Los empleados de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) fueron sorprendidos (¿madrugados?) por efectivos del Ejército Nacional y miembros de la Comisión Interventora que entregó su acuerdo de cancelación como funcionario público. Ya antes el presidente Juan Orlando Hernández había anunciado el cierre de la institución por no cumplir con los objetivos y metas para los cuales fue creada, la indisposición de los empleados para trabajar 24 horas y el hecho que parte de ellos (333 empleados de 2100 que existen) “confesaron” en las pruebas de certificación de confianza haber recibido soborno y estar incluso coludidos  con el crimen organizado.

Según el presidente del Sindicato de la DEI, con estas acciones se trató a los empleados como delincuentes y, por tanto, muchos de ellos no aceptarán el “sobre banco” del despido ni prestaciones y demandarán al gobierno en las instancias nacionales e internacionales; se les juzgó a todos por igual sin ser oídos. Otros, activistas del partido de gobierno de menor categoría, denunciaron que trabajaron duro en la campaña política pero que no esperaban el despido ya que tienen familia que mantener; hay mujeres embarazadas despedidas y empleados con enfermedades crónicas. Los dirigentes de las centrales obreras, a los que se les reabrió el caso de involucramiento en el asalto de los recursos financieros del  Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), se llamaron al silencio y sólo Carlos H. Reyes y Juan Barahona se pronunciaron en contra del cierre y despidos.

Las preguntas que surgen son ¿Cuáles son los factores que motivaron al gobierno a tomar esta decisión? y ¿Qué implicaciones tendrá a futuro dicha intervención? Sobre lo primero, el gobierno argumenta que la DEI había sido  penetrada por el crimen organizado e incluso por los grandes empresarios evasores del fisco; el Sindicato era un impedimento para transparentar las acciones de recaudación de impuestos; la DEI con toda la asesoría de los ecuatorianos no pudo ser eficiente en la recaudación de impuestos y control de la evasión; la tecnología usada y los sistemas (programas) de información son obsoletos; la DEI era un ente altamente politizado.

La voz del pueblo que es la voz de Dios dice otra cosa. El sicariato fiscal implementado por la Directora de la DEI, Miriam Guzmán,  para aumentar la recaudación de impuestos, donde se persigue hasta los pepenadores de basura y aquellas ONGs que trabajan en beneficio de la niñez y juventud, generó una mala imagen al gobierno y presidente Hernández ya que incluso varios empresarios tuvieron que cerrar sus empresas; este sicariato ha resultado insuficiente frente al monto de las obligaciones financieras que enfrenta el Estado, en especial el pago de una deuda publica cuyo saldo total es mayor a los 10,000 millones de dólares; el FMI también demanda una nueva institucionalidad recaudadora de impuestos para garantizar que el flujo de recursos para el pago del servicio de la deuda externa no se interrumpa; hay un interés y alianza del gobierno con los empresarios de la maquila y turismo para que se apruebe como Ley de País el Programa 20/20 de generación de empleos, siendo una de las exigencias de estos la reducción en los trámites administrativos y equiparación de la carga tributaria a nivel regional; pero además, se piensa que la DEI debe convertirse ya no en un órgano “independiente” sino que en un nuevo Ministerio de Tributación en concordancia con la nueva Ley de Código Tributario en discusión. Sobre esto último, Jorge Illescas  experto en el tema, ha dicho que ello seria un retroceso ya que se volvería a los tiempos de los años 80s y principios de los 90s  donde el contrabando y la evasión era una política de Estado.

Sobre las implicaciones futuras.  Desde la óptica del gobierno se habla de construir una nueva institucionalidad con reglas claras para los contribuyentes, que de confianza a la población,   no discrimine por tipo y tamaño de contribuyentes, moderna y con empleados altamente calificados lejos de la injerencia política partidista. Se trata de la creación, para seguir el argumento de economistas neo institucionalistas, de una nueva institución económica inclusiva no extractiva.

El cierre y la liquidación de la DEI se dieron mediante Decreto PCM 083-2015 del 26 de noviembre de 2015, y se mantuvo en secreto para no alertar a los empleados. Igual, la nueva institución denominada Servicio de Administración de Rentas (SAR) fue creada mediante Decreto Ejecutivo  N. PCM-084-2015, publicado en febrero de 2016, pero que no fue también de conocimiento público. Esta nueva institución tiene autonomía funcional, técnica, administrativa y de seguridad nacional (¿la información como secreto de Estado?) adscrita a la Presidencia de la República.

Las dudas surgen por la tradición. La DEI se creó  en diciembre de 1994 como un órgano desconcentrado de la Secretaria de Finanzas, frente a la creciente politización de la Dirección de Tributación anterior, posteriormente pasó al depender del Presidente de la República. La DEI que cierra hoy depende del Presidente de la República que, a criterio de empleados despedidos,  estaba politizada y el Sindicato era el bastión para no permitir el despido de trabajadores no afines al partido de gobierno. ¿Quién garantiza que esta historia no se vuelva a repetir en años políticos? Es más ¿Quién garantiza que la nueva institución no será capturada por los grupos económicos o poderes fácticos? ¿Acaso el cierre de la DEI sea una jugada política para curar en salud a todos aquellos empresarios y políticos involucrados en actos de evasión y defraudación fiscal, frente a la eventual llegada de la MACCIH?:

El empresario Adolfo Faccuse ha dado a entender que esto último puede suceder, ya que en el caso de Guatemala la CICIG desmontó toda una Organización denominada la “Línea” dedicada a la evasión fiscal que involucró al presidente de la Republica, Otto Pérez, que guarda prisión. Esperamos que este no sea el caso para beneficio de Honduras y su gente, huérfana de democracia y justicia social y tributaria.

Tegucigalpa, DC, Márcala, La Paz, 18 de marzo de 2016.