La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió la semana pasada una sentencia contra las condiciones precarias e inhumanas que sufren los reclusos debido al hacinamiento en las cárceles, lo cual vulnera derechos como la salud y la integridad personal.

Dicha sentencia ordena una serie de medidas urgentes al Ejecutivo, Asamblea Legislativa y Sistema Judicial que tienen como propósito “contribuir a la superación de la problemática carcelaria”. Una de éstas medidas es la “construcción de nuevos centros penales o la readecuación de otros inmuebles estatales con características similares, como instalaciones militares, conservando siempre el modelo penitenciario establecido en la ley”.

La resolución -firmada por Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Rodolfo González y Sidney Blanco- sería certera y aplaudible, si no fuera porque esos mismos magistrados sabotean ingresos gubernamentales que servirían para financiar planes de seguridad pública, como la construcción de nuevas cárceles.

Los magistrados se rasgan las vestiduras por el altísimo nivel de hacinamiento carcelario, señalando que -con una capacidad para albergar a 8,110 reclusos- el sistema penitenciario cuenta actualmente con más de 33,400 presos, entre procesados y condenados. La sentencia lamenta que El Salvador tenga el primer lugar en ocupación carcelaria del continente con un 299%, seguido de Bolivia (233%) y Haití (218%).

Sin embargo, la Sala lleva un año bloqueando la emisión de 900 millones de dólares en bonos que aportarían recursos para atender el problema carcelario. También ha revertido reformas tributarias, como el impuesto a las grandes empresas que declaran pérdidas para evadir al fisco, que habrían generado fondos adicionales para las políticas de seguridad.

Así, los “honorables” magistrados Meléndez, Jaime, Blanco y González se mueven entre la contradicción y la perversidad. La contradicción de resolver en favor de los derechos de los reclusos, pero impidiendo que el gobierno tenga fondos para reducir el hacinamiento penitenciario; y la perversidad de sumarse a la estrategia de boicot financiero de la derecha oligárquica contra la izquierda gobernante.

Lo menos que debería hacer la Sala, para ser consecuente con la referida sentencia, es descongelar la emisión de los 900 millones de dólares en bonos que mantiene bloqueados desde el 10 de junio del año pasado.

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