La derecha parlamentaria unió sus votos esta semana para aprobar un pronunciamiento contra la petición de extradición de los militares involucrados en el asesinato de Ignacio Ellacuría, Martín Baró, Segundo Montes y demás sacerdotes jesuitas masacrados en noviembre de 1989, en el campus de la UCA.

La solicitud de la Audiencia Nacional de España se dirime en la Corte Suprema de Justicia, donde -según filtraciones a la prensa- está listo un proyecto de resolución que niega la extradición y cuenta con el apoyo de la mayoría de magistrados.

La derecha oligárquica y la -supuestamente- no oligárquica hicieron a un lado las diferencias que dizque tienen en otros temas y formaron bloque para expresarse en favor de la impunidad y contra el intento de hacer justicia en este horrendo crimen de lesa humanidad que conmovió al mundo.

El manifiesto fue idea del diputado de GANA, Guillermo Gallegos, tristemente celebre por ser un proponente frecuente de estupideces, como establecer la pena de muerte y la cadena perpetua o armar a la población para que haga justicia por cuenta propia. Por cierto, Gallegos -a pesar de su nula idoneidad- pronto será “Presidente de la Asamblea Legislativa”.

El espurio pronunciamiento de ARENA, GANA, PCN y PDC es una oda a la impunidad y un agravio a la memoria, dignidad y reparación de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante la guerra civil.

El grupo parlamentario del FMLN se abstuvo, argumentando que la Asamblea no debe intervenir en asuntos judiciales. Desde que está en el gobierno, la postura de la izquierda partidaria en este tema es menos contundente: recientemente uno de sus dirigentes expresó que revertir la ley de amnistía generaría desestabilización y el gobierno ya no capturó a los demás militares requeridos por la justicia española.

En vez de estar sacando comunicados en favor de la impunidad, la derecha legislativa debería concentrarse en la reforma al sistema de pensiones, la ley de agua, el financiamiento para la seguridad y otras urgencias del país.

O si ganas de pronunciarse tiene, pues que se pronuncie contra el miserable incremento al salario mínimo que aprobaron representantes empresariales y sindicalistas vendidos, contra la contaminación ambiental, la evasión tributaria, las deportaciones masivas, las intromisiones de la Sala Constitucional o la connivencia arenera con las pandillas.