La Sala Constitucional perpetró esta semana un nuevo atentado contra la independencia de los poderes estatales, la institucionalidad, el estado de derecho y la democracia.

Una semana después de anular la elección del presidente y magistrados de la Corte de Cuentas, los omnipotentes y endiosados magistrados de la Sala bloquearon la ratificación de la reforma constitucional que amplía el período de diputados y consejos municipales.

La reforma a los artículos 124 y 202 de la Constitución fue aprobada por amplia mayoría en abril de 2015: 74 de 84 diputados de la legislatura anterior la avalaron. Su propósito es ampliar de 3 a 5 años la gestión de la Asamblea Legislativa y las alcaldías, para reducir el gasto estatal en organización de elecciones seguidas y aliviar al país de la permanente campaña electoral que se vive.

Y dado el consenso existente para su ratificación en la actual legislatura, la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales dictaminó el martes llevarla al pleno legislativo el día jueves. Sin embargo, el miércoles la Sala admitió una supuesta demanda de inconstitucionalidad y, en tiempo récord, resolvió que la Asamblea debe suspender la ratificación.

La jugada es de antología, y los jugadores son los tristemente célebres magistrados Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo González y Berlamino Jaime. (Por cierto, esta semana se reveló que el hijo del magistrado Jaime aparece en la lista de financistas del opositor partido ARENA).

Sobre la demanda admitida por la Sala, no se sabe quién la presentó, cuándo ni cuáles son los argumentos. La única pista es que la semana pasada durante la discusión sobre las reformas ARENA propuso pedir opinión a la Sala Constitucional, pero sólo tuvo el respaldo de sus ex compañeros de GANA.

Es lógico, por tanto, pensar que lo actuado por la Sala obedece a la estrategia boicoteadora y desestabilizadora del partido oligárquico. En cualquier caso, la decisión de Meléndez, Blanco, González y Jaime, es un grave abuso y una reprochable intromisión en la función legislativa de la Asamblea, única facultada para aprobar leyes y reformas constitucionales.

Es la continuidad del golpe de Estado judicial permanente que vive el país, al mejor estilo de los golpes suaves impulsados por las fuerzas conservadoras en varios países del continente. Golpe que los sectores revolucionarios, progresistas y democráticos del país deben proponerse revertir con urgencia.