En varias ocasiones he afirmado que este Estado no nos sirve y nunca nos ha servido a las inmensas mayorías empobrecidas, explotadas y oprimidas de este país.

Los profundos y extensos problemas nacionales, los indicadores sociales y las demandas y reivindicaciones de diversos sujetos sociales así lo confirman. El Estado ha sido útil, no obstante, para una oligarquía que, mediante su control y dirección estratégica, ha garantizado un modelo de acumulación de capital, un régimen político y una hegemonía que garantizan su reproducción como clase dominante.

Siendo el Estado la concreción de una correlación de fuerzas históricas, se constata que la gran ganadora ha sido la oligarquía. Esa oligarquía que hoy se configura principalmente a partir de grupos corporativos en proceso de expansión local y transnacional, controlados por familias autoidentificadas como criollas y blancas, cuyo paradigma de sociedad está afincado en su origen español, en su supuesta superioridad racial y en el Occidente consumista y degradado de Miami o del cliché de la cultura europea. Esa oligarquía que tiene en el Cacif a su principal partido político (en sentido gramsciano), a la mayoría de instituciones políticas (partidos políticos en sentido liberal-institucionalista) como operadores en los organismos Legislativo y Ejecutivo, oficinas de abogados corporativos como principales operadores en el Organismo Judicial y medios de difusión masiva como principales instrumentos para la construcción de hegemonía. Circula en su entorno otro conjunto de actores que intentan antagonizar y negociar cuotas de acumulación tanto en el ámbito de la economía como en el Estado.

Estamos ante un Estado construido como un aparato de clase para garantizar los intereses de esa oligarquía que, en tanto núcleo dirigente principal de la burguesía local, ha sabido sortear las crisis en las cuales su poder ha sido impugnado y ha sorteado hábilmente las estrategias reformistas o revolucionarias. Es este Estado el que está en cuestionamiento y en disputa.

Por un lado, quienes controlan el régimen (entre los que habrá que incluir la Embajada de Estados Unidos) pretenden una reforma limitada al sector justicia tal que permita un respiro al sistema por la vía de cambios acotados predispuestos, de un supuesto diálogo que limite la participación de sujetos sociales y de un procedimiento que deje en manos de un Congreso cuestionable la aprobación final y la convocatoria a consulta popular. Es una reforma que persigue hacer gobernable la implementación de planes económicos y geoestratégicos.

Por otro lado están quienes cuestionan el régimen político y este Estado. En general, unos se orientan por una vía de reforma constitucional integral, que se oriente a disminuir el poder de la oligarquía y democratice la economía y la competencia por el control de los organismos del Estado. Otros, si bien conciben una etapa reformista, persiguen abrir un camino que pase por una asamblea nacional constituyente que permita la redacción de una Constitución Política nueva, que geste un Estado plurinacional, democrático y popular, es decir, una estrategia democrática y de ruptura.

En este marco surge la propuesta de refundación del Estado encabezada por el expresidente Jorge Serrano Elías (1991-1992), quien después de intentar un golpe de Estado salió del país a refugiarse en Panamá. Esta es una propuesta de la cual se han desmarcado sujetos que proponen un nuevo Estado plurinacional, democrático y popular, así como otros actores que pretenden reformas democráticas en el país. El llamado frente político anunciado con ese liderazgo parece haber nacido muerto, sin respaldo real, salvo que sectores de poder dominantes lo promuevan para intentar cooptar las luchas y los sujetos históricos que pretenden, con justificación y legitimidad, la creación de un nuevo Estado.