a uno de sus ciudadanos—y que el poderoso estado de México tolere semejante humillación diplomática—parece incomprensible. Parece que ni México ni Honduras tienen la sartén por el mango.

 

Hay mucho que esconder del asesinato de Berta Cáceres y Castro Soto, testigo presencial, denunciará cualquier encubrimiento. Pero no son sólo los asesinos, la policía hondureña, el gobierno hondureño y el poder de las compañías que apoyan el proyecto hidroeléctrico Agua Zarga quienes tienen que esconder la verdad: es el Departamento de Estado de Los Estados Unidos. ¿Por qué? La respuesta inicia con el presidente anterior Bill Clinton quien firmó el Tratado de Libre Comercio con América Norte , y termina con Hillary Clinton, quien tiene una precaria participación en las elecciones presidenciales primarias del Partido Demócrata.

 

Durante más de dos décadas, Estados Unidos (EUA) ha dirigido la privatización de la economía de los países de Centro América. (Durante siglos Estados Unidos ha mantenido la afición de apoyar a los regímenes despóticos). El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo BID y la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID) han invertido para “modernizar” en Centro América las instituciones políticas y la infraestructura regional, a través de la desregulación laboral y ambiental, y brindando incentivos económicos a las industrias extractivas, como madera y minería. Pero este tesoro de recursos requiere de energía; de ahí la demanda de energía hidroeléctrica. El proyecto regional de industria extractiva y presas hidroeléctricas también necesita persuadir a los cientos de miles de campesinos, Afro-descendientes y comunidades indígenas que actualmente viven en las montañas centrales y en las planicies tropicales del Istmo Centroamericano para que entreguen su tierra, sus ríos, sus bosques y su territorio completo a las corporaciones internacionales.

 

Como lo han demostrado cientos de consultas populares realizadas en las comunidades de Centro América en los últimos diez años, todas las comunidades se niegan a entregar su territorio. Las protestas rurales en el sur de México, en Guatemala, El Salvador y Honduras han sido masivas.

 

Las corporaciones y los gobiernos han respondido, golpeado fuerte. Los hondureños no son el único pueblo que sufre la creciente violencia de las corporaciones, la encarcelación de organizadores comunitarios, el reaparecimiento de los escuadrones de la muerte y el asesinato de líderes que luchan contra la minería y las presas.

 

Sin embargo, Honduras si es el país que destapa la relación más clara entre el aumento de la represión y las políticas del anterior Secretaria de Estado, Hillary Clinton. Fue Clinton quien hizo las gestiones para impedir que el presidente democráticamente electo Manuel Zelaya regresara a Honduras después del golpe de estado en 2009. Fue Clinton quien presionó para que EUA reconociera al nuevo régimen que desató un dominio de terror contra las organizaciones comunales y los movimientos sociales que se atreven a impedir la extracción de sus recursos regionales. Fue Clinton quien permaneció muda ante semejantes atrocidades. El Departamento de Estado de EUA está en la cima de lo que se ha convertido en una estructura de terror que busca el violento desalojo de la población indígena Lenca del Río y de su tierra.

 

Pero les salió el tiro por la culata. Los hondureños que ordenaron el asesinato no imaginaron que Berta Cáceres, su organización COPINH y el movimiento internacional para la justicia ambiental, al cual pertenece, iban a responder de forma masiva ante el asesinato. Los asesinos no se dieron cuenta que Gustavo Castro Soto es mexicano, como tampoco notaron que no lo habían asesinado.

 

Los ejecutores tampoco se dieron cuenta que este asesinato comprometería a toda la estructura de terror; debido a su apoyo al régimen asesino, el asesinato podría convertirse en un serio problema político para Clinton y su candidatura a la presidencia. (Siendo imparcial con Hillary, apoyar regímenes despóticos eso es parte del trabajo del Secretario de Estado de EUA…pero algo en lo que ella se ha destacado). El daño político en tratar de encubrir el crimen será tan dañino como la verdad. Ahora todos los implicados están atascados. A ello se debe que la verdad esté presa en la Embajada de México en Tegucigalpa.

 

Esta es la razón por la cual las exigencias por el inmediato y seguro retorno de Gustavo Castro Soto a México, una investigación completa e independiente del asesinato de Berta Cáceres y suspender completamente la represión contra los movimientos ambientales indígenas en Centro América debe ser dirigida directamente al Departamento de Estado de EUA. Desde su campaña a las elecciones presidenciales, sabrá Hillary Clinton cómo responder.

03.10.2016

 

 

https://www.alainet.org/pt/node/175974?language=en
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