“La realidad es siempre tan obstructiva”

Eric Ambler

Se viene la parte final de la terminación del conflicto armado. El proceso de acuerdo entre el gobierno y la guerrilla de las FARC entra en su fase más delicada. Se aproxima la toma de decisiones más importantes. La desmovilización y la ubicación de los guerrilleros en proceso de reintegración a la sociedad son parte sustancial del cese al fuego bilateral y definitivo. Es, por tanto, el nudo gordiano del fin de la guerra entre la insurgencia y el Estado.

En pocas semanas o tal vez días, empezarán a movilizarse diversas comunidades en el Cauca para presionar al gobierno para impedir que sus fincas, tierras y territorios, queden incluidas en las zonas de ubicación que la guerrilla exige para garantizar su seguridad durante el proceso de desmovilización, dejación de armas e integración a una vida pacífica. Será un pulso que tomará por sorpresa, no sólo a la sociedad en general sino a los dirigentes de la misma insurgencia. 

El tema que trataré en este artículo es considerado “tabú” entre algunos sectores de la “izquierda tradicional” y entre las organizaciones sociales que tienen influencia social y política entre campesinos mestizos, indígenas y afrodescendientes. Lo abordaré con una visión histórica general pero a la vez, lo ubico en el departamento del Cauca, que es donde cuento con la experiencia y el conocimiento directo del asunto.

En este escrito se hace visible y analiza el conflicto por el territorio que –en forma callada pero profunda– se presenta entre las comunidades rurales de ese departamento. Dicho conflicto se despliega tanto entre diversos sectores, principalmente campesinos mestizos e indígenas, como entre la población de diversas e importantes zonas frente a las FARC. El Cauca es escenario de esa lucha, en donde los terratenientes del norte del Cauca, los herederos de los antiguos latifundistas de Popayán, los enemigos del “proceso la paz”, la misma guerrilla y las comunidades rurales y agrarias van a ser protagonistas de primera mano.

La necesaria historia para comprender la situación actual

Las guerrillas de las FARC a lo largo de la historia han vivido tres fases de desarrollo que se configuran en tres áreas diferentes de influencia territorial y tres clases de comportamiento frente a la población de las regiones de relativo control insurgente. Las separamos así: 1. Fase de gestación y nacimiento; 2. Fase de fundación y primera expansión; 3. Fase de crecimiento acelerado y expansión territorial por todo el país.

La primera fase, su gestación y surgimiento, se origina desde antes de la “violencia de los años 50s” del siglo pasado. En los alrededores del Volcán del Huila (suroriente del Valle, nororiente del Cauca, suroccidente del Tolima y noroccidente del Huila) confluyeron campesinos mestizos de origen paisa desheredados y desplazados del Eje Cafetero con indígenas pijaos y nasas. Más adelante llegan a esta región montañosa, huyendo de la violencia pero en resistencia activa, dirigentes del movimiento campesino de Sumapaz y gentes influidas por el movimiento obrero de los años 20s (PSR) que tiene su expresión más visible en los “bolcheviques del Líbano”. Como todos los estudios, relatos y escritos sobre el origen de las FARC lo reconocen, es su zona de presencia histórica por excelencia. Allí existe una fuerte tradición de lucha, resistencia y autonomía indígena y campesina.

Las FARC, al igual que el Partido Comunista en los años 30s y 40s, tuvieron desencuentros con las comunidades nasas que iniciaron desde los años 60s un proceso de reconstrucción de sus sociedades, culturas y autoridades propias. Pero, es desde 1983, cuando se inició el proceso de expansión acelerado de las FARC. Ya desde años atrás se acumulaba el conflicto que tuvo su momento más dramático con la masacre de Los Tigres en donde fueron asesinados varios comuneros a manos de la guerrilla[1]. Sin embargo, a pesar de los fuertes enfrentamientos, la guerrilla logró mantenerse en la región apoyándose en la población más pobre que por diversos motivos sobrevive apoyándose en los ingresos obtenidos de los cultivos de uso ilícito.

