Estamos viviendo en estos días una nueva edición de la Minga Campesina, Étnica y Popular, como oficialmente se denomina esta nueva expresión de lo que otros llaman Paro Agrario, pero que va más allá de las demandas del movimiento campesino; de hecho la expresión Minga muestra no sólo la influencia, sino la búsqueda de su conexión con los pueblos originarios –quienes habitaban estos territorios antes de la llegada de los españoles- o pueblos indígenas, del conjunto del movimiento social popular y esto se expresa en consignas como ‘el pueblo habla, el pueblo manda’, o se habla de ‘mandatos’ para referirse a decisiones tomadas por los espacios asambleístas y señalar la intención de ampliar más formas de democracia participativa activa, que delegatarias. Algunos dirán que allí se encuentran influencias discursivas de otros movimientos sociales como los bolivianos, ecuatorianos, mexicanos y sí, porque la globalización no es solo para el capital, también es de las luchas sociales.

Las demandas o problemas a plantear para estas movilizaciones sociales realmente sobran en sociedades como las nuestras, con altos niveles de inequidad, exclusión, incumplimiento de los distintos gobiernos, pero en esta ocasión las demandas son una mezcla de promesas no completamente cumplidas de movilizaciones de años anteriores, así como otros temas de política pública, que normalmente el gobierno tiende a ser reacio a tratar con el argumento que eso solamente compete al debate en el ámbito del Congreso o de los Consejos de Ministros.

Desafortunadamente, estas movilizaciones conllevan casi siempre heridos y pérdida de vidas humanas, tanto de los manifestantes como de miembros de la Fuerza Pública, e igualmente importante número de detenidos. Todo esto lleva a una reflexión, que considero de la mayor importancia: ¿realmente estamos preparados para entender y tramitar la protesta social en democracia?

Tradicionalmente se ha tendido a considerar la protesta social, por los distintos gobiernos con los rezagos de la ‘guerra fría’ en cuyo contexto se les da el trato de ‘enemigos internos’ a los comunistas primero y a los terroristas después, como una expresión de los grupos subversivos; los servicios de inteligencia siempre tienden a buscar ‘infiltraciones’ de los subversivos de turno; en el fondo hay una mirada de minusvalía de los sectores sociales populares, se cree que ellos no pueden organizar una movilización social en todo el país, sino que alguien externo a ellos es quién se las organiza. No, ellos han aprendido a fuerza de tener que manifestar sus demandas y derechos, cómo y cuándo deben organizar sus expresiones de protesta y movilización social. Claro, hay un pequeño avance, ya discursivamente hablan del derecho a la protesta. Algo es algo.

A los medios de comunicación les sucede algo similar, porque en general actúan en concordancia con los poderes de turno. Por eso el cubrimiento se centra en ‘buscar’ los infiltrados, en reseñar los hechos de alteración del orden público, pero muy poco en darle voz a los líderes sociales, en conocer cuáles son las demandas y propuestas que ellos están colocando en el centro de su protesta; a investigar efectivamente qué tanto ha cumplido el Gobierno con las demandas de anteriores movilizaciones sociales, cómo está la Fuerza Pública respondiendo a las movilizaciones sociales, que tanto exceso en el uso de la fuerza, qué tanto respeto al derecho de la protesta.

Y claro, la sociedad, que recibe la información de los medios, tiende a ver la protesta social como la expresión de los ‘subversivos’ o de ‘agitadores’ que buscan alterar el apacible orden y poco interés muestran en conocer si efectivamente las demandas de campesinos, afrodescendientes, indígenas, sindicalistas y demás sectores sociales, son justas y en esa medida verlas como la expresión del legítimo derecho a la protesta social.

Pero también los dirigentes de estos movimientos sociales deben empezar a ver la protesta como mecanismos para obtener demandas y derechos, pero sin miradas maximalistas y a la Fuerza Pública, no como enemigos, sino como funcionarios que tienen un mandato a cumplir en el marco de la Constitución y la ley.

Alejo Vargas Velásquez

Profesor Titular Universidad Nacional

Director del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa