Una multitud de hondureños y hondureñas dio su último saludo a Lesbia Yaneth Urquía, una incansable dirigente comunitaria asesinada el 5 de julio por su lucha contra el modelo extractivista y la expansión de los proyectos hidroeléctricos en el departamento de La Paz, al oeste de Honduras.

Lesbia Urquía, de 49 años, había salido de su casa con su bicicleta el martes pasado y no había regresado. Su cuerpo fue hallado el siguiente día en un basurero municipal de la ciudad de Marcala, con múltiples heridas cortantes en la cabeza y otras partes del cuerpo.

La destacada activista y dirigente indígena lideraba una fuerte lucha en defensa de los bienes comunes de la naturaleza, ante el avance de las políticas de concesionamiento y privatización de los ríos en el departamento occidental de La Paz.

Vinculada al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), cuya lideresa y coordinadora Berta Cáceres también fue asesinada el pasado 2 de marzo, Urquía y las comunidades Lencas de la zona estaban llevando adelante una oposición férrea al proyecto hidroeléctrico Aurora 1.

En este proyecto, que se pretende realizar en el municipio de San José, tienen una vinculación directa Gladis Aurora López, actual presidenta del oficialista Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso, y su marido Arnold Castro.

En los días previos al brutal asesinato, en la ciudad de Marcala, el gobierno hondureño y Naciones Unidas estaban realizando una actividad para dar a conocer un proyecto de ley que reglamentaría los mecanismos de la Consulta Previa, Libre e Informada, prevista por el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

De acuerdo con declaraciones de las comunidades locales, los impulsores del proyecto Aurora 1 habrían presionado al gobierno para que suspendiera dicha actividad pública.

Además, las comunidades indígenas de la zona preparaban otra jornada de consulta en el municipio de Santa Elena, para opinar sobre la realización de un nuevo proyecto hidroeléctrico sobre el río Chinacla, cuya concesión fue otorgada a la empresa de Arnold Castro.

Copinh reacciona
“Fue un feminicidio político”

Ante este nuevo asesinato que suscita un clamor mundial, el Copinh emitió un duro comunicado.

“La muerte de Lesbia Yaneth constituye un feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que, con coraje y valentía, defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista, que cada vez más nos acerca a la destrucción del planeta”, se lee en el documento.

La organización indígena recordó que este nuevo crimen se produce a 4 meses del asesinato de Berta Cáceres “y nos confirma la puesta en marcha de un plan para desaparecer a quienes defendemos los bienes comunes de la naturaleza”, denunció el Copinh.

De esta grave situación, el Copinh responsabilizó al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, a las fuerzas militares y policiales y a todos las instituciones gubernamentales “que deben cumplir con la protección de todas y todos los defensores de derechos humanos y de los bienes comunes de la naturaleza”.

También Naciones Unidas reaccionó ante la muerte violenta de Lesbia Urquía y volvió a condenar el asesinato de Berta Cáceres.

“Sus voces individuales han sido silenciadas, pero las causas que apoyaban son reforzadas por aquellos que continúan alzando la voz por la justicia”, dijo Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres.

Asimismo, la Unión Europea expresó su extrema preocupación por el clima de violencia en Honduras y el asesinato de la activista y dirigente indígena.

“El asesinato de Lesbia Yaneth Urquía se añade a la terrible lista de defensores de los derechos humanos que han sido asesinados recientemente en Honduras”, dijo Federica Mogherini, representante de la UE para la Política Exterior.

“Las autoridades deberían dar rápidamente más pasos urgentes y decisivos para proteger a los defensores de derechos humanos en el país”, y eso incluye “investigaciones imparciales que lleven al enjuiciamiento y acusación de los responsables de esos actos”, así como “una protección eficaz para otras potenciales víctimas", indicó Mogherini.

De acuerdo con el informe “¿Cuántos más?" de la organización Global Witness, Honduras es el país más peligroso per cápita para los activistas ambientales y de la tierra con 101 asesinatos entre 2010 y 2014.

En 2015, el informe “En terreno peligroso”, la misma organización señala que más de tres personas a la semana murieron asesinadas por defender su tierra, sus bosques y sus ríos frente a industrias destructivas.

Rel-UITA
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