Otra zona histórica con presencia de las FARC que tiene particularidades especiales surgió de las colonizaciones paisas de población y guerrilleros liberales de los años 47-48 que se ubicaron en Corinto, Caloto, Miranda y Toribío, en el norte del Cauca y, también, en la región de Huisitó, municipio de El Tambo (Cauca). Son regiones de presencia histórica de la guerrilla en donde cuentan con bases de apoyo ligadas a la economía del narcotráfico.   

La segunda fase se inicia desde 1964 y va hasta 1983. En esta etapa de lucha los campesinos liberales gaitanistas que durante la violencia “liberal-conservadora” mostraron mayor autonomía, que se habían ubicado en las localidades de Marquetalia, Riochiquito, El Pato y Guayabero, son obligados a convertirse en una guerrilla móvil ante la arremetida del ejército oficial con la implementación del Plan LAZO. Así, se crean formalmente las FARC y a lo largo de los siguientes años amplían su radio de acción hacia zonas de colonización del Meta y Caquetá. Allí las FARC se relacionan básicamente con colonos y empiezan a actuar como pequeños grupos más parecidos a una “policía rural” que a un ejército popular. Consiguen mantener su dinámica de guerrilla que expresa en lo fundamental la resistencia campesina como lo plantea su programa agrario. Durante esta fase también logran establecer algunas bases de apoyo en regiones como Urabá, Noreste Antioqueño y Bajo Cauca, el Magdalena Medio y otras zonas en donde históricamente algunos sectores cercanos a la guerrilla tenían influencia política.

A partir de 1983 viene la fase de expansión acelerada. El auge y las campañas político militares del M19, el balance triunfalista de tipo insurreccional que se hace del Paro Cívico Nacional de 1977 y otros factores de similar tipo, convencen a la dirección de las FARC que existían condiciones para iniciar un proceso de crecimiento en todo el país. A partir de allí la naturaleza de las FARC cambia radicalmente. Se convierte en un ejército en formación y desarrollo pero sin la capacidad ideológica y organizativa para realizar un trabajo político consistente y cualificado con la población. Utilizan el proceso de paz con el gobierno de Belisario Betancur para avanzar en su propósito, implementando en la práctica la estrategia de la “combinación de las formas de lucha”. Se aprueba la utilización generalizada del secuestro y la extorsión como forma de presionar el pago de los “impuestos revolucionarios” y se decide gravar con el “gramaje” a la cadena de producción de la base de coca y cocaína, que estaba en pleno desarrollo en diversas regiones donde tenían presencia.

En muchas regiones, para poder crecer, reclutar masivamente a jóvenes campesinos, financiar sus arcas, abastecer sus tropas y armarse con equipos modernos, se hacen acuerdos con narcotraficantes que a su sombra y bajo su protección se convierten en poco tiempo en terratenientes –como ocurrió en el Magdalena Medio–. Esta gente poco después se convierte en el principal enemigo de las FARC por cuanto se cansan de pagar impuestos. Es así como se alían con el ejército y constituyen los primeros núcleos de paramilitares con la financiación del Cartel de Medellín y el apoyo político de la derecha extrema de ese tiempo. Se inicia la llamada “guerra sucia” y los militantes legales de la Unión Patriótica se convierten en las principales víctimas.

En esta fase las FARC se expanden en nuevos territorios llegando durante los años 90s a ser un verdadero ejército que logró, en determinada regiones, pasar de una lucha móvil de guerrillas a desarrollar una guerra de movimientos. En esta etapa logran darle golpes contundentes a las fuerzas armadas oficiales en Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare y Guainía. Estamos hablando de mediados de años 90s en donde la dirigencia de las FARC considera que han logrado un estado de equilibrio estratégico frente al Estado.

Sin embargo, ese rápido y fenomenal crecimiento y expansión se hace –en lo fundamental–, sin el apoyo consciente y organizado de la población. A donde llegan se comportan como un “ejército de ocupación”. En algunas regiones se enfrentan con los terratenientes pero la mayoría de ellos ya no habitan en el campo. Por ello, la confrontación se presenta con los campesinos ricos y medios. Así, se van generando las condiciones para una guerra territorial de aparatos armados entre la guerrilla y los grupos paramilitares, que más que combates directos tiene como componente el control militar y económico de la población con todos los problemas que ello implica.

