La Sala Constitucional frenó ayer la aplicación del incremento de 13% a la tarifa energética, tal como lo solicitó la derecha empresarial que ahora se presenta falsamente como defensora de los consumidores.

Lo actuado por la Sala es arbitrario, ilegal y -por tanto- repudiable, al margen de las posturas a favor o en contra del aumento tarifario. El incremento aún no estaba vigente y es falaz el argumento de que es un muevo impuesto que debía ser aprobado por la Asamblea Legislativa.

La admisión de la demanda y la implementación de la medida cautelar solicitada por la ANEP, es la confirmación de la Sala como agente clave de la derecha oligárquica en su estrategia de asfixiar financieramente al gobierno.

El freno al incremento de la tarifa eléctrica se suma a la lista de actos de boicot de la Sala a los ingresos públicos: reversión del fondo para atender a víctimas de accidentes de transito, anulación de la reforma que gravaba a grandes empresas que declaran pérdidas para evadir impuestos y la inconstitucionalidad de los 900 millones de dólares en bonos.

La Sala finalmente sentenció también ayer que la emisión de bonos violentó el reglamento interno de la Asamblea y vulneró principios constitucionales porque fue aprobada por algunos diputados suplentes.

Los “honorables” magistrados Florentín Meléndez, Berlamino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González no tienen escrúpulos para interferir en funciones de otros poderes estatales o asestar “golpes suaves” mediante la destitución de magistrados y presidentes de la Corte de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral, Consejo de la Judicatura y de la misma Corte Suprema de Justicia.

Por lo demás, la decisión de la Sala constituye una derrota política para el gobierno que necesita replantear urgentemente sus estrategias, volverse a sus propuestas originales, implementar políticas de comunicación más asertivas y construir alianzas con las organizaciones progresistas, sectores democráticos y población decente.

En relación al incremento de la tarifa eléctrica, ésta no es la vía adecuada para llevar más ingresos al Ejecutivo, independientemente del nivel de afectación a los consumidores o del destino que tendrían los fondos. El camino correcto es -como plantea la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU)- combatir la evasión tributaria y empujar una reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”.

O como dijo la UCA, en una editorial reciente: el gobierno debe buscar recursos donde hay, y en el bolsillo de la población no hay; sí hay en la bolsa corrupta de los empresarios evasores que no pagan al Estado 1,500 millones de dólares cada año.