El pasado viernes 11 de marzo fue brutalmente asesinado Nicolás García, comunicador comunitario de 23 años de edad, en Tacuba, Ahuchapán.

Su asesinato, perpetrado presuntamente por miembros de pandillas que operan en la zona, es una represalia por su trabajo como comunicador en la promoción de la participación juvenil en la prevención de la violencia y porque su radio comunitaria -un sonido local sin acceso a una frecuencia radioeléctrica- tiene un espacio para policía comunitaria.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), ARPAS y otras organizaciones denunciaron ayer el hecho, demandaron justicia y exigieron que el Estado tome las medidas necesarias para un ejercicio periodístico seguro. Pidieron que la Asamblea Legislativa apruebe una ley de protección a periodistas.

El caso ya es del conocimiento del Relator de Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza, quien estuvo recientemente en el país y recibió un informe de la APES sobre la situación de desprotección e inseguridad del ejercicio periodístico.

Y ayer fue despedido del Canal 12 el periodista Romeo Lemus. Según ha trascendido, el despido está relacionado con la publicación de un video que muestra al diputado Ernesto Muyshondt y al alcalde Salvador Ruano negociando con líderes pandilleriles una estrategia para revertir los resultados de la primera vuelta electoral de 2014 que fueron desfavorables para el partido ARENA.

Lemus retomó críticamente el contenido de ese video en su entrevista televisiva, y por eso habrían venido presiones externas y de personeros de Canal 12 afines al partido oligárquico.

Este caso refleja otra indefensión de los periodistas: la que tienen frente a las empresas mediáticas donde trabajan. Por tanto, la inseguridad no es sólo ante la violencia física, sino también frente a los atropellos de sus derechos por parte de medios que actúan en base a sus intereses económicos y políticos.

ARPAS se solidariza con Romeo Lemus, condena su despido y reitera la exigencia de leyes y políticas que protejan a los periodistas y comunicadores, les garanticen condiciones laborales dignas y reivindiquen los derechos específicos de la profesión (reserva de fuente, cláusula de conciencia, etc.)

La protección del libre ejercicio periodístico debe ser una demanda de toda la sociedad para evitar asesinatos de periodistas, despidos injustificados y cualquier otra acción atente contra la libertad de expresión y el derecho a la información.