Esta semana se dio un paso sustancial para llegar a la firma del Acuerdo Final de terminación del conflicto armado, entre el Gobierno colombiano y las FARC, con el "acuerdo para brindar seguridad y estabilidad jurídica al Acuerdo Final; para asegurar su introducción al ordenamiento jurídico colombiano y para dar garantías de cumplimiento de dicho Acuerdo Final, tanto conforme al derecho interno colombiano como conforme al derecho internacional", conocido a través del Comunicado Conjunto # 69 de fecha Mayo 12 de 2016, esto es como un Acuerdo Especial Humanitario.

Por supuesto que es una excelente noticia para quienes compartimos el proceso de terminación concertada del conflicto armado entre Gobierno y FARC, en la medida en que le da un blindaje jurídico, nacional e internacional, al mismo y adicionalmente le da garantías al Gobierno y la sociedad colombiana del compromiso de las FARC, ante la comunidad internacional en su conjunto, de honrar los acuerdos, pero al mismo tiempo le da a las FARC garantía de cumplimiento de dichos acuerdos, no solamente por el actual Gobierno colombiano, sino por el Estado en su conjunto, es decir por los sucesivos gobiernos que remplacen al actual. Porque un factor de incertidumbre muy grande, en un país con una tradición de no honrar los acuerdos, era justamente las garantías de cumplimiento de los mismos, por las dos partes y la garantía de que lo acordado vaya a ser implementado, no sólo por el actual Gobierno, sino por los gobiernos que lo sigan.

Esta buena noticia, sin duda será un factor más de descontrol y de exacerbación quizá, para aquellos que se oponen abiertamente al proceso de conversaciones en curso y seguramente intensificaran sus críticas y hasta sus 'amenazas' de acciones de rechazo, lo cual es legítimo, siempre y cuando se adelanten en el marco de la legalidad; en democracia se trata de eso, que las mayorías gobiernen y las minorías tengan el derecho a expresar su inconformidad. Ahora vendrá un pulso interesante de opinión ciudadana alrededor del mecanismo de refrendación que se acuerde y quienes no están de acuerdo, tienen la oportunidad de tratar de ganar la opinión ciudadana, que de nuevo es bueno recordarlo, no se expresa en sondeos de opinión o encuestas, sino en votos. Yo estoy convencido que los partidarios de la superación política concertada del conflicto armado, la real y existente, no la imaginaria o deseada, se impondrán mayoritariamente en la opinión, porque creo que la fatiga con la confrontación armada y la esperanza de un mañana de paz, democracia y confrontación de ideas civilizada, es lo que terminará imponiéndose.

Pero la firma del Acuerdo Final con las FARC, plantea el desafío de la implementación de lo pactado; en lo agrario, no es para beneficiar a los miembros de las FARC sino a los territorios y sus pobladores que por distintas razones, entre ellas la persistencia del conflicto armado, se les ha negado la posibilidad de contar con beneficios elementales del desarrollo, como vías de comunicación aceptables, vivienda y saneamiento básico, educación y salud inexistente o de mala calidad, así como apoyo a las actividades productivas, de comercialización y esperando que se implemente un serio programa de sustitución de cultivos de uso ilícito y de desarrollo alternativo. A nivel nacional, que se comiencen a implementar las reformas que estimulen la competencia y participación políticas y las víctimas que cada más tengan centralidad en el proceso de implementación. En fin, un reto grande para ver si por una vez somos capaces de cumplir con lo que se pactó.

Por otra parte, hacer los esfuerzos necesarios para poner a andar la Mesa Pública de conversaciones entre el Gobierno y el ELN, que nos permita avanzar hacia un cierre total y definitivo del conflicto armado, en lo cual es fundamental entender que se trata de un nuevo ejercicio de construcción de acuerdos y en el que la temporalidad del mismo debe ser considerada.

- Alejo Vargas Velásquez, Profesor Universidad Nacional, Colombia.