Durante las últimas tres décadas, se presenta un fenómeno socio-económico en las zonas controladas por las FARC, especialmente en aquellas donde la economía del narcotráfico y más adelante, la minería ilegal, progresan y se consolidan. La acumulación de capitales les permite a los campesinos ricos de esas regiones invertir en ganadería, después en minería y más adelante en propiedad raíz e inversiones financieras fuera de las zonas de colonización. Se constituye así un sector de lo que es una “burguesía emergente”. Es la clase social dominante en esas regiones, y son el principal soporte social –más estable– de las actuales FARC.

Los campesinos pobres de esas regiones y los jornaleros de la coca o “raspachines”, son sectores de clase subordinados y se “mueven” alrededor de esos intereses. En las movilizaciones “campesinas” de 2013, en el marco del paro agrario, cada campesino rico era el que financiaba la presencia y participación de un número determinado de campesinos pobres pero principalmente de jóvenes jornaleros o “raspachines”. La propuesta de las “zonas de reserva campesina” tiene la intención de “rectificar” ese proceso real que genera la evolución de la vida, pero todo apunta a que serán escenario de fortalecimiento de esa burguesía emergente.

La expansión de las FARC en el caso del Cauca

En la primera fase las FARC se localiza en pequeñas áreas del nororiente del Cauca y de Huisitó, municipio de El Tambo. En la segunda, avanzan principalmente hacia varios municipios de la cordillera occidental como Argelia, Balboa, Patía, Morales y Suárez. Además, localizan un frente en la Bota Caucana y organizan varios bloques móviles. En la tercera, avanzan hacia los municipios de la Costa Pacífica como López de Micay, Timbiquí y Guapi, controlando amplios territorios ricos en minería de oro y expandiendo la economía del narcotráfico. Es la fase en donde también se explayan hacia la Costa Pacífica nariñense y el piedemonte de la cordillera occidental de ese departamento.

Dado que en esas nuevas regiones no existía un trabajo político consistente, las relaciones con la población nativa han sido conflictivas. Al principio las comunidades campesinas los aceptaban para combatir la delincuencia común y el abigeato. Pero, con el pasar del tiempo la guerrilla se fue convirtiendo en un poder opresivo. Las juntas de acción comunal y otras organizaciones campesinas perdieron su autonomía. En algunas zonas imponían candidatos a Concejos Municipales, Asamblea Departamental y Alcaldías. En otras, llegaban a acuerdos con politiqueros tradicionales para impedir el fortalecimiento de movimientos campesinos y cívicos que mostraban autonomía y manejo ético de los presupuestos municipales. Y claro, la confrontación –aunque callada y soterrada–, se ha presentado a lo largo de los años.

En el municipio de Patía, en donde con la fuerza de su trabajo político pero también del amedrentamiento de la población habían logrado imponer por varios períodos alcaldes y mayorías en el Concejo, se pudo evidenciar cómo en las últimas elecciones locales –ya con los diálogos y proceso de paz en marcha–, la población tanto del municipio como de la cordillera patiana (occidental), se resistió a las orientaciones, órdenes y presiones de la guerrilla, y los resultados fueron adversos a la insurgencia. Es sólo una muestra de lo que se empieza a vivir en otras regiones y zonas del Cauca.

La propuesta de los “Terrepaz” y las “Zonas de Reserva Campesina” en el Cauca      

La guerrilla de las FARC presentó en la mesa de La Habana en el mes de noviembre de 2015 la propuesta de conformar hacia el futuro lo que denominan Territorios Especiales para la Construcción de la Paz (“Terrepaz”). Es el plan de lo que llaman “normalización territorial para la transformación de las FARC-EP y su tránsito hacia convertirse en una organización abierta”[2]. Es indudable que para terminar la guerra es necesario organizar unas zonas en donde los guerrilleros cuenten con seguridad y protección y no se reduzcan –como quiere Uribe–, a unas “cárceles con cielo abierto” como las han calificado los comandantes insurgentes.

