Hay tres razones determinantes para que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de reformas a la Ley de Telecomunicaciones presentado por la SIGET y no otro.

La primera es su contenido. La propuesta de SIGET cumple cabalmente los mandatos de la sentencia y la resolución aclaratoria de la Sala Constitucional sobre la Ley de Telecomunicaciones, moderniza y actualiza dicha ley modificando más de 30 artículos, redefine las funciones de SIGET como ente rector del espectro radioeléctrico y otorga seguridad jurídica a los actuales concesionarios.

Es decir, la propuesta incluye mecanismos diferenciados para la asignación de frecuencias (concurso para las comunitarias, asignación directa para las estatales y subasta para las comerciales), establece un procedimiento y redefine los requisitos para renovar las concesiones, incorpora aspectos tecnológicos de la info-comunicación que no estaban regulados, establece un rol consultivo de la Superintendencia de Competencia en la asignación de nuevas frecuencias y otorga a SIGET facultades para autorizar traspasos de derechos de explotación de frecuencias, reservar espectro por razones técnicas o propósitos sociales, entre otras.

La segunda es el consenso. El proyecto de SIGET fue elaborado en consulta y diálogo con diversos actores mediáticos del país, por lo que tiene el aval de ASDER, representantes de empresas de radio y televisión, ARPAS y Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo).

Para ARPAS y ReDCo, esta reforma será un buen inicio del proceso de integral de modernización, actualización y democratización del marco jurídico de las comunicaciones para crear un modelo mediático más diverso, plural y democrático. A la aprobación e implementación de estas reformas, tendrán que venir nuevas reformas de ley.

La especialidad técnica. La proponente de la reforma es SIGET, la instancia técnica especializada en telecomunicaciones.

Así como una reforma del ámbito judicial debe ser planteada por dicho órgano, también las reformas en telecomunicaciones que apruebe la Asamblea deberían ser las que proponga el ente regular de esa materia. SIGET es la instancia conocedora del tema y tendrá que implementar las reformas, por tanto su opinión debe ser priorizada por los legisladores.

Por estas razones, todos los grupos parlamentarios deben desechar cualquier otra propuesta de reforma a la Ley de Telecomunicaciones, y concentrarse en estudiar y aprobar la presentada por la SIGET.

El país exige RESPONSABILIDAD legislativa.