Hay períodos en que pareciera que muy poco ocurre y de pronto los acontecimientos se desatan; pero mientras el fondo de la situación da un giro hasta los buenos analistas demoran en notarlo. Y cuando sus apreciaciones se dejan llevar por la rutina, tampoco la izquierda escapa a esa tendencia. Este es el caso de lo que hoy sucede en Puerto Rico, donde la realidad inició una dinámica cualitativamente nueva, sin que algunos anticolonialistas se hayan percatado aún.

Así lo refleja la Declaración del reciente XXII Encuentro de una organización tan meritoria como el Foro de Sao Paulo, celebrado en San Salvador a finales de junio. Como de costumbre, reitera que “apoyamos la lucha heroica del pueblo puertorriqueño por su independencia y el justo reclamo de Argentina por su soberanía sobre las islas Malvinas”. Pese a la buena fe de esta frase, ligereza da lugar a algunas deficiencias. La más simple, que entre la inmovilidad de Malvinas y la actual agitación de Puerto Rico no hay más similitud que el accidente geográfico de que ambas son islas. Si es por el régimen colonial, entonces faltó incluir a Aruba, Martinica y otras posesiones del Caribe.

El segundo yerro está en que el caso de Malvinas es uno de integridad territorial, no de autodeterminación de los pueblos. Gran Bretaña arrebató ese territorio a Argentina y remplazó su escasa población con unos colonos trasplantados desde Inglaterra. Si sus descendientes votaran por cuál soberanía prefieren, escogerían a Londres. Al contrario, Puerto Rico es una nación histórica, donde cuatro millones de personas defienden una cultura propia, de pura cepa hispanoamericana y caribeña. La cuestión aquí es recuperar las condiciones necesarias para que este pueblo pueda decidir libremente su autodeterminación. Esto es radicalmente distinto al caso de Malvinas; reivindicarlos en pareja ‑‑y con omisión de las demás colonias antillanas‑‑ acarrea más confusión que solidaridad.

Pero el problema principal es otro. Es el de omitir que 10 años de recesión y una deuda impagable convirtieron el caso de Puerto Rico en un dolor de cabeza también para el gobierno estadunidense, y han puesto en crisis al sistema político colonial y a sus partidos. Frente a las inconformidades y reclamaciones puertorriqueñas, y las presiones de los acreedores de Wall Street, las autoridades norteamericanas han incurrido en dos decisiones terminales que anulan el régimen del llamado Estado Libre Asociado (ELA).

La primera es que la Corte Suprema estadunidense dictaminó que la isla carece de soberanía, toda la cual ejercerá exclusivamente el Congreso de Washington. La segunda que ese Congreso enseguida acordó crear una Junta de Control Fiscal cuyos integrantes nombrará la Casa Blanca, que no solo dirigirá los asuntos fiscales y presupuestarios de Puerto Rico sino que reorganizará la administración del país por encima del gobierno local electo por los puertorriqueños, para asegurar que los buitres de Wall Street cobren la enorme deuda, a expensas de quienes habitan la isla. Lo que con vierte al llamado gobernador de Puerto Rico en un simple monigote ceremonial.

Los dos partidos cómplices del sistema colonial ‑‑anexionista uno y autonomista el otro‑‑, cuya ineficiencia y corrupción como gobernantes del país acumularon esa deuda, ven perecer su capacidad de neutralizar políticamente a la población. Para defender sus gastados privilegios, procuran dirigir las quejas y reclamos contra la nueva Junta, pero gran parte de esa población ya tiene claro que la causa de su drama socioeconómico, del desempleo y el empobrecimiento, y del descrédito del régimen político, es el sistema colonial. El que, ante el deterioro del panorama, apela a crear ese nuevo instrumento de dominación autoritaria.

Esto a su vez ha llevado al partido y las organizaciones independentistas no solo al momento de mayor auge político, sino también al de mayor progreso en la construcción de su unidad. Lo que significa que la solidaridad latinoamericana con la independencia de Puerto Rico ‑‑y el respaldo a sus actores y luchas‑‑ ya desbordó las frases usuales y reclama nuevos análisis e iniciativas, a tono con las actuales demandas y posibilidades de la situación.

San Juan, 12 de julio de 2015