Sin embargo, para que esos territorios no se conviertan en zonas de escenario de conflicto con las comunidades, es necesario que la población sea consultada, sin tener la presión armada de la guerrilla. Y allí es donde se va a complicar el panorama. Debido al comportamiento impositivo, autoritario y muchas veces violento y antidemocrático que han asumido las FARC en su proceso acelerado de expansión territorial, han lastimado, atropellado y vejado a amplios sectores de la población campesina que hoy se resiste a hacer parte de las “Terrepaz” y de las “ZRC”.

En el caso del Cauca ya se han empezado a movilizar las comunidades de algunos municipios del Macizo Colombiano, El Tambo, Patía, Morales, Cajibío, y las comunidades indígenas del Norte del Cauca están alerta y a la expectativa. El problema consiste en que si las organizaciones con tradición de trabajo comunitario no reaccionan a tiempo y con claridad política, van a ser unas supuestas organizaciones “campesinas” e “indígenas”, creadas por fuerzas uribistas apoyadas por grandes empresarios, terratenientes y políticos corruptos desde Popayán, Santander de Quilichao, Cali y Bogotá, las que aúpen, incentiven, manejen y canalicen ese conflicto latente y en desarrollo.

Si las organizaciones sociales y partidos políticos que apoyan el proceso de terminación negociada del conflicto armado y que tienen influencia en el Cauca, con la colaboración del Gobernador, los alcaldes, el gobierno nacional y la misma dirigencia insurgente, trabajan el tema con sinceridad y franqueza, si la guerrilla reconoce sus errores y fallas en el tratamiento de la población rural de diferentes regiones, si se impone la madurez y el espíritu de reconciliación que se pregona, se pueden construir acuerdos participativos y democráticos y, por tanto, se impedirá que los enemigos de la paz se aprovechen de esta situación para agudizar conflictos y “pescar en rio revuelto”.

Ojalá se actúe con la madurez y la sindéresis que se requiere en un momento tan difícil y delicado como el que vive el país y la región. Se podría decir que el “post-conflicto” ya es un hecho. Lo que podemos concluir es que no habrá un verdadero desarrollo territorial en Colombia sin que primero, se acuerde y se logre la terminación del conflicto armado y, segundo, sin que la gente tenga posibilidades de construir democracia con base en la autonomía de sus organizaciones.

La contradicción entre “zonas de concentración” y los “Terrepaz” 

En la propuesta planteada por las FARC existen elementos sustanciales para construir unos acuerdos consensuados con las comunidades. En el punto sobre “la naturaleza y criterios básicos para la conformación de los Terrepaz” se afirma: “Los territorios especiales para la construcción de la paz, constituyen el espacio social y geográfico para la transformación integral de las FARC-EP en su dimensión territorial, en lo político, lo económico, lo social y cultural, habitados por excombatientes, familiares y allegados, y los ciudadanos vecinos del lugar, dentro del orden constitucional surgido del proceso de diálogos y las formas de organización política y social que se derivan del ejercicio de la democracia directa, autogestionaria y comunitaria, a través de cabildos o asambleas populares”.

El problema es garantizar el ejercicio pleno de esa democracia directa mientras la guerrilla esté armada y tenga la posibilidad de ejercer presión real sobre la voluntad de las comunidades con base en ese poder de coerción. Es la principal contradicción a resolver. Para la guerrilla lo ideal es que todas las zonas en donde han tenido presencia sean a la vez las áreas de concentración para la desmovilización y dejación de armas porque abandonar algunas de esas regiones temporalmente sería una concesión inaceptable. Para los enemigos de la paz, tal situación crearía condiciones para copar las áreas despejadas con grupos paramilitares u otras fuerzas que están reactivando. Para el Estado sería la “recuperación” del territorio con base sólo en la ocupación militar. Para algunas comunidades que no están conformes con la presencia y el control de las FARC, sería una “liberación”. He ahí la complejidad de la situación.

Por ello se requiere un acuerdo político entre las fuerzas vivas de las regiones, que tengan conocimiento efectivo de la realidad y voluntad de construir paz y convivencia. Con voluntad y claridad política… ¡todo se puede!     

Marzo 14 de 2016

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