En Guatemala se ha enjuiciado a grandes empresarios por utilizar al gobierno para enriquecerse. La Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) procesan a inversionistas de alto nivel (empresarios y ejecutivos de grandes compañías) por cooptar al Estado y participar en actividades delictivas.

Entre los imputados están banqueros, ejecutivos de transnacionales telefónicas y hasta un ex presidente del poderoso Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), una especie de “ANEP guatemalteca”. Estas personas están involucradas en las estructuras criminales que lideraban el ex presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

Esta situación guatemalteca dista mucho de lo que sucede en el país con la corrupción privada, que ni siquiera es tema de debate público. La prensa hegemónica y los promotores de la transparencia (FUSADES, FUNDE, Aliados por la Democracia) sólo hablan de la rendición de cuentas y anticorrupción en el sector estatal.

En El Salvador funcionaron durante la época de ARENA gobiernos corporativos y patrimonialistas, que ponían a las instituciones estatales al servicio de los intereses de las élites empresariales oligárquicas. Sin embargo, ningún gran empresario ha sido procesado por aprovecharse del gobierno.

Tampoco son enjuiciados los grandes evasores y elusores de impuestos. Estos delincuentes de cuello blanco compran el silencio de los grandes medios que se oponen a divulgar la lista de morosos con el fisco, la derecha legislativa que no aprueba reformas legales que permitan meterlos presos y algunos hasta tiene buenos amigos en el actual “gobierno de izquierda”.

Por eso es necesario presionar para que la Fiscalía y el Sistema Judicial también investiguen la corrupción privada. Empresarios que utilizaron al Estado para su beneficio y los que evaden o eluden impuestos no deben estar impunes.

En Guatemala los empresarios señalados serán enjuiciados por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, cohecho, asociaciones ilícitas y otros delitos graves. Mientras en El Salvador algunos más bien se dan el lujo de presentarse como paladines de la probidad y exigirle transparencia al gobierno.

Entonces, en El Salvador, ¿cuándo?

Las organizaciones progresistas, sectores democráticos y toda la población honrada tienen la palabra.