De acuerdo con el criterio de este autor, entender y emprender la gestión de la conflictividad social desde la perspectiva de un Estado en fase inacabada de transición hacia la democracia, y dentro de un marco político de un Estado Democrático de Derecho, y además, respetando el estatus científico del enfoque histórico-estructural, en el cual los conflictos sociales relevantes son apreciados como poseedores de una matriz causal determinada por los factores citados en la entrega anterior (de orden macro-históricos, estructurales, político-institucionales, técnicos inter-institucionales y coyunturales), requiere de ciertas precondiciones.

En primer término, reconocer la multi-dimensionalidad de esta fenomenología. Dicho en otras palabras, reconocer el carácter orgánico con el cual debe visualizarse y acometerse la gestión democrática de la conflictividad social.

Y esto no es un postulado abstracto. Significa, en términos prácticos, hacer pasar por el tamiz de esta matriz causal, la comprensión, el análisis, el abordaje y la gestión estatal, así como la resolución/transformación efectiva de los conflictos sociales.

Con este reconocimiento de la “organicidad” de la naturaleza de la conflictividad social, y de la necesidad de su operacionalización bajo esta matriz causal, no me refiero a un mero ejercicio académico.

Se trata por sobre todo, de un ejercicio de otro tipo. Para decirlo en breve, de un ejercicio político y democrático, para una sociedad cuya naturaleza identitaria es multidiversa (multi-nacional y pluri-cultural), cuya fase histórica es transicional (a mitad de camino entre remanentes de la cultura contrainsurgente y tímidos balbuceos de democracia real), y cuyo Estado (en términos de normativas, de políticas, de andamiaje institucional, de legitimidad y de recursos monetarios), se mantiene en creciente crisis, con fuertes retrocesos y en permanente riesgo de colapso por cooptación de extensas redes criminales.

Según mi modesto criterio, la necesidad de este tipo de abordaje se percibe aún más lógica y hasta urgente, cuando nos percatamos de que el conjunto general de la conflictividad social en Guatemala, y en particular, la conflictividad en torno a la tierra y en torno a los recursos naturales, está dinamizada en un proceso en espiral, azuzada ahora por tres desafíos concretos y crecientes: la crisis medioambiental, la crisis financiera-institucional y la crisis demográfica.

A estos desafíos crecientes que vienen a complejizar aún más las dinámicas de la conflictividad social en el país, debe incorporarse una más: la nueva transición geopolítica internacional, que refuerza tensiones y presiones externas que desde hace un tiempo vienen agitando ciertos aspectos de la conflictividad particularmente socio-ambiental, particularmente, en amplios territorios y zonas del Norte y nor-oriente de Guatemala.

Por el hecho mismo de ser Guatemala un país empobrecido, con insignificante peso satelital dentro del circuito capitalista, muchas veces se pasa por alto que a la vez (y paradójicamente), posee una crucial importancia geopolítica y geoestratégica, tanto para potencias vecinas como para poderes corporativos transnacionalizados.

En consecuencia, soy de la opinión de que convendría “metodologizar” estos macro-factores, articularlos en forma orgánica para una mejor comprensión, abordaje y gestión de la conflictividad social por parte del funcionariado estatal, y a partir de allí, robustecer las capacidades reales del Estado para operacionalizar y cristalizar rutas legítimas y viables de resolución y transformación.

Desde mi experiencia de tres años en una unidad estatal de análisis y mediación de este tipo de conflictos, pude constatar hasta hace muy poco tiempo, que buena parte de los tomadores de decisiones y de los operadores políticos del diálogo y negociación, ven con cierto menosprecio y resquemor el abordaje histórico y estructural de la conflictividad social, un abordaje que tiene la doble cualidad de ser eminentemente técnico y a la vez eminentemente político.

Hablamos entonces de reducir los anchos márgenes de discrecionalidad que actualmente tienen en Guatemala, desde las entrañas de la estatalidad, un porcentaje considerable de funcionarios.

No pocos de ellos, desde posiciones de elevada jerarquía o desde cargos con capacidad de toma de decisiones, son cooptados por intereses ajenos a los de las grandes mayorías, sin que su actuación pueda ser contrastada con algún tipo de mecanismos democráticos.

En los esquemas estatales implementados en Guatemala durante los últimos años, en función del abordaje y gestión de la conflictividad social desde la coordinación interinstitucional, han hecho falta mecanismos efectivos de participación democrática, de tal manera que permitan a extensos sectores sociales, hacer contrapeso al sesgo político-sectorial que muy comúnmente muestras funcionarios de alto nivel y alta capacidad de decisión.

Lamentablemente, estas carencias arruinan, bloquean o simplemente marginan las valiosas capacidades profesionales, que pese a todo, manifiesta un porcentaje minoritario del funcionariado que se desempeña con honestidad en los niveles técnicos del Estado.

Pero estos mecanismos perversos altamente institucionalizados, no solo son antidemocráticos, sino además, anti-técnicos. Ello quiere decir, insostenibles, en particular, en términos de gobernabilidad democrática.

Ello es así pues a la larga, lo único que consigue es neutralizar las ya escasas capacidades del Estado, particularmente, en cuanto a la resolución negociada de la conflictividad social, y por ende, solo termina exacerbándola.

En la próxima entrega: “La Comisión Presidencial del Diálogo (CPD): aciertos y desaciertos de un esquema estatal de gestión de la conflictividad social en Guatemala”.

Sergio Barrios Escalante

Científico social e investigador. Editor de la Revista RafTulum y activista por los derechos de la niñez y la adolescencia en la Asociación ADINA. Esta serie de reflexiones sobre conflictividad social y socio-ambiental forman parte de las conclusiones producto del trabajo institucional e inter-institucional del autor en la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) entre el 2012-2015, en Guatemala.

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