En una acción sin precedentes, que algunos medios de comunicación no quisieron destacar, la Fiscalía incautó la semana pasada 48 expedientes de casos de juicios de cuentas que prescribieron entre 2005 y 2007 en la Corte de Cuentas de la República.

Según la Unidad de Intereses del Estado, cuatro jueces de la Corte de Cuentas dejaron prescribir varios juicios contra ANDA (durante la gestión de Carlos Perla), el MOP, Hospital Rosales y la Alcaldía de Santa Ana. Esto hizo al Estado perder 2.2 millones de dólares en multas no cobradas.

Esto sucedió en la época del tristemente célebre Hernán Contreras, como presidente del ente contralor del manejo de los fondos públicos. Era cuando ARENA gobernaba y ponía al PCN en la Corte de Cuentas para que le tapara toda la corrupción, sin que ANEP y FUSADES protestaran por ello y sin que los medios lo denunciaran como algo anómalo.

Y enhorabuena que la Fiscalía actúe, al menos, para evidenciar corrupción que quedó impune.

Ahora la Fiscalía debería retomar casos de corrupción como el del ex presidente Francisco Flores y enjuiciar a los destinatarios de las millonarias donaciones de Taiwán desviadas por el ex gobernante arenero.

También debería procesar a la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar por el manejo irregular de 38.5 millones de dólares del Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Estratégicos (FECEPE).

Además, la Fiscalía debería investigar los 150 casos de corrupción presentados por la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia.

La Fiscalía debería perseguir también la corrupción privada de los empresarios que en tiempos de ARENA se aprovecharon del Estado para enriquecerse y ahora evaden el pago unos 1,500 millones de dólares anuales en impuestos, tal ya lo como hace su par guatemalteca.

La Fiscalía chapina no sólo ha enjuiciado al ex presidente Otto Pérez, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y otros ex altos funcionarios, sino también a prominentes empresarios que cooptaban al Estado a través de una red de corrupción.

Entre los empresarios procesados destacan directivos de bancos, ejecutivos de transnacionales telefónicas y hasta un ex presidente del poderoso Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), equivalente a la ANEP en El Salvador.

Más recientemente la Fiscalía y la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) investigan a la empresa ALBAVISIÓN, una especie de TCS guatemalteca que controla la televisión abierta del vecino país.

Ojalá que la Fiscalía salvadoreña se atreva a cumplir su misión de perseguir los delitos, entre éstos, la corrupción. La población decente debe presionar.