El duro golpe asestado la semana pasada por la Fiscalía y la Policía a la estructura financiera de una pandilla, es una señal importante de cambio en la estrategia estatal de seguridad pública y combate contra la criminalidad.

Luego de varios meses de investigación fiscal y policial, la llamada “Operación Jaque” desarticuló una compleja red de operadores financieros y testaferros que administraban una variedad de negocios pandilleriles: importación y venta de vehículos, líneas de buses del transporte colectivo, moteles y otros.

La estrategia anti-delincuencial se centraba en golpear a la base de las pandillas. Esto generó críticas de organizaciones que exigían atacar también las estructuras de decisión y los autores intelectuales de la criminalidad pandilleril: administradores financieros, proveedores de armas y hasta políticos inescrupulosos que negocian con cabecillas de maras.

También hubo señalamientos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) por abusos cometidos por policías y militares, incluidas presuntas ejecuciones extrajudiciales, violentando la presunción de inocencia, el debido proceso y demás garantías del estado de derecho.

Por esto es relevante el cambio que representan acciones como la “Operación Jaque”. Para tener mejores resultados, la estrategia de seguridad debe enfocarse en la persecución en los niveles más altos de las organizaciones criminales mediante una efectiva inteligencia fiscal y policial contra las estructuras de coordinación, decisión y autoría intelectual de la criminalidad.

El momento es oportuno para retomar la integralidad de las políticas de seguridad plasmada en el Plan “El Salvador Seguro”, elaborado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana Convivencia, que combina acciones de prevención de la violencia, control y persecución penal, reinserción y rehabilitación, y atención a víctimas de la violencia.

La población debe apoyar las acciones gubernamentales contra la delincuencia y retomar el debate sobre el desarme, el financiamiento y otros aspectos vinculados al abordaje preventivo e integral del problema de la violencia en inseguridad.

Según el PNUD, se necesitan 2 mil millones de dólares para implementar integralmente el “Plan El Salvador Seguro”. Dichos fondos se obtendrían eliminando la evasión tributaria que ronda los 1,500 millones anuales, evitando la elusión, recuperando dineros de la corrupción y aprobando una reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)