El asesinato de Bertha Cáceres parece que seguirá el patrón de los asesinatos de otros defensores de derechos humanos y recursos naturales: impunidad por decreto. El gobierno de la Republica se ha comprometido con la Cooperación Internacional en esclarecer el crimen lo más pronto posible, pero ello puede llevar meses y años en el caso de los autores intelectuales. El gobierno de los EEUU está apoyando la investigación con agentes del FBI, pero los grupos ambientalistas son del criterio que la investigación no busca en las fuentes primarias, como el caso del proceso de construcción de la represa hidroeléctrica de Agua SARCA denunciada por la ambientalista y defensora de derechos humanos (hoy mártir y heroína nacional) por no realizarse en consulta previa libre e informada (CPLI) con los pobladores y violarse los derechos de propiedad del pueblo lenca.

La concesión para esta represa sobre el rio Gualcarque de 20 años fue autorizada por el Estado de Honduras en septiembre de 2010, pero la lucha del Consejo Cívico de Organizaciones Populares (COPINH) liderado por Bertha Cáceres hizo que el monstruo chino de las construcciones de represas, la empresa Sinohydro, se retirara de la construcción por los potenciales conflictos entre la empresa local ejecutora (DESA) y el pueblo lenca; igual hay evidencia que el Banco Mundial decidió también retirarse por las denuncias de violaciones sistemáticas de los derechos humanos y asesinatos de dirigentes de COPINH; los actuales financiadores como el fondo finlandés desmiente este hecho.

Sin embargo, se identificó otro sitio más arriba para la construcción de la represa en el departamento de Santa Bárbara pero también sobre el rio Gualcarque, un rió sagrado para el pueblo lenca. La Alcaldía de Intibucá se lava las manos argumentando que inicialmente la concesión que se otorgó era en Intibucá y no en el departamento de Santa Bárbara, por lo que los reclamos de COPINH no proceden. El proyecto tiene financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por cerca de 25 millones de dólares, el Fondo de Financiación para el Desarrollo Finlandés (FINNFUND), el Banco Holandés para el Desarrollo (FMO) y una empresa alemana, más capital nacional a través del Grupo Fichosa.

El argumento de FINNFUND después del asesinato de Bertha Cáceres es que el proyecto se trasladó a un sitió donde no hay indígenas (¿qué hay entonces?), en el municipio de San Francisco de Ojuera, y no afecta el cauce del río ni la Reserva de Vida Silvestre Montaña Verde. También que han cumplido con la CPLI, pero no se muestra evidencia de las reuniones celebradas (incluyendo cabildos abiertos y plebiscitos) ni la lista de los pobladores participantes. Aducen además que el tamaño de la presa y canal se redujo, las tierras fueron compradas a privados y no son tierras ejidales ni nacionales y los impactos sociales ambientales están calculados.

Un primer punto de investigación es la revisión de la CPLI realizada por DESA y los pobladores participantes; otro, la revisión de la concesión otorgada por el Estado pero también por la Alcaldía de San Francisco de Ojuera. Ninguna represa o proyecto minero puede ejecutarse sin la participación y consentimiento de los pobladores en consultas transparentes con información detallada sobre los alcances del mismo y acompañamiento de organizaciones de derechos humanos. Asimismo, el otorgamiento de dichas concesiones avaladas por los gobiernos locales implica también un acuerdo de corporación municipal e involucramiento de la población a través de organizaciones sociales como patronatos, juntas de agua y comités ambientales.

Un tercer punto es el impacto de la disminución del cause del río en las comunidades de abajo, tal como lo exigió COPINH y Bertha Cáceres, ya que la legislación nacional y mundial establece que el consumo de agua por la población tiene la primera prioridad por sobre los otros usos. También la lista de los empleados contratados por DESA, policías y efectivos militares destacados en la zona. Igual, demostrar evidencia que las externalidades negativas del proyecto fueron consideradas (presupuesto adjunto al documento de proyecto) y no como sucedió con las empresas mineras creadas después del paso del Huracán Mitch.

Sobre este último punto, la empresa debe demostrar que tiene cubierto los costos de la externalidades negativas del proyecto, algunos de los cuales como la destrucción de hábitat natural y ancestral no se pueden cuantificar; es decir, que el proyecto es prohibitivo de entrada y debe ser desechado por el Estado. Estas externalidades tienen que ver con los impactos no deseados en uso del agua del rió en los volúmenes requeridos, el cambio en el patrón de cultivos, el desplazamiento de población a futuro y la perdida de la cultura y valores histórico-ancestrales por el represamiento del agua. Hay también la vigencia de un principio de equidad, ya que el lucro mercantil de ejecutar el proyecto beneficia a unos pocos por sobre los impactos negativos en la mayoría de la población e incluso del propio Estado ya que los impuestos recaudados son irrisorios en comparación con lo recibido por la venta de un megavatio de energía generada. Contrario a otros países, en Honduras la energía renovable es más cara que la térmica y no se cumple el principio neoclásico que el precio de la energía que compra el Estado es igual al costo marginal de generación.

Las organizaciones de derechos humanos y ambientales y las familiares de Bertha Cáceres exigen la presencia de una Comisión Internacional independiente para que investigue el asesinato, las causas y los hechores, pero también debe investigarse el proceso de diseño y ejecución del proyecto Agua SARCA, y la participación de actores públicos (gobierno central y municipal), privados y empresas transnacionales y bancos. Debe concluir con un informe donde se analice la viabilidad económica, política, social, ambiental y cultural de construir una represa hidroeléctrica que afecta el patrimonio ancestral del país Algunos diputados del Congreso Nacional son del criterio que suspenda la construcción de la represa mientras no esclarecen el asesinato el caso y lleva a los culpables materiales e intelectuales a los tribunales de justicia, lo cual debería ser secundado por la cooperación internacional como una forma de presión al gobierno.

De allí que Agua SARCA debe ser el punto de llegada pero también el de partida de la investigación.

Tutele, La Paz, 15 de marzo de 2016.